El Poder Judicial del Estado de Colima dice “No a la violencia contra las mujeres y niñas”. De acuerdo al Art. 1 de la Constitución federal, en el la capítulo de la protección de los Derechos Humanos, así como las garantías para su protección, señala que, “en México queda prohibida la discriminación por razón de Género, y para su protección las normas relativas a los Derechos Humanos deberán interpretarse conforme a nuestra constitución federal y los tratados internacionales en la materia que el estado mexicano sea parte”.
+ Solicitan magistrados y magistrada se consideren los proyectos que por obligación deben implementar el siguiente año + También presentan proyecto de modernización del Poder Judicial para llegar al expediente electrónico
El magistrado presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, así como la magistrada, María Luisa Ruíz Corona y los magistrados René Rodríguez Alcaraz, Miguel García de la Mora, Sergio Marcelino Bravo Sandoval y Mario de la Madrid Andrade, en reunión con legisladores locales, solicitaron se analice el incremento del presupuesto del Poder Judicial ya que lo presupuestado para el 2020, no alcanzará para implementar proyectos obligados por la Constitución. En presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos de 2021 del Poder Judicial, a través del magistrado presidente del Supremo tribunal de justicia del estado Bernardo Salazar Santana pidió a las y los legisladores ser muy responsables en atender su estimación para cumplir todos los compromisos que se requieren cubrir. Y es que de acuerdo con la proyección para el 2021, contempla 360 millones 406 mil 242 pesos, mientras que la Secretaria de Planeación y Finanzas consideró un presupuesto de 227 millones 880 mil pesos. Salazar Santana, dijo que, en el presente año se autorizó un presupuesto de 216 millones de pesos, no obstante, dijo que tan solo en servicios personales se requieren 209 millones 082 mil pesos y para jubilados y pensionados 60 millones 623 mil pesos, “y para servicios generales se requieren 28 millones 200 mil pesos, por ello presentamos un proyecto de Presupuesto de 360 millones de pesos eso es lo que requerimos”.Añadió que para el siguiente año entra en Colima la etapa de Reforma Laboral en materia judicial y para octubre se requerirán Juzgados laborales en donde se tiene que contemplar salarios para lo cual se requieren 3 millones de pesos para los últimos 3 meses del próximo año, “cantidad ya contemplada dentro de los 209 millones de pesos, considerados para 2 juzgados laborales, uno para Colima y otro para Manzanillo”. Indicó que también está pendiente el Centro de Convivencia familiar supervisada, el cual, si bien es cierto, hay condiciones para otorgarlo desde la Unidad de Servicios Infantiles (USI), se necesita invertir en la adaptación. Aprovechó también para entregar el Plan de modernización tecnológica que contempla la digitalización de la justicia, archivo electrónico, donde se tendrían todos los servicios en línea, denominado I-Justicia. El presidente del Congreso del Estado, diputado Francisco Javier Rodríguez García consideró que, entre los 3 Poderes del estado, se deberá discernir las necesidades más apremiantes para el Poder Judicial, y crear un presupuesto más adecuado, “también que el Ejecutivo cumpla; entre los 3 necesitamos ponernos de acuerdo y revisar también la ley de ingresos”. Dijo que sería necesario considerar una inversión plurianual que quedara establecido en el presupuesto actual. Con lo proyectado por el gobierno del Estado y lo que requiere el Poder Judicial de acuerdo con lo presentado por el titular harían falta 144 millones 406 mil 242 pesos. El presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Carlos César Farías Ramos, dijo que fortalecer al Poder Judicial es crear mejores condiciones de seguridad para el Estado de Colima, por ello aseguró que deberá apoyarse. Diputadas y diputados coincidieron en tener una reunión técnica con el Poder Judicial y de esa manera integrar una propuesta concreta para presentarla al Poder Ejecutivo. Finalmente, el magistrado Bernardo Salazar Santana, indicó que el nivel de discusión para el presupuesto, no debe ser en una mesa, sino hacer una definición de orden constitucional, “sabemos que el gasto público debe atender prioridades, y aún no hay, debe atender la permanencia de las instituciones; salud, educación, justicia y demás”. En la reunión estuvieron presentes las diputadas Martha Meza, María Guadalupe Berver Corona, Ma. Remedios Olivera Orozco, Lizet Rodríguez Soriano, María Isabel Martínez Flores, Ana María Sánchez Landa, Claudia Aguirre Luna, Mayra Yuridia Villalvazo Heredia y los diputados Manuel Rubén Cervera García, Francisco Javier Rodríguez García, Carlos César Farías Ramos.
