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“La importancia de la formación del abogado ante los retos de la realidad actual”

El magistrado René Rodríguez Alcaraz dicta conferencia titulada “La importancia de la formación del abogado ante los retos de la realidad actual”, con la cual se inauguran los cursos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Lo acompañan el Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, así como magistradas y magistrados del Poder Judicial.

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Se incrementa el número de convivencias supervisadas en el Poder Judicial: Jueza de lo familiar

+ 27 de cada 100 juicios van relacionados a Convivencias.

“En el poder Judicial del Estado 27 de cada 100 juicios van relacionados con la convivencia familia y de esos 27, el 40 por ciento son convivencias supervisadas”, así lo informó Ruth Bravo Ortiz, jueza primero mixta familiar y civil del poder Judicial del Estado. Explicó que se promueve un juicio de convivencia familiar cuando uno de los conyugues tiene la patria potestad del infante y no deja convivir al menor con el otro conyugue y sus familiares, por lo que se emite una demanda en la cual se propone la convivencia familiar y se establecen los días y horarios en que el progenitor que no tiene la guardia y custodia, puede convivir con los hijos, pero no solamente se refiere a progenitores, sino también incluye a los abuelos paternos, abuelos maternos, a los tíos, incluso una convivencia entre hermanos. Agregó que algunas veces la convivencia no se da en buenos términos y es cuando se requiere una convivencia supervisada, donde el personal del juzgado familiar lleva a cabo la supervisión familiar de los niños que van a convivir con sus familiares en un lugar determinado y se esté observando cómo se lleva a cabo dicha convivencia, es decir, la forma en que se trata el papá, mamá, la familia que va a convivir con los niño y la forma de manifestarte o actuar de los infantes. Señaló que el principal problema cuando se requiere de una convivencia familiar es que el padre, la madre, los abuelos, los tíos están en contra de los familiares que tiene la guardia custodia de un menor, pues no facilitan la convivencia con el otro progenitor o la otra parte de la familia, es decir, hay impedimentos para que los hijos lleven a cabo este tipo de convivencia porque consideran que no es viable que el menor conviva con la otra parte, sin embargo es un derecho que los menores tienen de convivir con el padre o la madre o con la familia que no tiene la guardia custodia. Ruth Bravo señaló que el Poder Judicial está obligado a otorgar este derecho a los infantes, atendiendo a los parámetros establecidos en nuestra constitución y en los tratados y acuerdos internacionales en códigos estatales y en la ley federal de las niñas, niños y adolescentes, pues es un derecho de los menores el convivir con las familias que no tienen la guardia custodia, por lo tanto, cuando resulta complicada realizar este tipo de convivencia tiene que ser supervisada. Si bien es cierto, dijo, en el Poder Judicial no cuenta un lugar específico para llevar a cabo este tipo de convivencias supervisadas, actualmente se realiza un trabajo coordinado con el Centro de Justicia para la Mujer, pues es ahí donde realiza este tipo de convivencias, pero ya comienza a ser insuficiente porque cada vez más se incrementan las convivencias supervisadas. La jueza Ruth Bravo, manifestó que el magistrado presidente y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, han manifestado a todo el personal del Poder Judicial, cumplir con lo que se mandata y en este sentido, aun con las limitaciones de espacio para llevar a cabo la convivencia familiar, se ha otorgado ese derecho que tienen los padres y los infantes, pero reiteró que será necesario contar con un lugar específico para llevar a cabo estas convencías. El Poder Judicial siempre se ha distinguido por respetar, respaldar y garantizar el derecho de los menores y el Magistrado Presidente y el pleno del Supremo Tribunal de Justicia buscan dar mayor garantía a este derecho de los menores que es la convivencia familiar supervisada por el personal del Poder Judicial del Estado

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Se incrementa el número de convivencias supervisadas en el Poder Judicial: Jueza de lo familiar

*27 de cada 100 juicios van relacionados a convivencias.

“En el poder Judicial del Estado 27 de cada 100 juicios van relacionados con la convivencia familiar y de esos 27, el 40 por ciento son convivencias supervisadas”, así lo informó Ruth Bravo Ortiz, jueza primero mixta familiar y civil del poder Judicial del Estado.

