Titulares del Poder Judicial del Estado y el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) firmaron convenio de colaboración a favor de las personas con discapacidad, por lo que se realizarán talleres y acciones para sensibilizar al personal, además se colocó un módulo de atención en las instalaciones del STJE, el cual recibirá y atenderá a las personas con discapacidad a fin de agilizar sus trámites en la institución.
El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, puntualizó que “Todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin exclusión alguna, por lo que, bajo este esquema, el Poder Judicial del Estado entiende que se debe asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, teniendo como labor principal la impartición de justicia a todas y todos, a través de sus resoluciones, garantizando en todo momento la protección de los derechos humanos”.
Agregó que Colima es una de las entidades federativas con mayor proporción de personas con discapacidad. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de INEGI, la tasa actual de discapacidad a nivel estatal implica que, el 59.3% tiene dificultades para caminar o moverse, 25.3% para ver, 12.9% para escuchar, 8.4% para atender su cuidado personal, 10.2% para hablar y 6.7% para poner atención. Además, 7.9% sufre de discapacidad mental.
Bajo este fundamento, señaló, como quehacer cotidiano tenemos el reto de brindar una atención de calidad y calidez en cuanto al trato hacia las personas que acuden a esta casa de justicia requiriendo ciertos servicios, ya sea buscando acudir a las áreas administrativas o jurisdiccionales; sin distinción alguna por su condición humana, social, cultural o con algún tipo de discapacidad.
Por su parte el director del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), Jesús Dueñas García, ponderó que este convenio será un parteaguas para que las demás instituciones se sumen a acciones que favorezcan a las personas con discapacidad, pero además para que su personal se sensibilice y se pueda atender de mejor manera y como lo merece esté sector, logrando así ser incluyentes.
Jesús Dueñas manifestó que seguirán trabajando de manera conjunta con el Poder Judicial y que el objetivo de esta firma de convenio es que las instituciones conozcan que hay una población que se debe atender y se debe trabajar en equipo, porque en la suma de voluntades se van a atender las necesidades que las personas con discapacidad tienen.
En el evento también estuvieron presentes la directora del Instituto para la Atención a los Adultos Mayores (IAAP), Blanca Estela Acevedo Gómez y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, Edder Pérez Reynaga, quienes fungieron como testigos del convenio y Enrique Barrios Navarro en representación del Rector de la Universidad de Colima.
De igual manera estuvieron presentes las magistradas, Leticia Chávez Ponce y María Luisa Ruíz Corona, así como los magistrados, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Mario de la Madrid Andrade, Miguel García de la Mora y Juan Carlos Montes y Montes.
Aún nos parece difícil aceptar la ausencia del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo.
Siempre guardo la esperanza de encontrarlo en algún momento: frente a sus alumnos, disfrutando un café o expresando alguna opinión, esas opiniones que lo distinguían, siempre respetuosas, pero no por ello exentas de un inteligente tono crítico. Algo que extrañaremos, que ya extrañamos sus discípulos, sus compañeros y su familia, es su profunda y variada cultura. Esa cultura que lo hacía tener siempre en la mente la opinión docta, y en los labios, la palabra sabia. No sólo era un experto en derecho, con opiniones profundas y bien documentadas, sino además un hombre de sabiduría. Una sabiduría que comprendía variados temas y formas de pensar, que combinaba de forma admirable. Esa clase de magisterio es invaluable, pues a nuestro juicio un maestro no sólo debe instruir en una materia, sino brindar aproximaciones variadas a diversos temas, suscitando inquietud intelectual y ansia de aprendizaje.
Una materia, a final de cuentas, no es un simple compendio informativo, sino un pretexto para adentrarse al mundo del saber. Aprender, en ese sentido, no es sólo atesorar datos, sino alcanzar la transformación de la propia personalidad. Por ejemplo, pocas veces he encontrado a maestros de derecho que puedan aprovechar citas reflexivas provenientes de la literatura, la historia y la sociología en general. Aún recuerdo, en del maestro Guillermo Ruelas, sus referencias a Shakespeare, que por cierto leía en inglés, a Víctor Hugo, a Doistoyevsky o a Cervantes relacionando sus obras maestras con la ciencia jurídica. O sus sabrosas digresiones dedicadas a Rousseau, Voltaire, D’Alambert, Diderot, Montesquiou, o a cierto enciclopedista; o incluso a variados tópicos de la filosofía alemana desde el recionalismo de sus autores favoritos Kant y Hegel, pasando el realismo de Feverbach, el pesimismo de Shoponhaver, la crítica a la cultura occidental de Nietzche, y hasta los neokantismos del siglo XX como Heideger o Jasper; o los padres del realismo sociológico y político como Weber y Habermas Fue un estudioso, en efecto, que no sólo leyó simples compilaciones o libros de texto, sino que abrevó en las fuentes directas del conocimiento.