El magistrado presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana se reunión con la delegada estatal de CONCAAM, Brenda Gutiérrez Vega e integrantes de la misma, quienes reiteraron su compromiso de trabajar coordinadamente para fortalecer los trabajos que se realizan en el tema de justicia. La delegada manifestó también la importancia de que se incremente el presupuesto al Poder Judicial para lograr los objetivos planteados por la institución y fundamentalmente en esta etapa de pandemia, donde se requiere el proceso digital, así como la implementación de la reforma laboral.En el evento estuvieron presentes los magistrados Miguel García de la Mora, Juan Carlos Montes y Montes y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, así como las y los abigados; Germán Iglesias Ortiz, José Fernando García Nevarez, Ma. Elena Gutiérrez Flores, Ma. Gloria Cortés Sandoval, Bety Covarrubias, Porfiria Rodríguez González y Karina Alcántara Gómez.
En sesión extraordinaria del H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima (STJE), los magistrados integrantes determinaron reelegir como su presidente, al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, el cual fungirá durante el periodo 2020-2022. Salazar Santa expresó “me honra y enaltece la confianza que ustedes han depositado en mi persona y lo asumo con plena convicción, me da una alta responsabilidad, pondré toda mi capacidad, profesionalismo para trabajar por el beneficio del estado y la sociedad”. Con respe al trabajo realizado durante el 2020, expresó que, ha sido todo un reto para el Poder Judicial, ya que se han enfrentado situaciones completamente nuevas y complicadas debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, pero se ha continuado con el trabajo a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, el cual bajo ninguna circunstancia puede ser interrumpido. “Tuvimos que enfrentar la situación y hacer valer la garantía que se ha establecido en la Constitución, de otorgar el derecho humano a la justicia, sin que fuera un foco de propagación de la pandemia que está padeciendo a la humanidad, para ello, se tuvieron que usar todos los recursos disponibles para garantizar un servicio eficaz, eficiente, cercano a la gente, con el uso de las tecnologías de la información, las cuales nos permitieran seguir brindando ese servicio garantizando al mismo tiempo el derecho a la salud y la vida. Bernardo Alfredo Salazar reiteró, que como Poder Judicial son garantes de que prevalezca la paz, es un poder público del estado que resuelve los conflictos con apego a la legalidad, las leyes y al mandato Constitucional. “Agradezco la confianza que han depositados en mí, para poder seguir al frente del Poder Judicial para los próximos dos años, me enaltece y orgullece su confianza y les garantizo no defraudarlos, trabajaremos juntos y seguiremos empeñados en hacer que el Poder Judicial del Estado de Colima se consolide como un auténtico órgano constitucional y del estado, necesario para la vida cotidiana, convivencia pacífica y para el desarrollo económico, político y social del estado, expresó finalmente. En la sesión estuvieron presentes las magistradas Leticia Chávez Pone y María Luisa Ruiz Corona y los magistrados, Magistrado Mario de la Madrid Andrade, Miguel García de la Mora, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Juan Carlos Montes y Montes, José Alfredo Jiménez Carrillo y René Rodríguez Alcaraz.