Explicó que se promueve un juicio de convivencia familiar cuando uno de los conyugues tiene la patria potestad del infante y no deja convivir al menor con el otro conyugue y sus familiares, por lo que se emite una demanda en la cual se propone la convivencia familiar y se establecen los días y horarios en que el progenitor que no tiene la guardia y custodia, puede convivir con los hijos, pero no solamente se refiere a progenitores, sino también incluye a los abuelos paternos, abuelos maternos, a los tíos, incluso una convivencia entre hermanos.

Agregó que algunas veces la convivencia no se da en buenos términos y es cuando se requiere una convivencia supervisada, donde el personal del juzgado familiar lleva a cabo la supervisión familiar de los niños que van a convivir con sus familiares en un lugar determinado y se esté observando cómo se lleva a cabo dicha convivencia, es decir, la forma en que se trata el papá, mamá, la familia que va a convivir con los niño y la forma de manifestarte o actuar de los infantes.

Señaló que el principal problema cuando se requiere de una convivencia familiar es que el padre, la madre, los abuelos, los tíos están en contra de los familiares que tiene la guardia custodia de un menor, pues no facilitan la convivencia con el otro progenitor o la otra parte de la familia, es decir, hay impedimentos para que los hijos lleven a cabo este tipo de convivencia porque consideran que no es viable que el menor conviva con la otra parte, sin embargo es un derecho que los menores tienen de convivir con el padre o la madre o con la familia que no tiene la guardia custodia.

Ruth Bravo señaló que el Poder Judicial está obligado a otorgar este derecho a los infantes, atendiendo a los parámetros establecidos en nuestra constitución y en los tratados y acuerdos internacionales en códigos estatales y en la ley federal de las niñas, niños y adolescentes, pues es un derecho de los menores el convivir con las familias que no tienen la guardia custodia, por lo tanto, cuando resulta complicada realizar este tipo de convivencia tiene que ser supervisada.

Si bien es cierto, dijo, en el Poder Judicial no cuenta un lugar específico para llevar a cabo este tipo de convivencias supervisadas, actualmente se realiza un trabajo coordinado con el Centro de Justicia para la Mujer, pues es ahí donde realiza este tipo de convivencias, pero ya comienza a ser insuficiente porque cada vez más se incrementan las convivencias supervisadas.

La jueza Ruth Bravo, manifestó que el magistrado presidente y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, han manifestado a todo el personal del Poder Judicial, cumplir con lo que se mandata y en este sentido, aun con las limitaciones de espacio para llevar a cabo la convivencia familiar, se ha otorgado ese derecho que tienen los padres y los infantes, pero reiteró que será necesario contar con un lugar específico para llevar a cabo estas convencías.

El Poder Judicial siempre se ha distinguido por respetar, respaldar y garantizar el derecho de los menores y el Magistrado Presidente y el pleno del Supremo Tribunal de Justicia buscan dar mayor garantía a este derecho de los menores que es la convivencia familiar supervisada por el personal del Poder Judicial del Estado

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INEGI y Poder Judicial, comprometidos con la transparencia: Octavio Grageda Guzmán

Luego de destacar que en el 2019 el Poder Judicial de Colima obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el Censo Nacional de Impartición de Justicia al entregar de manera oportuna y puntual la información que se les solicitó, el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Octavio Grageda Guzmán, resaltó que actualmente estas dos instituciones trabajan de manera coordinada a fin de cumplir con los compromisos en el tema de transparencia, por lo que el 2020 continuarán trabajando de la misma manera.

Octavio Grageda agregó que para este 2020, ya iniciaron en el Poder Judicial del Estado de Colima con los trabajos de recopilación de información para actualizar el Censo de Impartición de Justicia, a fin de generar información actualizada sobre la gestión y desempeño del Tribunal de Justicia, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa.

Agregó que la información que se recopila va vinculada con el quehacer gubernamental dentro del proceso, diseño, implementación y monitoreo de todas las políticas públicas de alcance nacional.
Expresó que, para el censo nacional de impartición de justicia del 2019, la recopilación se hizo en dos etapas, y la respuesta del magistrado presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana y el personal del Poder Judicial del Estado de Colima fue excelente, porque se logró entregar de manera puntual la información requerida por INEGI.

Para el 2020 agregó que, se estará trabajando en una sola etapa con el Poder Judicial al igual que los censos de gobiernos estatales a fin de obtener nuevamente toda la información en tiempo informa.