Pero esas referencias no eran vanidosas, sino precisas y oportunas, sobre todo cuando encontraba un momento específico en la argumentación de un tema jurídico o en una animada charla. Aquellas eran citas proporcionadas como al descuido, cuidando no ofender al interlocutor, pero aprovechando al máximo la natural inquietud de una mente en formación. No podríamos olvidar aquí su insistencia en la correcta utilización del idioma. Para él todo abogado, como todo un humanista, debería ser también un experto en la utilización adecuada de uno de sus instrumentos fundamentales: la letra impresa. En su peculiar concepción, los errores ortográficos o de sintaxis estaban prohibidos en un profesional de la ley. Nosotros podríamos añadir que deberían estar prohibidos en cualquier profesión. De la afición a la historia del maestro nos habla su incorporación al gremio de historiadores y cronistas locales, donde comenzó a compartir algunas investigaciones propias relacionadas con temas que le habían llamado la atención. Le apasionaba la historia local. Urgaba en los documentos del Colima antiguo, como en búsqueda de una identidad regional que permitiera sacudirnos el aislamiento en que, por más de un siglo, la geografía y los intereses políticos de la federación y los estados vecinos, mantuvieron a Colima; pero que, a la vez, posibilitaron la creación de una sociedad única y diferente, propia de una población que comparte, a la vez, la inmensidad del mar y la grandeza de la montaña.
Creo que perdimos a un cronista extraordinario que habría dado mucho, en años venideros, pero por desgracia su esfuerzo quedó interrumpido. Aun así, seguimos en búsqueda de aquel borrador de las viñetas que tanto nos prometió y que, a su decir, llevaba un avance considerable. No podríamos dejar de mencionar su amplia cultura musical. En sus años juveniles fue un pianista de grandes dotes, que en algún momento dudó en seguir una carrera como concertista, donde sin duda habría alcanzado algún importante reconocimiento. Llegó incluso a ofrecer muestras de su talento en los primeros años de esta facultad. Tengo por allí un programa de graduación de alguna de las primeras generaciones, donde el número artístico obligado era una interpretación en piano, de un tema musical clásico, ejecutado por el maestro Guillermo Ruelas. Abandonó ese sueño, precisamente, por elegir dedicarse a la profesión jurídica. Quizá se nos negó disfrutar de un excelente concertista. Pero se nos regaló la vida del más grande jurista que ha tenido la facultad de Derecho. Esa cultura general, que se combinaba con una inteligencia sólida pero refinada por el instinto pedagógico, resultaba invaluable en el salón de clase. Pero no sólo allí: también en la vida cotidiana, pues hay maestros que trascienden de los cubículos y se prolongan en el acontecer de todos los días.
Maestros de vida, podríamos llamarles, no sólo de aula. En esa visión de integralidad como docente, debe señalarse también su paso por las instituciones de la entidad, como lo fue la judicatura, la procuraduría de justicia y la titularidad de los Tribunales Electoral y Contencioso Administrativo del estado. Eso le dotaba de una especial visión donde se enriquecía la reflexión teórica con los retos del desempeño público. Era además un maestro que abordó exitosamente, durante muchos años, el ejercicio libre de la profesión, lo cual le permitía identificar con claridad los retos entre la premisa doctrinal y la praxis jurídica. Recuerdo, por ejemplo, su repetido comentario de que a veces los litigantes exploran muchos recursos y consultas legales, ignorando que la solución a su dilema se encuentra en la misma Constitución, que es lo primero que debieron consultar, estudiar y comprender. Ello devenía, invariablemente, en una de sus materias de estudio: la deontología profesional, es decir, el estricto código ético que debería acompañar al litigante y al estudioso del derecho en general. Tal código de conducta, brinda una muralla para la defensa de la profesión jurídica frente a la corrupción y deformación que a veces domina al mundo laboral circundante. Para él se trataba de una materia esencial, que no sólo era un asunto de ética, sino de calidad de vida. Tal combinación, insisto, de cualidades intelectuales y personales serán difícilmente recuperadas en otros ejercicios magisteriales, pero imponen un ejemplo a seguir que ojalá sea retomado por las maestras y maestros de nuestro tiempo y nuestra circunstancia.