Pese a la pandemia, avanza la impartición de justicia en Colima
La contingencia por el SARS-CoV-2 visibilizó la realidad a la que se enfrentan los Poderes Judiciales en términos de Justicia Digital. Hay coincidencia en la necesidad del tránsito del papel a la incorporación de trámites electrónicos en el quehacer jurisdiccional como garantía de justicia más pronta y expedita. Así lo señaló el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Bernardo Alfredo Salazar Santana, al rendir su Cuarto Informe de actividades realizadas durante el Año Judicial 2019-2020. En el auditorio Carlos de la Madrid Béjar, y ante la presencia de magistrados integrantes del H. Pleno del STJE y del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, Bernardo Salazar, afirmó que se ha desarrollado el Plan de Modernización del Poder Judicial del Estado, a efecto de incorporar las tecnologías en los procesos jurisdiccionales y administrativos. Destacó que para llevar a cabo el expediente electrónico y los juicios en línea, se requiere de recursos financieros adicionales y reformas legales. Dijo que en los próximos dos años se comenzará a transitar hacia una plena Justicia Digital. Mencionó que para hacer frente a la contingencia, desde un principio se establecieron medidas para dar trámite a aquellas situaciones prioritarias y urgentes en las materias familiar y penal, tanto de primera como de segunda instancia. El presidente del STJE destacó que en el período que se informa, la Segunda Instancia resolvió el siguiente número de tocas: la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil 664 asuntos, la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 135 y la Segunda Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 185. Por su parte, los órganos jurisdiccionales de primera instancia registraron un total de 12 mil 602 expedientes iniciados y concluyeron 9 mil 076 asuntos. En materia civil se iniciaron 1 mil 418 y se concluyeron 843; de 5 mil 127 que se iniciaron en materia familiar, se concluyeron 3 mil 127. En materia mercantil, 5 mil 157 se iniciaron y se concluyeron 3 mil 544; del Sistema Penal Tradicional se han concluido 1 mil 101 causas y en el Sistema Penal Acusatorio, se judicializaron 828 causas de las que 461 se concluyeron. Subrayó que el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección dictó 1 mil 189 órdenes de protección. Los Juzgados Mixtos de Paz iniciaron 3 mil 896 asuntos en las mismas materias. Por lo que corresponde al Centro Estatal de Justicia Alternativa, inició 1 mil 264 procedimientos de mediación y conciliación, de los cuales concluyeron con un convenio 252 asuntos. Informó que durante los meses de marzo a septiembre del presente año, Magistradas y Magistrados integrantes de las Salas Primera y Segunda Penal elaboraron en conjunto 209 proyectos. De ellos, 82 fueron relativos a solicitudes de la Fiscalía General del Estado y 127 relacionados con causas susceptibles de prescripción. El presidente del STJE explicó que del 18 de marzo al 29 de junio del presente año, período durante el cual se trabajó a puerta cerrada, con guardias, o desde sus casas, y dentro del cual estuvieron suspendidas las actividades judiciales, así como los plazos y términos, los órganos jurisdiccionales de los tres partidos judiciales, en sus distintas materias siguieron trabajando. Realizaron 9 mil 765 acciones con carácter urgente, 12 mil 806 no urgentes y 16 mil 777 acciones que van desde la reprogramación de audiencias hasta la elaboración de acuerdos y proyección de sentencias. Dentro de las jornadas de notificación se llevaron a cabo 7 mil 111 notificaciones en primera y segunda instancia; y las Oficialías de Partes recibieron 1 mil 014 demandas y 4 mil 792 promociones. Salazar Santana indicó que al reanudarse las actividades con los protocolos de salud establecidos para evitar contagios, al cierre del Año Judicial que se informa, se invirtieron 390 mil 011 pesos con 65 centavos, para la modificación de ciertos espacios del Poder Judicial del Estado en los distintos Partidos Judiciales. Esas medidas adoptadas han permitido que desde la reanudación de las actividades, se hayan podido celebrar 1 mil 412 audiencias confesionales, testimoniales, juntas de peritos, escucha y entrevista de infantes, entre otras. Se redujo al mínimo las posibilidades de contagio al permitir que la actuación judicial se desahogue guardando la sana distancia, con cubrebocas y caretas puestos, así como, esterilizando los espacios tanto al inicio como a la conclusión de la audiencias. Asimismo, se invirtieron 664 mil 937 pesos con 69 centavos en adquisición de diversos tipos de materiales e insumos necesarios para la protección del personal y de