El coordinador estatal del INEGI, manifestó que, “la gente puede visualizar las estadísticas de impartición de justicia en su página oficial, así como las funciones que tiene cada uno de los impartidores de justicia a nivel país, entre otras encuetas que corresponden al tema judicial”.

Finalmente expresó que, al entregar la información oportuna, permitirá conocer de manera detallada lo que acontece en el tema de impartición de justicia, a lo cual están obligadas las dos instituciones, tanto INEGI como el Poder Judicial del Estado de Colima, contar con datos concretos y actualizados para coadyuvar a las políticas gubernamentales que se realicen a favor de la sociedad.

Grageda Guzmán reconoció la disposición del magistrado presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana y a su personal por contribuir con toda la información que INEGI les solicita.

Finalmente manifestó que ya se iniciará con el censo poblacional 2020, casa por casa, por lo que solicitó la colaboración de la sociedad para cumplir con los objetivos planteados por INEGI, señalando que todo el personal de esta institución va plenamente identificado para que la gente le conteste algunas preguntas.

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Colimenses confían cada día más en la Justicia Alternativa: CEJA

+ Se presentaron más de 2 mil asuntos

El director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Luis Armando Velázquez Cervantes, manifestó que el en 2019 se atendieron 2 mil 324 asuntos de los cuales el 95 por ciento fueron resueltos y el resto determinaron llevarlo a juzgados o lo resolvieron las partes directamente. Agregó que estos resultados manifiestan que existe un gran avance y aceptación en la sociedad, quienes determinan resolver su conflicto por el proceso alternativo en donde las dos partes quedan conformes con los acuerdos que se llegan. “La mayoría que viene al Centro de Justicia Alternativa y que se resuelve su conflicto se va muy contenta a lo contrario de lo que sucede en un juzgado donde una parte gana y la otra pierde, aquí las dos partes ganan porque son ellas las que resuelven su conflicto y al final de cuentas son ellas las que se comprometen”, puntualizó. Expresó que, este proceso es gratuito, no se gastan en abogados, las partes llevan el control de la negociación y además se quita carga de trabajo para el Poder Judicial, ya que se resuelve sin llevar un juicio prolongado, logrando así una justicia pronta y expedita como lo marca la constitución federal y local. Armando Velázquez informó que el Centro Estatal de Justicia Alternativa, no se resuelven los delitos de carácter grave como: el homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, entre otros que no ameritan una resolución alternativa. Agregó que Centro Estatal de Justicia Alternativa nace en marzo del 2004, “hemos trabajado día a día para que la sociedad conozca este proceso y resuelva de mejor manera sus conflictos y creo que se va cumpliendo el objetivo”. El titular del Centro de Justicia Alternativa destacó que, se ha tenido un gran avance porque hace 5 años se atendían entre 300 o 400 asuntos y actualmente estamos cerrando arriba de 2 mil 500 asuntos, lo que habla de un crecimiento de aceptación de más del 10 por ciento de las personas que deciden resolver sus asuntos por esta vía. Finalmente expresó que existe una capacitación constante a todos los mediadores en el Poder Judicial, pues es fundamental que se cuente con el personal capaz de atender las necesidades de la sociedad en el tema de justicia alternativa.

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Colimenses confían cada día más en la Justicia Alternativa: CEJA

El director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Luis Armando Velázquez Cervantes, manifestó que el en 2019 se atendieron 2 mil 324 asuntos de los cuales el 95 por ciento fueron resueltos y el resto determinaron llevarlo a juzgados o lo resolvieron las partes directamente.

Agregó que estos resultados manifiestan que existe un gran avance y aceptación en la sociedad, quienes determinan resolver su conflicto por el proceso alternativo en donde las dos partes quedan conformes con los acuerdos que se llegan.

“La mayoría que viene al Centro de Justicia Alternativa y que se resuelve su conflicto se va muy contenta a lo contrario de lo que sucede en un juzgado donde una parte gana y la otra pierde, aquí las dos partes ganan porque son ellas las que resuelven su conflicto y al final de cuentas son ellas las que se comprometen”, puntualizó.

