El Magistrado Presidente, Bernardo Salazar Santana y los Magistrados Juan Carlos Montes y Montes, Rafael García Rincón y Miguel García de la Mora, asistieron a la presentación del proyecto C5i, el cual contempla acciones para fortalecer estrategias de seguridad como: un centro de coordinación, control, comando, comunicación cómputo e inteligencia.
El gobernador Ignacio Peralta se comprometió a unir esfuerzos con los demás órdenes gobierno para atacar frontalmente el problema de inseguridad que afecta a la sociedad colimense, con tecnología, con prevención, en coordinación con el Gobierno Federal, los municipios y la sociedad civil.
El mandatario estatal anunció la creación en Colima del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), con una inversión superior a los 800 millones de pesos, que entre otros aspectos incluye 825 cámaras de videovigilancia al servicio de la seguridad pública, 13 arcos carreteros para la identificación y control vehicular, así como 2 mil botones de enlace ciudadano para una comunicación directa entre ciudadanos y autoridades.
Detalló que las 825 cámaras se colocarán en 275 puntos, cada uno integrado por cámaras fijas de alta resolución, con una captación de video de 180 grados, apoyadas por una cámara móvil con capacidad de 360 grados en giro horizontal y 180 grados verticalmente. Estos dispositivos podrán visualizar objetivos a más de 500 metros de distancia.
Se contará, además, con un avanzado sistema óptico de cámaras lectoras de placas automovilísticas, capaz de identificar matrículas con reporte de robo o involucradas en algún ilícito. Este sistema se desplegará en 85 puntos estratégicos, ampliando la seguridad vial y el control de tránsito en áreas urbanas.
El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, manifestó que el Poder Judicial del Estado subraya que, hoy más que nunca es imprescindible el respeto por las instituciones; una ciudadanía capaz de priorizar la libertad, la igualdad, el consenso, la tolerancia, el diálogo y la no violencia, por sobre todas aquellas formas que mutilan la dignidad humana y que cada uno de nosotros, como colimenses, seamos conscientes de que nuestros derechos humanos son y serán respetados, en la medida en que cada uno de nosotros cumplamos con nuestros respectivos deberes, contribuyendo responsablemente en hacer de nuestro estado, uno encaminado a lograr el bien común y la justicia, presentes algunos Jueces y el Magistrado Juan Carlos Montes y Montes.
Agregó que la sociedad exige el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las autoridades, y lo hace en un marco de respeto por las instituciones y siempre en búsqueda del consenso, en aras de lograr el bien común.
“Hoy más que nunca es imprescindible el respeto por las instituciones; una ciudadanía capaz de priorizar la libertad, la igualdad, el consenso, la tolerancia, el diálogo y la no violencia, por sobre todas aquellas formas que mutilan la dignidad humana y que cada uno de nosotros, como colimenses, seamos conscientes de que nuestros derechos humanos son y serán respetados, en la medida en que cada uno de nosotros cumplamos con nuestros respectivos deberes, contribuyendo responsablemente en hacer de nuestro estado, uno encaminado a lograr el bien común y la justicia”, expresó el Magistrado Presidente.
Manifestó que la obra que hoy se presenta y que lleva por título “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: texto reordenado y consolidado”, no debe resultarnos indiferente, por el contrario, debe ser un tema que nos ocupe a los colimenses, porque toda Constitución además de ser sustento del orden jurídico y las instituciones políticas del Estado, es el contenedor de los valores que socialmente se han acordado de manera mínima para poder convivir, siempre dentro de los parámetros establecidos por el Pacto Federal.
Bernardo Salazar expresó que la presentación de esta obra, resulta ser un reconocimiento al principio de autonomía que las entidades federativas tienen y además, un pretexto para insistir en el desarrollo del constitucionalismo local.
Esto, dijo, en virtud de que la norma constitucional local es el documento base para la organización jurídico-política del régimen interior de las entidades dentro de un Estado federal.
Pero también es en la Constitución estatal donde se plasma la propia diversidad cultural y geográfica, y, a su vez, se incorporan los derechos fundamentales y las instituciones jurídicas, que al no estar contempladas en otras constituciones estatales o en la federal, las convierte en referentes. Justamente, la Constitución colimense es muestra emblemática de ello.