La Facultad de Derecho lo merece. Por ello, creo que este reconocimiento póstumo es muy merecido. El maestro no era adicto al aplauso salamero, a la elocuencia fácil, ni mucho menos al reconocimiento oportunista. No lo embrujaba el canto de las sirenas, ni el elogio convenenciero lo seducía. Se enorgullecía más de del reconocimiento de maestro que el Foro Jurídico colimense le dispensaba. Agradecía más que cualquier diploma, el que sus alumnos le entregaran con cariño sincero, su corazón. No obstante seguro estoy que a él le hubiera gustado recibir esta medalla en vida, para la cual, en una ocasión fue propuesto, como justo reconocimiento a 53 años de ejercicio docente en la enseñanza de la ciencia jurídica. Porque fue esta, sin lugar a dudas, su auténtica vocación. Después de largos años de éxito su labor como litigante, cerró su bufete. Cumpliendo su ciclo en el servicio público, se retiró a gozar de su merecida pensión. Pero jamás, desde que inicio como tal en 1967 y hasta el día de su lamentable deceso abandonó su labor como docente. La vida del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo, por supuesto, está ligada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Fue uno de sus primeros egresados, como también uno de sus profesores emblemáticos. Por ello, una de las grandes alegrías del maestro era percibir que sus alumnos lograban destacar por méritos propios en el ejercicio de su profesión.
Al no tener hijos propios, sus alumnos fuimos una extensión de su espíritu y se enorgullecía de formar ciudadanos de bien que cumplieran sus propios anhelos como litigantes o funcionarios. En las universidades públicas, se reconoce a aquellos funcionarios que contribuyen al crecimiento de la institución cuando crean infraestructura física, fundan centros de difusión cultura, de investigación científica, de promoción deportiva y de enseñanza académica. Se reconoce también, a aquellos estudiantes que alcanzan las máximas notas en el aprendizaje y en la formación profesional en las aulas. Hoy, nuestra Máxima Casa de Estudios rinde merecido reconocimiento a un universitario que cumplió con éxito la misión de toda institución de educación superior: Formar espíritus aventureros, conciencias libres; hombres y mujeres de pensamiento crítico y de actuar positivo.
Maestro, José Guillermo Ruelas Ocampo, quienes lo conocimos jamás lo olvidaremos.
Se reunió el Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana con la Cónsul de Estados Unidos de América, Robin Matthewman, para analizar estrategias y acciones en procuración de justicia, reafirmando su completa disposición de trabajar de manera coordinada para coadyuvar en lo que se requiera para las mejoras en el tema de justicia. Cabe destacar que también estuvieron presentes los Magistrados Sergio Marcelino Bravo Sandoval y Miguel García de la Mora.
#CGMatthewman: Un gusto saludar al Presidente Magistrado Bernardo Alfredo Salazar del @STJColima. Es grato escuchar las acciones de procuración de justicia en el estado y su aportación a un entorno de seguridad en Colima. pic.twitter.com/NcaVoaTmO2
— Consulado General de los EEUU en Guadalajara (@USCGGuadalajara) August 23, 2019
La Universidad de Colima y Colegio de Abogados de Colima A.C, entregaron a la Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, María Luisa Ruiz Corona, la medalla “Lic. Ramón Saucedo Morales”, la cual se entrega a los funcionarios públicos que se distinguen por su eficiencia y honestidad.
En este contexto, el Rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, ponderó que, la magistrada María Luisa Ruiz Corona, cuenta con una sólida carrera judicial, donde ha puesto de manifiesto su capacidad jurídica y vocación de servicio, conduciéndose además con honestidad al resolver los asuntos inherentes a su alta función jurisdiccional, poniendo de manifiesto el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal de la República Mexicana.