Expresó que, este proceso es gratuito, no se gastan en abogados, las partes llevan el control de la negociación y además se quita carga de trabajo para el Poder Judicial, ya que se resuelve sin llevar un juicio prolongado, logrando así una justicia pronta y expedita como lo marca la constitución federal y local.

Armando Velázquez informó que el Centro Estatal de Justicia Alternativa, no se resuelven los delitos de carácter grave como: el homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, entre otros que no ameritan una resolución alternativa.

Agregó que Centro Estatal de Justicia Alternativa nace en marzo del 2004, “hemos trabajado día a día para que la sociedad conozca este proceso y resuelva de mejor manera sus conflictos y creo que se va cumpliendo el objetivo”.

El titular del Centro de Justicia Alternativa destacó que, se ha tenido un gran avance porque hace 5 años se atendían entre 300 o 400 asuntos y actualmente estamos cerrando arriba de 2 mil 500 asuntos, lo que habla de un crecimiento de aceptación de más del 10 por ciento de las personas que deciden resolver sus asuntos por esta vía.

Finalmente expresó que existe una capacitación constante a todos los mediadores en el Poder Judicial, pues es fundamental que se cuente con el personal capaz de atender las necesidades de la sociedad en el tema de justicia alternativa.

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Siguen en aumento solicitudes de divorcio incausado en el Poder Judicial de Colima: Jueza familiar

+ Hombres y mujeres por igual solicitan este tipo de trámite

Con relación al trámite de divorcio incausado, la jueza del juzgado segundo familiar del primer partido judicial, del Poder Judicial del Estado de Colima, Benita Maricela Ramírez Fernández, manifestó que entre el 2016 y 2019 han aumentado este tipo de divorcios en Colima. Explicó que, a mediados del 2015, sale la jurisprudencia y en el 2016 el Congreso del Estado de Colima hace la reforma al código de procedimientos civiles, manifestando que, en el año 2016, había 682 solicitudes de divorcios incausados, pero para el 2017, se incrementó a 2 mil 241 asuntos, en el 2018 se emiten 2 mil 437 solicitudes y en el 2019, 2 mil 577. Benita Ramírez agregó que, el divorcio incausado, es un trámite que el estado ha puesto al alcance de la sociedad para garantiza los derechos humanos, ya que cada individuo tiene derecho a un plan de vida que está misma elija, por lo que, el estado debe garantizar ese derecho cuando la persona determine, ya sea por motivos de violencia física, económica o emocional; terminar con esa convivencia matrimonial y es entonces cuando puede solicitar este procedimiento.De acuerdo a los resultados del INEGI, durante el 2019, la jueza del juzgado segundo familiar, informó que, tanto tan hombres como mujeres son los que promueven este tipo de divorcio. Agregó que este proceso se resuelve en máximo en 4 meses, sin costo alguno, ya que el estado tiene la obligación de impartir justicia gratuita, completa, expedita y pronta. Finalmente dijo que, este procedimiento se lleva a cabo cuando uno de los conyugues decide dar por terminada unilateralmente su matrimonio, sólo tiene que acudir con un abogado, el cual hace la solicitud correspondiente, la ingresa y en caso de no haber bienes o hijos, se emplaza a la contraparte para que este manifieste lo que a derecho convenga y se emite la sentencia. Pero en caso de que sí existan bienes o hijos, deberán anexar a su solicitud una propuesta de convenio, señalando que dicho convenio no es determínate para llevar a cabo el divorcio incausado, ya que en esta solicitud de divorcio sólo basta con que una de las partes lo promueva.

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Aumentan en Colima solicitudes de divorcio incausado: Jueza Familiar

*Hombres y mujeres por igual solicitan este tipo de trámite

La jueza del juzgado segundo familiar del primer partido judicial del Poder Judicial de Colima, Benita Maricela Ramírez Fernández, expuso que entre el 2016 y 2019 han aumentado los divorcios incausados en la entidad.

Relató que, a mediados del 2015, sale la jurisprudencia y en el 2016 el Congreso del Estado de Colima hace la reforma al código de procedimientos civiles, manifestando que, en el año 2016, había 682 solicitudes de divorcios incausados, pero para el 2017, se incrementó a 2 mil 241 asuntos, en el 2018 se emiten 2 mil 437 solicitudes y en el 2019, 2 mil 577.

