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Magistrado Presidente del STJE de Colima, rindió su quinto informe de labores 2020-2021

+ Reitera la importancia de contar con una independencia financiera

Durante su 5to. informe de labores 2020-2021, el Magistrado Presidente del Supremo Tribual de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana, reiteró la importancia de contar con una independencia financiera, señalando que, No es jurídicamente procedente que, si el artículo 21 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Colima establece que el poder supremo del estado se divide en tres y el artículo 22 del mismo ordenamiento establece la independencia en las decisiones y la autonomía presupuestaria y financiera que deben tener los órganos autónomos, en la práctica estamos sujetos a la decisión de las autoridades financieras del estado para acceder a nuestros recursos. Esta autonomía debe entenderse también entre los poderes.

“Gran reto nos plantea la realidad en esta materia, la reciente crisis que por diversos motivos sufrió el poder ejecutivo en los últimos meses de la administración anterior trascendieron a los otros dos poderes y a todos los órganos autónomos. La administración pública prácticamente se paralizó y fue evidente la problemática generalizada y el grado de afectación y dependencia que tenemos respecto del Poder Ejecutivo”, puntualizó.

El Magistrado Presidente informó que en lo que corresponde al Sistema Penal Acusatorio, se judicializaron 781 causas y se terminaron 631, es decir 80.79%. De los asuntos terminados, 200 fueron por sentencia condenatoria en procedimiento abreviado y 58 en Juicio Oral.

Se solicitaron 365 órdenes de cateo y se concedieron 334, es decir el 91.51%; se otorgaron 48 órdenes de aprehensión, de 64 solicitadas. En lo que se refiere a las medidas cautelares, 202 correspondieron a prisión preventiva justificada, 119 a la prisión preventiva oficiosa y 135 diversas otras medidas restrictivas de libertad. Se desahogaron 5,028 audiencias, de las que 542 fueron con persona detenida y 66, de juicio oral. Los procedimientos abreviados corresponden a 208 y los de suspensión condicional a 270, esto, hablando de Salidas Alternas y Formas de Terminación Anticipada.

Se dictaron 1,187 órdenes de protección, por parte del Juzgado Auxiliar en Materia Familiar. Los Juzgados Mixtos de Paz iniciaron 1,908 asuntos, de los cuales, los principales fueron en materia mercantil, con un 37%, seguidos por la materia familiar, con el 29% y asuntos civiles que representan el 24%.
De estos asuntos, 1,588 fueron resueltos por conciliación, por la vía contenciosa, 214 y 144 se turnaron a otras áreas.

El Centro Estatal de Justicia Alternativa, conoció de 1,348 asuntos, de los cuales se concluyeron mediante convenio 430. El porcentaje de asuntos conciliados fue de 31.89 %, contra 19.93% del periodo anterior, es decir un 60.06 % más.

Como informé hace un año, se llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron que Colima fuera considerado en la segunda etapa para la implementación del Sistema de Justicia Laboral con la creación de los Centros de Conciliación Laboral, a cargo del Poder Ejecutivo y de dos tribunales de Justicia Laboral que operan en la ciudad de Colima. Lo anterior implicó la firma de un convenio con la Secretaría del trabajo y Previsión Social, que nos posibilitó recibir un subsidio de $7´571,015.80. Con ello adecuamos espacios físicos que correspondían al Centro de Estudios Judiciales, se adquirió mobiliario y equipo de oficina y el equipamiento necesario de tecnologías de información. Los tribunales laborales están en operación a partir del 3 de noviembre del presente.

La administración eficiente de los recursos financieros y humanos es tarea fundamental en el servicio público. En el periodo que se informa, se ejerció la cantidad de 240 millones 793 mil 007 pesos, de los cuales, 57 millones 994 mil 674 pesos, se ejercieron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 y para el período que comprende de los meses de enero a septiembre del año 2021, se ejerció la cantidad de 182 millones 798 mil 332 pesos.

Vale resaltar que el presupuesto ejercido en el año 2020 fue por la cantidad de $229´372,855 y el aprobado para 2021 fuese por casi la misma cantidad, esto es $230,880,000; esto es, no fue considerada la inflación para su incremento.

Hemos salido adelante gracias a transferencias extraordinarias que el Poder Ejecutivo hizo mediante ampliaciones presupuestales.

Quiero insistir una vez más en el reconocimiento de la autonomía financiera del Poder Judicial. La administración de la Justicia no debe estar condicionada a ampliaciones presupuestales circunstanciales, sino a las consideraciones razonadas que motiven a la autorización presupuestal.

Cada año, los tres poderes del estado en forma separada primero y después de manera conjunta, analizamos las necesidades presupuestales para cumplir el mandato constitucional que cada uno tiene.

Finalmente, el titular del Poder Judicial, manifestó a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que “los ciudadanos de nuestro estado, decidieron que usted es la mejor opción para dirigir los destinos de este hermoso estado, considere las reflexiones anteriores como un justo reclamo que durante muchos años se ha hecho, no es aprovechar el cambio de partido en el gobierno para plantear cosas nuevas, es, insistir en este reclamo de muchos años y considerando que su promesa de transformación es la bandera de su administración, pensamos que es una línea de acción que permitirá transformar de una manera sustantiva la administración de justicia”, señaló.

Por su parte, en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, el Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, Roberto Rubio Torres manifestó que, existe el compromiso de trabajar de la mano con el Poder Judicial de Colima en beneficios de las y los colimenses, con el respeto a la autonomía que representa este poder en el estadio.

“En Ejecutivo estatal se les reconoce su labor y las atinadas decisiones para que siempre exista justicia en nuestra sociedad”. Puntualizó el Consejero Jurídico.

Reiteró que la impartición de justicia es un pilar fundamental, a nivel nacional y estatal existen múltiples retos, combatir la pobreza, la injusticia y la impunidad, la visión de gobierno del estado es trabajar de manera conjunta, sin perder la visión de lo que es más importante en la materia del derecho, que es, servir a la gente.

“Sabemos que la labor del Poder Judicial pareciera imperceptible para la ciudadanía, ya que por naturaleza es intangible para la generalidad de la sociedad, sin embargo, su naturaleza estriba en que gracias a la labor jurisdiccional se dirimen las controversias y por ende se contribuye a generar paz social”, expresó.

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