Mes: julio 2020

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) Bernardo Alfredo Salazar Santana, anunció que con los protocolos de seguridad sanitaria, tal y como se anunció en la circular número 18 del pasado 12 de junio, se abrirán los juzgados y áreas administrativas de atención al público.
Esto al reunirse con las diferentes asociaciones, barras y colegios de abogados vía videoconferencia para informarles que, en la apertura será tomando en cuenta todo lo señalado por las instituciones de salud para evitar que se propague el COVID-19.
Salazar Santana informó que de acuerdo al protocolo de salud se exige evitar aglomeraciones y por lo tanto estarán monitoreando la entrada y salida de las personas que ingresen a las diferentes áreas jurisdiccionales, ya que se exige que en el edificio la capacidad de personas sea el 30 por ciento.
Además puntualizó que se estarán adecuando salas que para desahogar audiencias, civiles, mercantiles y familiares, donde también el ingreso será de poca gente y se aplicará la sana distancia.
En este contexto, dijo, que se continuarán con las medidas de seguridad de higiene, nadie podrá ingresar a las diferentes áreas jurisdiccionales sin cubrebocas, se aplicará el gel antibacterial, se tomará la temperatura y se aplicará un test de salud.
El Magistrado Presidente reiteró que en todo momento desde que se informó que se limitaría la atención al público, los abogados y personal del Poder Judicial continuó con el trabajo jurisdiccional para concluir lo que se tenía pendiente por acordar y por eso se llevaron a cabo las jornadas de notificación.
Finalmente el Magistrado Presidente expresó que, los protocolos se aplicarán en todas las instalaciones del Poder Judicial, en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo.
Ante dicho anuncio, las abogadas Martha Alicia Macías Contreras, Clarisa Llerenas Rodríguez, Vicky Ríos Contreras y los abogados Oswy Delgado Rodríguez, Francisco Vasconcelos Morán, Lucio Álvarez Iglesias , Ángel Duran Pérez, Eduardo Hassam Michel Sánchez, Mario García Solórzano, Ignacio Ávalos Orozco y Pablo Navarrete Zamora, agradecieron al magistrado presidente y a quienes conforman el H. Pleno del STJ la determinación de abrir la atención al público y los juzgados, manifestando su disposición de coadyuvar en lo que se requiera para mejorar las acciones a favor de la justicia.
En la reunión estuvieron presentes el Lic. Oswy Delgado Rodríguez, Presidente de la federación de colegios, barras y asociaciones de abogados del estado de Colima; Lic. Iván Raymundo Cabrera Vázquez, Presidente del colegio de abogados de Manzanillo A.C.; Lic. Enrique Francisco Vázquez Macías, Vicepresidente del colegio de abogados “Lic. Y Profr. Francisco Rivera Contreras A.C.”; Lic. Felix Manzo Llerentes, Presidente del colegio de abogados de Armería A.C.; Licda. Martha A. Macías Contreras, Presidenta del colegio de barras y abogados de Colima y Licda. Verónica Rivera, integrante del Colegio de Abogados de Colima, A.C.
También estuvieron presentes la Licda. Clarisa Deyanira Llerenas Rodríguez, Presidenta del colegio de abogados y pasantes de derecho de Villa de Álvarez, Colima; Lic. Juan Ignacio Ávalos Orozco, Presidente del colegio de juristas en el estado de Colima; Mtro. German Iglesias Ortiz, Presidente de la barra de abogados “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”; Mtro. Ernesto Díaz Guerrero, Presidente del Colegio de abogados “Benito Juárez García”; Lic. Eduardo Hassan Michel Sánchez, Presidente del colegio de abogados de Manzanillo; Licda. Claudia Gutiérrez Martínez, Presidenta de la asociación Manzanillense de abogados; Dr. Rafael Vanegas Campa, Presidente del colegio de doctores en derecho y maestros en ciencias penales; Lic. Mario García Solórzano, presidente del colegio de abogados penalistas de Colima.
De igual manera estuvieron presentes la Licda. Yeimi Bustos Rodríguez, Presidenta de la organización de abogadas líderes del derecho; Lic. Roberto Carlos Álvarez Macías, Presidente del Colegio de abogados “Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos A.C. “; Licda. María Verduzco Méndez, Presidenta del colegio de abogados de Tecomán, A.C.; Lic. Julio Fco. Rivera Quintero, Presidente del colegio de abogados “Lic. Profesor Francisco Rivera Contreras A.C.; Lic. Lucio Álvarez Iglesias, Presidente de la barra de abogados de Colima A.C.; Lic. Pablo Navarrete Zamora; Licda. Virginia Ríos Contreras y Lic. Carlos Macedo Aguilar, Presidente nacional de la confederación de colegios y asociados de abogados de México A.C