En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, se expuso el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género” en el Auditorio Interno del Poder Judicial. Con estas acciones se reitera el compromiso que tiene el Poder Judicial con quienes imparten justicia, para que conozcan los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que contemplan los derechos humanos de las mujeres y tengan las herramientas necesarias para la aplicación adecuada de la perspectiva de género en los procesos jurisdiccionales.
Retomando las palabras del Protocolo “Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad”
El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, asistió a la ceremonia de entrega de mando de armas de la Fuerza Naval del Pacífico, asumiendo el cargo como Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Carlos Ortega Muñiz en sustitución de Anselmo Díaz Cid.El evento se realizó en el municipio de Manzanillo a bordo del buque “Usumacinta”.
Donde también estuvieron presentes el Gobernador del Estado, Ignacio Peralta Sánchez; el Comandante de la V Región Militar, David Córdoba Campos; el Comandante de la XX Zona Militar, Celestino Ávila Astudillo; en representación del Comandante de la VI Región Naval, el Almirante Salvador Gómez Rangel; el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez; el Procurador General de Justicia, José Guadalupe Franco Escobar y el encargado del despacho de la dirección general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Javier Sánchez De la Barquera Ariza.
La Magistrada Rocío López Llerenas, asistió en representación del Magistrado Presidente, Bernardo Salazar Santana a la entrega de reconocimientos a personas y agrupaciones que trabajan a favor de gente con discapacidad.
En esta ceremonia obtuvieron el Premio la nadadora Carmen Paola Chávez García, ganadora de 6 medallas de oro en la Paralimpiada Nacional 2017 realizada en Colima, y el maestro Diego Alberto Solís Valdez por su destacada participación en los proyectos Activadores de corazón, Cambiando miradas, Inclúyete en el deporte y por haber fundado el Ballet Esmeralda Corporal.
Igualmente, se otorgaron notas laudatorias a Marco Antonio Pérez Gaspar y a la Asociación de Deportistas sobre Silla de Ruedas del Estado de Colima, que recibió su presidente Eduardo Javier López Hernández, por sus acciones destacadas y aportaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado de Colima.
El presidente del Congreso del Estado, Francisco Javier Ceballos Galindo, exhortó a la sociedad a participar para lograr niveles de inclusión y no discriminación en torno a las personas con discapacidad.
“Para alcanzar esos niveles de inclusión y no discriminación, es importante que participemos todos, sociedad y gobiernos, ya que juntos podemos cambiar esos paradigmas sociales que se han convertido en barreras que impiden el pleno desarrollo de las personas con discapacidad”, señaló el legislador.
El Magistrado Presidente, Bernardo Salazar Santana, asistió a la clausura del diplomado de Justicia para adolescentes, exhortando al personal del Poder Judicial a seguir trabajando a favor de la ciudadanía para hacer valer su derecho a la justicia y a continuar capacitándose a fin de perfeccionar sus conocimientos en materia de justicia.
Para quienes integramos el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, existen temas prioritarios.
Uno de ellos se refiere a la respetabilidad que este poder debe seguir ostentando frente a la sociedad.
Esa respetabilidad se funda en la cuidadosa observancia del derecho de los particulares…
En la honorabilidad de los juzgadores y funcionarios judiciales en general…
En la calidad jurídica de las resoluciones…
En la discreción al enfrentar procesos que podrían resultar controvertidos…
En la celeridad con la cual se emiten los dictámenes…
Y, por supuesto, en la capacidad para garantizar un entorno de confianza hacia la sociedad.
Sin esa respetabilidad, fundada en esos criterios de actuación, a la vez éticos y prácticos, se perdería la razón de ser del Poder Judicial de los colimenses.
Sin esa respetabilidad se perdería la garantía de seguridad para lograr que prevalezca el Estado de Derecho.
Este poder ha estado integrado por profesionales colimenses del derecho que han logrado dotarlo de vigor y mantenerlo con un elevado prestigio a lo largo de los años.