“Es un orgullo para la Universidad que su formación sea universitaria, reconocerla y felicitarla como egresada de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Colima, es un aliciente y un impulso”, reiteró.
El Rector universitario agregó que la magistrada Ruiz Corona forma parte del selecto grupo de funcionarios público que han recibido la Medalla “Lic. Ramón Saucedo Morales”, así como el Lic. Vicente Reyna Pérez en 2018, Lic. Bernardo Alfredo Salazar Santana en 2017, el Lic. Juan Carlos Montes y Montes 2015.
“Como Universidad, tenemos la vocación y el compromiso de aportar a la vida democrática del país y hacer una seria reflexión sobre la importancia y estrategias para una impartición de justicia eficaz, pronta y expedita”, subrayó Hernández Nava.
En su intervención la magistrada María Luisa Ruiz Corona expresó que, abogado, es “el llamado para auxiliar”; ejercer la abogacía no es algo sencillo: implica resolver incertidumbres jurídicas, indagar, hallar, entender e interpretar la norma aplicable siempre buscando la verdad y la justicia; también lleva implícita la gran responsabilidad de involucrarse en procesos permanentes de estudio, actualización y capacitación para que el desempeño profesional se mantenga siempre, invariablemente, acorde a los retos que, día a día, la evolución jurídica nos está imponiendo.
“Luchemos para enaltecer nuestra profesión, para que ésta no pierda su significado y nobleza. sirva esta fecha también, para externar sincera gratitud a mi Alma Mater, la Universidad de Colima, así como para evocar a todos y cada uno de mis maestros de la facultad de derecho por sus valiosas orientaciones que contribuyeron a mi formación académica y que, igualmente, han constituido las sólidas bases de mi desarrollo profesional, desde abogada litigante, defensora pública federal y, actualmente, como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado de colima”, enfatizó magistrada.
a Universidad Multitécnica Profesional entregó la presea Dr. Guillermo Ruelas Ocampo al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel García de la Mora, en reconocimiento a su trayectoria y merito ejemplar como ser humano, profesionista destacado, formador de varias generaciones, promotor de una cultura de la legalidad y la justicia, investigador, catedrático, destacado por su excelente ejercicio como servidor público, etc.
En este contexto, el Rector de dicha institución, Francisco Javier Valdez Mejía, manifestó que la presea “Guillermo Ruelas Ocampo” se otorga a los abogados que se destaquen por defender y promover la justicia, por lo que felicitó y reconoció la trayectoria del magistrado Miguel García de la Mora. Además, recordó que Guillermo Ruelas Ocampo fue un hombre justo, un ser humano que sirvió generosamente a la justicia y en ella perfeccionó sus dimensiones intelectuales, sociales, espirituales y profesionales, caminaba pegado a la justicia. Destacó que la Universidad Multitécnica Profesional, reconoce y busca enaltecer el espíritu de lucha por la transformación de la sociedad en la que impere el estado de derecho en todos los ámbitos.
El magistrado Miguel García de la Mora, manifestó que “es deber como integrantes de quienes estamos involucrados en el ramo jurisdiccional, hacer valer el derecho a la justicia de los ciudadanos, cumpliendo así con la que mandata nuestra Constitución”. Agregó que Colima ha trascendido en temas jurisdiccionales los cuales se deben de enfrentar con responsabilidad, apegados a derecho y enalteciendo el respeto a las instituciones, porque es así como podremos fortalecernos como sociedad.
Este tipo de reconocimientos, dijo, nos comprometen aún más con nuestro trabajo y seguir en busca de lo que merecen los colimenses, un México con derecho a la justicia, donde se haga valer lo que establece nuestra Carta Magna. “Me enorgullece recibir esta presea que lleva el nombre y además es un homenaje basado en una persona honorable y de alto reconocimiento por su trayectoria en el ramo de la abogacía, el DR. Guillermo Ruelas Ocampo”, ponderó. De igual forma, el magistrado presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana reconoció el buen trabajo realizado por el magistrado Miguel García de la Mora en el ámbito justifica, su trayectoria y dedicación responsable.