usuarios de los servicios. Lo mismo en barreras de acrílico, arcos detectores de metal y temperatura, además de equipo y herramientas tecnológicas para el desahogo de audiencias. Bernardo Alfredo Salazar destacó la importancia de la Justicia Alternativa que fomenta una convivencia social armónica y la cultura de paz, en la medida en que se promueve el diálogo entre las partes para que sean ellas quienes construyan la solución a su conflicto. Por ello, aseguró que “seguiremos fortaleciendo al Centro de Justicia Alternativa como un ente restaurador de las relaciones, a través de medios de solución de conflictos entre la sociedad colimense, tal como lo dispone la Ley de Justicia Alternativa del Estado”. Afirmó que el Poder Judicial del Estado sigue trabajando en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, muestra de ello es el más reciente ranking nacional de México Evalúa, en el cual Colima ascendió del lugar 16 al 15, pasando de 363 puntos en el 2018 a 434 puntos en el 2019. Mencionó el Modelo de Indicadores que se aplican desde el mes de enero del presente año, lo que ha permitido identificar cómo estamos trabajando y no sólo en lo que se está trabajando, y de esta manera evaluar el Sistema Penal Acusatorio y el desempeño del funcionariado judicial adscrito. Abundó que en lo que va del presente calendario se han hecho 3 evaluaciones arrojando los siguientes resultados. Respecto a los indicadores generales del Sistema Penal Acusatorio que miden el fortalecimiento del mismo, el procedimiento abreviado, el cumplimiento del acuerdo reparatorio y el de la suspensión condicional son las formas de terminación más frecuente. Los delitos mayormente judicializado son contra la salud, robo calificado y equiparado, violencia intrafamiliar, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y lesiones dolosas. Las medidas cautelares impuestas con mayor frecuencia son la prisión preventiva tanto justificada como oficiosa, así como la presentación periódica ante el Juez. En cuanto a la duración promedio de las audiencias, la inicial en promedio dura 68 minutos, la intermedia 33 minutos, ante el Juez de Control 35 minutos y ante el Juez del Debate, 57 minutos. Ponderó que hay una efectividad del 89.49% respecto de las promociones recibidas y las acordadas, el tiempo promedio para acordar es de 11 días. Por otra parte, resaltó que sigue comprometiéndose con el tema de Gobierno Abierto, por ello, es de destacarse la obtención del primer lugar a nivel nacional, por segundo año consecutivo, en la remisión oportuna de los datos cuantitativos sobre impartición de justicia estatal al INEGI. Asimismo, la obtención de las constancias por parte del INFOCOL correspondientes a los trimestres julio a septiembre 2019, octubre a diciembre 2019, enero a marzo 2020 y abril a junio 2020; por el cumplimiento del 100% de la carga de información que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, y que debe estar publicada en el Portal Web del Poder Judicial y de la plataforma nacional del SIPOT. Salazar Santana puntualizó que en materia de género y derechos humanos, se han realizado diversas capacitaciones en temas relacionados con los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres. Asimismo, sobre el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia en Contra de las Mujeres en el Estado, dirigido a los enlaces de cada Juzgado encargados de alimentar la correspondiente base de datos. Informó que para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto aprobado al Poder Judicial del Estado fue de 216 millones de pesos del cual cerca del 72% está destinado a servicios personales. De ese presupuesto, sólo se han ejercido 174 millones 613 mil 826 pesos con 07 centavos, restando un monto por ejercer de 41 millones 295 mil 345 pesos con 32 centavos. Recalcó que a la fecha en que se rinde el informe, se han destinado 1 millón 849 mil 083 pesos más al rubro de pensiones y jubilaciones, de modo que el gasto ejercido fue mayor al aprobado. Añadió que el presupuesto proyectado para la operatividad del cierre del ejercicio del 2020, asciende a 280 millones 834 mil 442 pesos. “Esta Presidencia insiste en el reconocimiento de la autonomía financiera del ámbito judicial. Desde el seno de la CONATRIB se ha planteado el tema en diversas reuniones con el Senado de la República, con el propósito de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconozca la autonomía presupuestaria de los Poderes Judiciales y así, hacer frente a los nuevos retos que enfrenta el Poder Judicial”, enfatizó Salazar Santana. Finalmente, aseguró que todas estas acciones en su conjunto, han trazado el camino para seguir construyendo un Poder Judicial cercano a la gente.