Benita Ramírez explicó que el divorcio incausado es un trámite que el estado ha puesto al alcance de la sociedad para garantiza los derechos humanos, ya que cada individuo tiene derecho a un plan de vid, por lo que el estado debe garantizar ese derecho cuando la persona determine, ya sea por motivos de violencia física, económica o emocional; terminar con esa convivencia matrimonial y es entonces cuando puede solicitar este procedimiento.

De acuerdo a los resultados del INEGI, durante el 2019, la jueza del juzgado segundo familiar, informó que, tanto tan hombres como mujeres son los que promueven este tipo de divorcio.

Agregó que este proceso se resuelve en máximo en 4 meses, sin costo alguno, ya que el estado tiene la obligación de impartir justicia gratuita, completa, expedita y pronta.

Finalmente dijo que, este procedimiento se lleva a cabo cuando uno de los conyugues decide dar por terminada unilateralmente su matrimonio, sólo tiene que acudir con un abogado, el cual hace la solicitud correspondiente, la ingresa y en caso de no haber bienes o hijos, se emplaza a la contraparte para que este manifieste lo que a derecho convenga y se emite la sentencia.

Pero en caso de que sí existan bienes o hijos, deberán anexar a su solicitud una propuesta de convenio, señalando que dicho convenio no es determínate para llevar a cabo el divorcio incausado, ya que en esta solicitud de divorcio sólo basta con que una de las partes lo promueva.

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Poder Judicial e INCODIS firman convenio de Colaboración a favor de las personas con discapacidad.

Titulares del Poder Judicial del Estado y el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) firmaron convenio de colaboración a favor de las personas con discapacidad, por lo que se realizarán talleres y acciones para sensibilizar al personal, además se colocó un módulo de atención en las instalaciones del STJE, el cual recibirá y atenderá a las personas con discapacidad a fin de agilizar sus trámites en la institución.

El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, puntualizó que “Todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin exclusión alguna, por lo que, bajo este esquema, el Poder Judicial del Estado entiende que se debe asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, teniendo como labor principal la impartición de justicia a todas y todos, a través de sus resoluciones, garantizando en todo momento la protección de los derechos humanos”.

Agregó que Colima es una de las entidades federativas con mayor proporción de personas con discapacidad. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de INEGI, la tasa actual de discapacidad a nivel estatal implica que, el 59.3% tiene dificultades para caminar o moverse, 25.3% para ver, 12.9% para escuchar, 8.4% para atender su cuidado personal, 10.2% para hablar y 6.7% para poner atención. Además, 7.9% sufre de discapacidad mental.

Bajo este fundamento, señaló, como quehacer cotidiano tenemos el reto de brindar una atención de calidad y calidez en cuanto al trato hacia las personas que acuden a esta casa de justicia requiriendo ciertos servicios, ya sea buscando acudir a las áreas administrativas o jurisdiccionales; sin distinción alguna por su condición humana, social, cultural o con algún tipo de discapacidad.

Por su parte el director del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), Jesús Dueñas García, ponderó que este convenio será un parteaguas para que las demás instituciones se sumen a acciones que favorezcan a las personas con discapacidad, pero además para que su personal se sensibilice y se pueda atender de mejor manera y como lo merece esté sector, logrando así ser incluyentes.

Jesús Dueñas manifestó que seguirán trabajando de manera conjunta con el Poder Judicial y que el objetivo de esta firma de convenio es que las instituciones conozcan que hay una población que se debe atender y se debe trabajar en equipo, porque en la suma de voluntades se van a atender las necesidades que las personas con discapacidad tienen.

En el evento también estuvieron presentes la directora del Instituto para la Atención a los Adultos Mayores (IAAP), Blanca Estela Acevedo Gómez y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, Edder Pérez Reynaga, quienes fungieron como testigos del convenio y Enrique Barrios Navarro en representación del Rector de la Universidad de Colima.

De igual manera estuvieron presentes las magistradas, Leticia Chávez Ponce y María Luisa Ruíz Corona, así como los magistrados, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Mario de la Madrid Andrade, Miguel García de la Mora y Juan Carlos Montes y Montes.

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Homenaje Póstumo maestro José Guillermo Ruelas Ocampo.

Aún nos parece difícil aceptar la ausencia del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo.