Salazar Santana, recordó al Dr. Guillermo Ruelas Ocampo no solo como un icono en el ramo jurisdiccional sino además como un gran ser humano, sabio y apasionado por su profesión, siempre dispuesto a enseñar como todo un gran catedrático en el ámbito jurídico. “Guillermo Ruelas Ocampo era una persona sencilla y apasionado de todo tipo de lectura, un estupendo maestro de mucha paciencia y con conocimiento pleno de lo que te decía, dejando una enseñanza para nuestra formación, una estupenda persona” reiteró el Salazar Santana.
+ Vamos hacia esa cultura de la paz que se da a través de la solución de conflictos a través del diálogo y conciliaciones.
Señaló que, de acuerdo al artículo primero de nuestra Constitución local, se establece como un derecho humano hacer uso de la Justicia Alternativa, por tal motivo el Poder Judicial está comprometido a capacitar a su personal para tener más y mejores mediadores, así como también juezas y jueces, que puedan dar cumplimiento a este derecho que señala nuestra constitución.
“Esta es una política pública que planteó la presidencia, de ir transitando hacia la certificación de mediadores para poder ofrecerle a la sociedad colimense una garantía efectiva para que hagan posible ese derecho humano que tienen de conciliar sus intereses a través de un mecanismo no jurisdiccional sino un mecanismo de entendimiento, concordia y que abone a la paz de la sociedad”, puntualizó el Magistrado Presidente.
En este contexto, el director del Centro de Justicia Alternativa, Armando Velázquez Cervantes manifestó que dentro de los beneficios que se obtienen mediante el proceso de Justicia Alternativa son:
Se tratan los hechos verdaderos y reales que dieron origen al conflicto, las partes hablan de forma directa y desde sus propias perspectivas de la forma en que surgió la controversia, se les otorga amplia libertad para expresarse.
Con respecto a la erogación económica de las partes, en los mecanismos alternativos son gratuitos, mientras que en los tribunales las partes tendrán que pagar los honorarios de un abogado, que generalmente son elevados, en copias simples y certificadas y en gastos de traslado sino radican en lugar donde se tramita el proceso.
Ante la presencia de 22 presidentes de los poderes judiciales estatales, recordó que 7 de cada 10 asuntos que se judicializan en el país son atendidos y resueltos por juzgados locales, a pesar de la sensible limitación presupuestal que padecen casi todos los tribunales del país; por lo que hizo un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión, a los gobiernos y legislaturas estatales, para fortalecer la asignación de recursos en favor de la justicia local.
En cuanto al tiempo, a través de está vía se puede obtener una solución satisfactoria desde la primera sesión, es decir, en un solo día y en unas cuantas horas y como plazo máximo en dos meses aproximadamente, mientras que en un proceso judicial puede durar añoso décadas, e incluso fallecer las partes, representantes o testigos sin que el procedimiento llegue a una resolución definitiva.
Respecto a factores psicológicos, se encuentra que en los medios alternativos se presenta menos desgaste psicológico, estrés y problemas emocionales.
“Estos y otros más beneficios se obtiene a través de la Justicia Alternativa”, manifestó finalmente Armando Velázquez.
Manzanillo, Colima, 21 de junio de 2019. Durante la inauguración de la Segunda Asamblea Plenaria “CONATRIB” 2019, que tuvo sede en la ciudad de Manzanillo, Colima; el magistrado Vicepresidente Primero de la Comisión de Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Ricardo Suro Esteves, subrayó que la independencia judicial debe mantenerse invariable, pues se trata de una garantía que permite a los poderes judiciales estatales contribuir a la estabilidad del país. “Prueba de ello –agregó- ha sido la implementación de la oralidad en las materias penal, civil, familiar y mercantil; la justicia restaurativa; la innovación y adaptación de diversas tecnologías y próximamente, los juzgados laborales”.
Cabe destacar que el magistrado Suro Esteves, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, encabezó la asamblea a nombre del Presidente de la Conatrib, Sergio Javier Medina Peñaloza y señaló que es muy importante valorar que gracias a las garantías y principios judiciales, los tribunales estatales son instituciones maduras con altos estándares de profesionalización que han permitido consolidar diversos sistemas en favor de los mexicanos desde cada entidad.