Rendimos hoy un sincero homenaje a esas brillantes generaciones de la abogacía colimense.
Siguiendo ese criterio prioritario, la generación actual se esfuerza día con día por alcanzar una mayor calidad en su desempeño cotidiano.
En lo que corresponde a esta gestión, me es grato informar que durante el año judicial 2016-2017, se terminaron 12,418 juicios en primera instancia, de los cuales 1,079 son en materia civil, 4,203 en materia familiar, 5,561 en materia mercantil y 1,575 en materia penal. En lo que respecta a la segunda instancia, se turnaron 797 tocas, de los cuales 303 corresponden a la materia civil, 289 a la materia familiar, 114 a la materia mercantil y 91 tocas administrativos. Durante este periodo se resolvieron, además, 718 tocas de apelación de fondo.
La justicia alternativa es definida como todo procedimiento no jurisdiccional que se desahoga para solucionar conflictos donde, voluntariamente, las partes involucradas encuentran una solución acordada que ponga fin a su controversia, lo cual se logra a través de técnicas específicas aplicadas por especialistas, tales como la mediación y la conciliación.
Es así que durante este año judicial se atendió a 4,261 personas y se iniciaron 2,202 controversias jurídicas: 868 en materia civil, 801 en materia familiar, 519 en materia mercantil y 14 en materia de adolescentes.
Pero no sólo se trata del trabajo cotidiano. Los integrantes de este poder enfrentan con determinación los retos que se presentan en la actual circunstancia.
Uno de esos retos se refiere a la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.
Para un considerable segmento de la opinión social, ese nuevo sistema está permitiendo que los delincuentes evadan la acción de la justicia y retornen a las calles, en lugar de ser castigados con el ejercicio de la autoridad.
Al respecto, debemos recordar que el nuevo sistema fue la respuesta ideada por el Estado mexicano para superar décadas de abuso de autoridad, de encarcelamiento de inocentes, de condenas basadas en evidencias circunstanciales o incluso prefabricadas.
Fueron épocas oscuras que los mexicanos queremos dejar atrás.
Es un largo camino el que inició el Estado mexicano, desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta este nuevo sistema.
Pero no fue ideado para salvar delincuentes, sino para proteger el derecho de los inocentes, y, de acuerdo al mandato constitucional, para que se esclarezcan los hechos, que el delito no quede impune, que se castigue al culpable, que se repare el delito y se respalde a la víctima.
El mismo sistema establece que la actuación de ministerios públicos y policías debe seguir nuevas reglas, para que las conclusiones sean cada vez más el resultado de la aplicación de criterios técnicos y científicos.
Así ocurre con los sistemas policiacos de toda la franja civilizada del mundo. No olvidemos que uno de los criterios para distinguir la evolución de una nación es la organización de su sistema penal, tanto en su vertiente de procuración como en la administración de la justicia.
Por ello, antes de pensar en sustituir ese nuevo sistema debemos explorarlo, perfeccionarlo y fortalecerlo, para que cumpla los fines para los cuales fue diseñado.
En ese sentido, tanto el Poder Judicial como las instancias de procuración de justicia, que son las responsables de la integración de las investigaciones y de la capacidad acusatoria del Estado, deben organizarse para alcanzar una mayor eficiencia y calidad en sus procedimientos y resultados.
Considerando la capacidad de acción de la delincuencia, tanto la organizada como la del fuero común, como resultado de factores externos a las circunstancias de la entidad, el Poder Judicial desea hacer su aportación, respaldando el esfuerzo que está realizando el gobierno del estado, así como las instancias de procuración de justicia y seguridad pública.
Por ello, emprendimos ejercicios permanentes de comunicación entre las instancias policiales y de procuración con el propio Poder Judicial, con el objeto de armonizar criterios, compartir experiencias y determinar modelos de actuación que permitan que los delincuentes no eviten, por errores de procedimiento, resolver su situación jurídica.
La sociedad exige orden y seguridad y el Poder Judicial quiere participar en ese gran objetivo. Sabemos de los intensos esfuerzos realizados por el Gobernador del estado para brindar esas respuestas y el Poder Judicial está listo para respaldarlo.