El Coordinador de INEGI, Octavio Grageda Guzmán, entregó la constancia de cumplimiento oportuno al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Bernardo Alfredo Salazar Santana por ser a nivel Nacional, el primer Estado que cumple con entregar en tiempo y forma la documentación necesaria para llevar a cabo el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020.
Cabe destacar que este es un censo que se lleva a cabo en todo el estado y el Poder Judicial del Estado de Colima, es el primero en entregar todo lo solicitado. “Dejamos constancia de la entrega oportuna, de los cuestionarios completos que corresponde a este proyecto institucional que genera información de interés nacional”, así lo destacó el Coordinador de INEGI.
De igual manera Alfonso Radillo Contreras, Subdirector Estatal de Estadística INEGI, destacó que a nivel nacional cada año el INEGI realiza este tipo de censo con la intención de informar a la sociedad sobre el tema de impartición de justicia y aun con la pandemia, que ha limitado en muchos aspectos, el Poder Judicial de Colima entregó toda la documentación requerida, logrando así, ser el primero de todos los estados del país en otorgarnos todo lo solicitado, “reconozco el trabajo del personal que labora en el Poder Judicial y facilitaron los medios y todo lo que requerimos”.
El Magistrado presidente manifestó que este tipo de Censos, permiten de manera interna conocer cómo andamos y qué es lo que debemos mejorar, además de ser una tarea que se evalúa a nivel nacional en el seno de la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales).
“Es una responsabilidad que tenemos como Institución y nos sirve para llevar a cabo los objetivos de impartición de justicia local y poder diseñar mejores esquemas, políticas, tareas, que nos permitan mejorar, además a nivel Institucional y en dentro de la política nacional, es un compromiso que tenemos con CONATRIB, de participar en esta tarea, porque lo que se pretende en el seno de esta Comisión Nacional, es fortalecer la justicia local”, expresó el Magistrado Presidente.

A través de la Unidad de Género y Derechos Humanos, el Poder Judicial llevó a cabo a cabo una capacitación vía electrónica, dirigida a las abogadas y abogados del Centro de Justicia para las Mujeres, Instituto Colimense de las Mujeres y Defensoría Pública sobre el “Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las Órdenes de Protección para Mujeres en situación de Violencia en el Estado de Colima”, publicado en el periódico Oficial del Estado de Colima el 16 de mayo del presente año, por parte de Cindy Lizeth Mendoza Torres, Jueza del Juzgado Auxiliar Familiar, del Primer Partido Judicial con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Quien precisó que, el “acceso a la justicia” es esencial para erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando que sea en condiciones de igualdad y no discriminación por razones de género. Y que, las órdenes de protección han sido catalogadas por las Naciones Unidas, como uno de los recursos jurídicos más efectivos puesto a disposición de las mujeres víctimas de violencia.
Agregó que, las órdenes de protección son acciones afirmativas personalísimas e intransferibles, de carácter autónomo y de urgente aplicación para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Se deberán solicitarse “bajo protesta de decir la verdad”, y no dictan ni causan estado sobre los bienes o derechos de los generadores de violencia.
Además, señaló que los particulares u organizaciones de la sociedad civil que asesoren jurídicamente a una víctima que solicite una orden de protección, tiene obligación de darle seguimiento, vigilar que las autoridades involucradas en su ejecución cumplan con sus obligaciones y deberán estar pendientes de su cumplimiento y de manera personal brindar el seguimiento correspondiente.
“En caso de incumplimiento de la orden de protección, deberán informar de inmediato a la autoridad que la emitió. La falta de observancia tendrá como consecuencia la responsabilidad administrativa y penal que al efecto establecen las leyes aplicables, ya se trate de particulares o personas servidoras públicas en el ejercicio de su función”, precisó.

Mendoza Torres explicó que dicho Protocolo surgió del compromiso del Estado Mexicano al suscribir La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) en 1995, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1980, en relación con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que, Gobierno del Estado de Colima consideró necesario contar con un documento integral, que contemplara los mecanismos de actuación que se derivan del marco jurídico internacional, Nacional y Estatal, para que, de forma ágil, sencilla, y coordinada se logre una plena y efectiva protección a las víctimas.
Finalmente, se precisó que es importante que la atención a las receptoras de violencia sea sensible, con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos, resaltando la importancia en que, las abogadas y abogados públicos o privados conozcan el protocolo y les sirva como un mecanismo de actuación para la tramitación de las órdenes de protección, desde la solicitud, el procedimiento, la ejecución y el seguimiento de las mismas.