Ante la presencia de 22 presidentes de los poderes judiciales estatales, recordó que 7 de cada 10 asuntos que se judicializan en el país son atendidos y resueltos por juzgados locales, a pesar de la sensible limitación presupuestal que padecen casi todos los tribunales del país; por lo que hizo un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión, a los gobiernos y legislaturas estatales, para fortalecer la asignación de recursos en favor de la justicia local.
La asamblea tuvo como objetivo, analizar temas de relevancia para la justicia local en materia de Implementación de la Reforma de Justicia Laboral, para la que se contó con la participación del magistrado Sergio Javier Molina Martínez en representación del Consejo de la Judicatura Federal; Estadística Judicial, a cargo del maestro, Adrián Franco Barrios, Vicepresidente de INEGI y el fortalecimiento de mecanismos de Mejora Regulatoria a cargo del doctor César Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de CONAMER.
A la inauguración asistió el licenciado, José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador constitucional del estado de Colima, quien agradeció la invitación y reconoció el papel de los poderes judiciales como factor de estabilidad, referente de moderación y perspectiva de congruencia jurídica.
Advirtió que “Nunca como hoy, la política necesita encontrar la moderación necesaria para alcanzar acuerdos perdurables y no sólo dilapidarse en debates inextinguibles; por ello, debemos darle viabilidad a la democracia para que no lleve a la desilusión o el desencanto y en este reto, los tribunales constituyen ese referente vital hacia las innovaciones que deberá impulsar y resolver nuestro país hacia los meses y años por venir”.
Por su parte, el Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y anfitrión de este encuentro nacional, dio la bienvenida a los asistentes e hizo un llamado para que se respete la autonomía de los poderes judiciales, así como las garantías que dan fortaleza a la invaluable labor de las juezas y jueces de los tribunales estatales, a través del principio de independencia.
Agregó que, “al ser los Poderes Judiciales instituciones garantes de la legalidad y de la vigencia en el respeto a los derechos humanos, estamos de acuerdo con el combate a la corrupción, la austeridad republicana, que el funcionariado público cuente con las virtudes cardinales de Platón: prudencia, fortaleza, templanza y justicia, las que en su conjunto nos ponga frente a la sociedad como personas confiables y honorables”. Pero advirtió, “sin embargo, no coincidimos con aquellas formas que trastocan las Instituciones, su funcionamiento y marco de atribuciones”.
Para finalizar, el Vicepresidente Primero de la Conatrib, exhortó a los presidentes a seguir consolidando a la Comisión Nacional, como un espacio de convergencia para la construcción de un México más justo y más fuerte, desde la justicia local.
+ Se reúne el Diputado Carlos César Farías Ramos con magistradas y magistrados para analizar juntos iniciativa de reforma
+ Desde hace tiempo se había solicitado se destine del presupuesto de egresos del estado un porcentaje para la independencia presupuestaria del poder Judicial
El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, así como los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), reiteran su disposición de enriquecer la iniciativa del Diputado Carlos César Farías Ramos, la cual plantea adicionar diversos artículos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para lograr la autonomía presupuestaria del Poder Judicial del Estado de Colima .
El Diputado Carlos César Farías Ramos, explicó a detalle que la iniciativa se señala, que tanto el Poder Judicial Federal, como los de los Estados, no han asumido a plenitud el papel de fulcro o punto de apoyo del equilibrio de poderes, entre otras causas, porque en la legislación no se han contemplado aún los mecanismos jurídicos que le otorguen total autonomía e independencia funcional y financiera.
Agregó que el Poder Judicial del Estado con el paso del tiempo ha asumido un mayor número de funciones y responsabilidades como fueron en su momento la creación de juzgados especializados en materia de narcomenudeo que no se logró aterrizar en la realidad precisamente por falta de recursos financieros, en estos momentos convergen aun los sistemas de justicia penal de corte mixto inquisitivo que con el tiempo se extinguirán definitivamente y acusatorio adversarial, lo que implicará necesariamente que a la extinción de aquellos se requerirá crear mayor cantidad de juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, lo que implica necesariamente una fuerte inversión en materia de infraestructura, personal y equipamiento.