Estoy seguro que, con esta unión de voluntades y propósitos entre los poderes, podremos ofrecerle más seguridad a nuestra sociedad, al mismo tiempo que lograremos que siga prevaleciendo la fuerza del derecho, sin experimentar el retorno al derecho de la fuerza.
No queremos el retroceso a los métodos cuasi medievales del pasado reciente, pero tampoco, y que eso quede muy claro, permitiremos que los delincuentes y agresores sociales circulen libremente por las calles donde conviven nuestras familias.
En el Poder Judicial sabemos que no estamos al margen de la actuación institucional en materia de seguridad y por ello proponemos superar la simple conflictividad entre instancias para arribar a una nueva perspectiva.
Tal es nuestro compromiso.
Pero el Poder Judicial enfrenta otros retos importantes.
Uno de ellos se refiere a la continua acumulación de responsabilidades en los tribunales locales, de acuerdo a una lógica de descentralización de la justicia, pero sin lograr el auténtico federalismo mediante el fortalecimiento de los poderes judiciales locales.
En efecto, ese proceso se detiene en la trasferencia de competencias a los poderes judiciales de los estados, sin estar acompañado de una política eficaz que consolide el federalismo judicial mediante la descentralización de recursos.
De esa forma, siguen acumulándose materias de atención en el ámbito local sin un adecuado soporte financiero y logístico.
Eso nos ocurrió ya con los asuntos mercantiles, con los temas relacionados con el narcomenudeo, con la justicia para adolescentes y con diversos temas del nuevo sistema de justicia penal.
Pero los retos siguen. En enero próximo entrará en vigor la reforma por la cual los juicios mercantiles ejecutivos se tramitarán en juicio oral y de manera gradual, la oralidad se irá imponiendo en todos los procesos mercantiles. Como resulta lógico, requeriremos de la infraestructura necesaria para sustentar la necesidad que impone esa nueva dinámica procesal.
Deberá asumirse, a la vez, la justicia laboral, sin que aún se cuente con el recurso suficiente para el funcionamiento mínimo de los tres juzgados que se harán necesarios.
Aquí debemos aclarar que no se trata sólo de transferir el presupuesto actual de las juntas de conciliación y arbitraje, como se supone erróneamente, pues el gobierno del estado deberá crear el Centro de Mediación, que se considera la etapa previa al juicio laboral y que es donde deberán invertirse dichos recursos.
Otro reto de gran magnitud es la modernización tecnológica del Poder Judicial, para que se agilice la operación de los juzgados y se brinde un trámite más expedito y puntual a todos los procesos.
Eso implicará, por supuesto, generar una plataforma informática confiable que deberá acompañarse de una posterior reforma para que la notificación por correo electrónico sea la única forma de hacer notificaciones.
El Poder Judicial debe estar incrustado en la nueva dinámica del aprovechamiento informático, combinando su tradición jurídica con la innovación tecnológica.
De esa forma contaremos con un Poder Judicial a la altura de la sociedad colimense.
Estos retos no podremos resolverlos sin la participación activa y comprometida del resto de los poderes del estado.
Sabemos que contamos con el respaldo de ellos y aquí les expresamos nuestro agradecimiento.
No son retos de un solo poder: son verdaderos desafíos para las instituciones de la entidad en su conjunto.
También deberemos comenzar a reflexionar sobre una próxima autonomía financiera para el Poder Judicial colimense, tal y como ocurre ya en diversas entidades del país.
Eso implicará una transformación integral de las formas de administración y distribución de los recursos de la entidad, a cargo del Gobierno del Estado.
Sabemos que no es un reto sencillo, pero nos encontramos frente a un Gobernador que posee una vocación por la reforma institucional y un criterio moderno acerca del funcionamiento del equilibrio de poderes, así que consideramos este periodo como la gran oportunidad para avanzar en esa gran reforma que será trascendental para el estado.
Debo resaltar aquí un hecho que me parece elocuente, acerca del grado de compromiso asumido por quienes coordinamos el esfuerzo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Primero debo señalar que el Poder Judicial de Colima es quizás el primero o el segundo peor pagado del país.