Siempre guardo la esperanza de encontrarlo en algún momento: frente a sus alumnos, disfrutando un café o expresando alguna opinión, esas opiniones que lo distinguían, siempre respetuosas, pero no por ello exentas de un inteligente tono crítico. Algo que extrañaremos, que ya extrañamos sus discípulos, sus compañeros y su familia, es su profunda y variada cultura. Esa cultura que lo hacía tener siempre en la mente la opinión docta, y en los labios, la palabra sabia. No sólo era un experto en derecho, con opiniones profundas y bien documentadas, sino además un hombre de sabiduría. Una sabiduría que comprendía variados temas y formas de pensar, que combinaba de forma admirable. Esa clase de magisterio es invaluable, pues a nuestro juicio un maestro no sólo debe instruir en una materia, sino brindar aproximaciones variadas a diversos temas, suscitando inquietud intelectual y ansia de aprendizaje.

Una materia, a final de cuentas, no es un simple compendio informativo, sino un pretexto para adentrarse al mundo del saber. Aprender, en ese sentido, no es sólo atesorar datos, sino alcanzar la transformación de la propia personalidad. Por ejemplo, pocas veces he encontrado a maestros de derecho que puedan aprovechar citas reflexivas provenientes de la literatura, la historia y la sociología en general. Aún recuerdo, en del maestro Guillermo Ruelas, sus referencias a Shakespeare, que por cierto leía en inglés, a Víctor Hugo, a Doistoyevsky o a Cervantes relacionando sus obras maestras con la ciencia jurídica. O sus sabrosas digresiones dedicadas a Rousseau,  Voltaire, D’Alambert, Diderot, Montesquiou, o a cierto enciclopedista; o incluso a variados tópicos de la filosofía alemana desde el recionalismo  de sus autores favoritos Kant y Hegel, pasando el realismo de Feverbach, el pesimismo de Shoponhaver, la crítica a la cultura occidental de Nietzche, y hasta los neokantismos del siglo XX como Heideger o  Jasper; o los padres del realismo sociológico y político como Weber y Habermas Fue un estudioso, en efecto, que no sólo leyó simples compilaciones o libros de texto, sino que abrevó en las fuentes directas del conocimiento.

Pero esas referencias no eran vanidosas, sino precisas y oportunas, sobre todo cuando encontraba un momento específico en la argumentación de un tema jurídico o en una animada charla. Aquellas eran citas proporcionadas como al descuido, cuidando no ofender al interlocutor, pero aprovechando al máximo la natural inquietud de una mente en formación. No podríamos olvidar aquí su insistencia en la correcta utilización del idioma. Para él todo abogado, como todo un humanista, debería ser también un experto en la utilización adecuada de uno de sus instrumentos fundamentales: la letra impresa. En su peculiar concepción, los errores ortográficos o de sintaxis estaban prohibidos en un profesional de la ley. Nosotros podríamos añadir que deberían estar prohibidos en cualquier profesión. De la afición a la historia del maestro nos habla su incorporación al gremio de historiadores y cronistas locales, donde comenzó a compartir algunas investigaciones propias relacionadas con temas que le habían llamado la atención. Le apasionaba la historia local. Urgaba en los documentos del Colima antiguo, como en búsqueda de una identidad regional que permitiera sacudirnos el aislamiento en que, por más de un siglo, la geografía y los intereses políticos de la federación y los estados vecinos, mantuvieron a Colima; pero que, a la vez, posibilitaron la creación de una sociedad única y diferente, propia de una población que comparte, a la vez, la inmensidad del mar y la grandeza de la montaña.

Creo que perdimos a un cronista extraordinario que habría dado mucho, en años venideros, pero por desgracia su esfuerzo quedó interrumpido. Aun así, seguimos en búsqueda de aquel borrador de las viñetas que tanto nos prometió y que, a su decir, llevaba un avance considerable. No podríamos dejar de mencionar su amplia cultura musical. En sus años juveniles fue un pianista de grandes dotes, que en algún momento dudó en seguir una carrera como concertista, donde sin duda habría alcanzado algún importante reconocimiento. Llegó incluso a ofrecer muestras de su talento en los primeros años de esta facultad. Tengo por allí un programa de graduación de alguna de las primeras generaciones, donde el número artístico obligado era una interpretación en piano, de un tema musical clásico, ejecutado por el maestro Guillermo Ruelas. Abandonó ese sueño, precisamente, por elegir dedicarse a la profesión jurídica. Quizá se nos negó disfrutar de un excelente concertista. Pero se nos regaló la vida del más grande jurista que ha tenido la facultad de Derecho. Esa cultura general, que se combinaba con una inteligencia sólida pero refinada por el instinto pedagógico, resultaba invaluable en el salón de clase. Pero no sólo allí: también en la vida cotidiana, pues hay maestros que trascienden de los cubículos y se prolongan en el acontecer de todos los días.