Sus funcionarios, en otras palabras, reciben los salarios más bajos al ser comparados con los que perciben quienes ostentan similares responsabilidades en otras entidades.
No debe olvidarse que el nivel de complejidad de los asuntos a cargo de los poderes judiciales locales es el mismo, trátese de cualquier estado, de modo que el nivel de preparación y la capacidad de respuesta de sus integrantes, para que la justicia sea eficiente, es el mismo que en cualquier lugar del país.
En contraste, la remuneración por asumir tan alta responsabilidad es considerablemente menor en nuestra entidad.
No es algo privativo del Poder Judicial. Consideramos que eso se reproduce con claridad en el resto del gobierno del estado, quizás como resultado de los desequilibrios financieros de los últimos años.
Eso no es favorable, pues los profesionistas que desempeñan las funciones de gobierno, tanto como las legislativas o las de administración de la justicia, poseen una elevada carga de responsabilidad frente a la sociedad.
De no mejorarse esos ingresos, los cuadros colimenses más capaces dejarán de servir a las instituciones y se dedicarán a otras tareas.
Ello redundará, necesariamente, en una considerable pérdida de calidad de la función pública estatal.
Hecha esta consideración, debo señalar que hace unos meses, gracias a la voluntad del Gobernador y el interés del Poder Legislativo, se logró un incremento al presupuesto del Poder Judicial, destinado a la mejoría gradual de los ingresos de sus servidores públicos.
No se trató de una elevada cantidad, pero tenía su importancia en este marco de austeridad, así que se decidió que ese incremento fuera para todos. De esa forma, quienes colaboran en el Poder Judicial recibieron un incremento de entre el 3, el 4 y el 5%, de forma correspondiente a su nivel de ingreso.
Debo señalar que los magistrados que integramos el Pleno decidimos de forma unánime no participar en este beneficio para que los recursos pudieran rendir más en beneficio del resto de los colaboradores y trabajadores.
Creo que esto habla de nuestro compromiso institucional y por ello les expreso un público reconocimiento a las señoras y señores magistrados.
Por supuesto, seguimos enfrentando carencias, pero el esfuerzo no decae. Mucho menos el entusiasmo.
De forma personal he acudido a todos los espacios del Poder Judicial, confirmando que sus funcionarios y trabajadores cumplen sus tareas con mucha dedicación y entrega, pero con diversas carencias materiales, las cuales son un reto permanente para todos nosotros.
Por ello, sería injusto no dedicarles a estos esforzados funcionarios, colaboradores y trabajadores sindicalizados, nuestro sincero reconocimiento y admiración.
Ellas y ellos están logrando conservar a la administración de justicia con un alto nivel de eficiencia, superando carencias y limitaciones.
La fórmula que hemos enfrentado, desde hace años, es una mayor carga laboral y más responsabilidades jurisdiccionales, combinada con menos apoyos financieros y más carencias materiales.
Se trata de una fórmula adversa que por fortuna estamos revirtiendo en esta administración.
Eso se debe, entre otros importantes factores, a la gran atención que nos está dedicando el Gobernador del Estado.
Es momento oportuno para expresarle nuestro reconocimiento y agradecimiento, Señor Gobernador, pues al contrario de lo sucedido en años anteriores, el Pleno se ha reunido con usted en diversas ocasiones.
Esas reuniones nos permiten intercambiar reflexiones, expresar preocupaciones, advertir retos y comenzar a trabajar en soluciones de fondo.
Debemos señalar con toda claridad que ese tipo de reuniones no ocurrieron en la anterior administración gubernamental y por ello, de nuevo, le expresamos nuestro reconocimiento.
De igual forma, le expresamos nuestro respaldo en los retos que enfrenta su administración, la cual ha logrado recuperar la estabilidad financiera, plataforma indispensable para iniciar la consolidación y comenzar de nuevo el crecimiento.
Sabemos que enfrenta desafíos considerables todavía.
Sabemos que algunas fuerzas se confabulan para intentar desestabilizar a las instituciones, pero estamos seguros que no podrán lograrlo porque el gobierno estatal seguirá procediendo con prudencia, apego a la ley y decisión para impulsar las transformaciones que exige nuestra sociedad.
Nuestro agradecimiento, también, a los integrantes del Poder Legislativo de la entidad, las señoras y señores diputados locales, con quienes mantenemos un diálogo fluido, respetuoso y fértil con pleno respeto a nuestros ámbitos de responsabilidad.
Mi saludo cordial, además, a nuestros interlocutores directos, las y los abogados colimenses, que, organizados en distintas barras y colegios, o desde su libre desempeño profesional, siguen como una instancia de mediación entre el interés de los particulares y la capacidad resolutiva de las instituciones.
Desde el Poder Judicial seguiremos atentos a sus sugerencias y propuestas, a sus reflexiones y aportaciones, sabiendo que su experiencia es vital para afinar procedimientos, para resolver incorrecciones y para integrar mejores respuestas jurídicas frente al interés de los particulares.
Mi reconocimiento, final, al entusiasta equipo del voluntariado de nuestra institución, encabezado por mi esposa, Alma Lorena Orozco.
Es un voluntariado que está cumpliendo su parte, dedicando emoción y sensibilidad a las tareas de altruismo a la sociedad.
Felicidades para Lorena y para todas las compañeras integrantes del voluntariado.
Gracias, por supuesto, a mi esposa, a Bernardo, a Renata y a Natalia, así como a mi hija Ana Paola.
A mi pequeña familia cada vez le dedico menos tiempo en aras del cumplimiento de la gran responsabilidad que asumimos frente a las instituciones de la entidad.
Espero que sigan comprendiéndome y apoyándome.
Señoras y señores:
Algunos resultados alcanzados durante este año me enorgullecen. Es el caso de:
La Creación de una Unidad dedicada al Enlace de Género y Derechos Humanos, que está desarrollando un intenso programa de capacitación.
La creación de una nueva página web y micro sitios vinculados al trabajo judicial, así como la reestructuración de la página de transparencia.
La creación, además, de un nuevo Sistema de Registro de Declaración Patrimonial, que fortalece el principio de autonomía judicial por medio de la Contraloría Interna.Por cierto, estaremos muy atentos de las funciones de contraloría, pues no permitiremos que los servidores públicos de este Poder lastimen la confianza y la honorabilidad de la función judicial colimense.
Debo mencionar, además, la trasparencia que acompaña a los procesos de selección del personal que integra el Poder Judicial, atendiendo los principios establecidos en nuestra ley orgánica.n el periodo se emitieron convocatorias para concursos de oposición de ocho jueces de primera instancia en las materias civil, familiar y mercantil, así como diez jueces del Sistema Penal Acusatorio.
Debemos recordar que la formación de los servidores públicos encargados de impartir justicia constituye una obligación consagrada por nuestro orden constitucional y normativo.En consecuencia, en el año judicial que se informa, se realizaron 10 eventos de formación continua judicial, en los que se contó con una participación de 296 personas adscritas al poder judicial.
Es muy importante, también, la culminación de la entrega del edificio sede de las tres salas de oralidad del Sistema Penal Acusatorio y diversas oficias administrativas, con su respectivo equipamiento, pertenecientes al Tercer Partido Judicial.
Otro elemento importante es el funcionamiento del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que si bien atiende asuntos que se tramitan en cualquiera de los partidos judiciales, su sede fue establecida en el Primer Partido.
Debo destacar la atención directa a los ciudadanos que acudieron a solicitar orientación o la intervención administrativa tendiente a lograr la celeridad de sus asuntos, para lo cual alcanzamos un porcentaje de solución cercano al 90%.
En suma, el Poder Judicial, desde su posición de autonomía, desde su ideal de certeza jurídica y desde su gran aspiración de respetabilidad hacia la sociedad, sigue dispuesto a cumplir con su responsabilidad en este momento clave de la historia de Colima.
Este poder está en un proceso de transformación. Nuestro reto es que también sea de fortalecimiento, para que siga brindando resultados concretos y de calidad a las familias colimenses.