Maestros de vida, podríamos llamarles, no sólo de aula. En esa visión de integralidad como docente, debe señalarse también su paso por las instituciones de la entidad, como lo fue la judicatura, la procuraduría de justicia y la titularidad de los Tribunales Electoral y Contencioso Administrativo del estado. Eso le dotaba de una especial visión donde se enriquecía la reflexión teórica con los retos del desempeño público. Era además un maestro que abordó exitosamente, durante muchos años, el ejercicio libre de la profesión, lo cual le permitía identificar con claridad los retos entre la premisa doctrinal y la praxis jurídica. Recuerdo, por ejemplo, su repetido comentario de que a veces los litigantes exploran muchos recursos y consultas legales, ignorando que la solución a su dilema se encuentra en la misma Constitución, que es lo primero que debieron consultar, estudiar y comprender. Ello devenía, invariablemente, en una de sus materias de estudio: la deontología profesional, es decir, el estricto código ético que debería acompañar al litigante y al estudioso del derecho en general. Tal código de conducta, brinda una muralla para la defensa de la profesión jurídica frente a la corrupción y deformación que a veces domina al mundo laboral circundante. Para él se trataba de una materia esencial, que no sólo era un asunto de ética, sino de calidad de vida. Tal combinación, insisto, de cualidades intelectuales y personales serán difícilmente recuperadas en otros ejercicios magisteriales, pero imponen un ejemplo a seguir que ojalá sea retomado por las maestras y maestros de nuestro tiempo y nuestra circunstancia.

La Facultad de Derecho lo merece. Por ello, creo que este reconocimiento póstumo es muy merecido. El maestro no era adicto al aplauso salamero, a la elocuencia fácil, ni mucho menos al reconocimiento oportunista. No lo embrujaba el canto de las sirenas, ni el elogio convenenciero lo seducía. Se enorgullecía más de  del reconocimiento de maestro que el Foro Jurídico colimense le dispensaba. Agradecía más que cualquier diploma, el que sus alumnos  le entregaran con cariño sincero, su corazón. No obstante seguro estoy que a él le hubiera gustado recibir esta medalla en vida,  para la cual, en una ocasión fue propuesto, como justo reconocimiento a 53 años de ejercicio docente en la enseñanza de la ciencia jurídica. Porque fue esta, sin lugar a dudas, su auténtica vocación. Después de largos años de éxito su labor como litigante, cerró su bufete. Cumpliendo su ciclo en el servicio público, se retiró a  gozar de su merecida pensión. Pero jamás, desde que inicio como tal en 1967 y hasta el día de su lamentable deceso abandonó su labor como docente. La vida del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo, por supuesto, está ligada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Fue uno de sus primeros egresados, como también uno de sus profesores emblemáticos. Por ello, una de las grandes alegrías del maestro era percibir que sus alumnos lograban destacar por méritos propios en el ejercicio de su profesión.

Al no tener hijos propios, sus alumnos fuimos una extensión de su espíritu y se enorgullecía de formar ciudadanos de bien que cumplieran sus propios anhelos como litigantes o funcionarios. En las universidades públicas, se reconoce a aquellos funcionarios que contribuyen al crecimiento de la institución cuando crean infraestructura física, fundan centros de difusión cultura, de investigación científica, de promoción deportiva y de enseñanza académica. Se reconoce también, a aquellos estudiantes que alcanzan las máximas notas en el aprendizaje y en la formación profesional en las aulas. Hoy, nuestra Máxima  Casa de Estudios rinde merecido reconocimiento a un universitario que cumplió con éxito la misión de toda institución de educación superior: Formar espíritus aventureros, conciencias libres; hombres y mujeres de pensamiento crítico y de actuar positivo.

Maestro, José Guillermo Ruelas Ocampo, quienes lo conocimos jamás lo olvidaremos.