Ante esta situación dijo, la iniciativa propone modificar la Constitución Política del Estado de Colima, donde se le asigne un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos del Estado, siendo esto el equivalente al 2%. “Se estima que de autorizarse dicho porcentaje mínimo del presupuesto de Egresos del Estado a favor del Poder Judicial, se estaría garantizando que se cumpla con una mejor eficiencia la función fundamental de administrar e impartir justicia.
Farías Ramos, solicitó a las y los magistrados puedan trabajar en equipo para enriquecer dicha iniciativa ya que sus conocimientos y experiencia ayudarán mucho para que se presente un proyecto completo y con fundamentos jurisdiccionales sólidos que permitirán mejorar el sistema judicial. En este contexto, el Magistrado Presidente, agradeció al legislador tomar en cuenta a las y los magistrados que integran el H. Pleno del STJE, para un tema de suma importancia y que permitirá hacer frente a las demandas tanto de la sociedad como de las obligaciones legales.
Agregó que, a nivel nacional, un grupo de legisladores encabezados por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, y por el senador Julio Menchaca, presentaron en el senado de la República una iniciativa de reforma al artículo 116 de la constitución federal, para que se garantice que los poderes judiciales de los estados reciban, por lo menos, el 2% del presupuesto global del estado; esto es, a nivel del congreso de la unión ya está planteada una reforma constitucional que va en el mismo sentido que la promovida por el diputado Farías.
Cabe mencionar que en la reunión las y los magistrados expresaron su aceptación a la iniciativa, señalando que esperan que en esta ocasión se pueda concretar tan importante iniciativa que podría solucionar los problemas económicos por los que atraviesa la institución.
Estuvieron presentes las magistradas, Leticia Chávez Ponce y María Luisa Ruiz Corona, así como los magistrados Miguel García de la Mora, José Alfredo Jiménez Carrillo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, René Rodríguez Alcaraz, Juan Carlos Montes y Montes y Mario de la Madrid Andrade.
+ Nuestra institución está comprometida con la transparencia, el acceso a la información y a la protección de datos personales
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana, manifestó que el pasado 26 de febrero el H. Pleno del STJE aprobó los lineamientos para la elaboración de versiones públicas de sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del poder Judicial del Estado de Colima.
Esto, durante su intervención la sesión solemne del Congreso del Estado, donde se rindió el informe anual de la Comisionada de INFOCOL, Rocío Campos Anguiano.
Salazar Santana agregó que esta acción constituye un mecanismo que obliga a quienes administran justicia, a publicar todas las sentencias que se emiten en el Poder Judicial en su versión pública a efecto de que, por una parte, se transparente el quehacer jurisdiccional al que están obligados y, por otra, se garantice a la ciudadanía el acceso a la información, con la debida protección de los datos personales.
“Como máximo órgano de justicia del Estado, esto representa el primer paso que damos los juzgadores para salir al balcón de la conciencia pública, para explicar cómo resolvemos y porqué lo hacemos en ese sentido”, expresó el Magistrado Presidente.
Agregó que la transparencia de las actividades gubernamentales se actualiza como el derecho a saber, el cual es un derecho de la ciudadanía y como la obligación que tiene las autoridades, ya sea a través de las solicitudes que dan trámite las unidades de transparencia o de manera proactiva, en la disposición de publicar permanentemente aquella información a la que están obligados.
Manifestó que la transparencia del quehacer gubernamental resulta fundamental, pues, por un lado, proporciona condiciones que evitan los abusos en el ejercicio del poder y la opacidad, y por el otro, que la ciudadanía tenga conocimiento de las acciones que los entes públicos realizan.
El Magistrado Presidente expresó que el Poder Judicial del Estado de Colima al ser una institución garante de los derechos humanos, está comprometida con la transparencia, el acceso a la información y a la protección de datos personales.
“Máxime que, en esta visión de gobierno, quienes nos encargamos de esta loable labor, que es la de administrar justicia, no omitimos la realidad social, cultural y económica en la que vivimos, somos un funcionariado público consciente de que las aportaciones ciudadanas abonan al mejoramiento de la administración de justicia y, con ello, brindamos un servicio público inclusivo”, puntualizó Bernardo Salazar.
Con la finalidad de garantizar la transparencia en el Poder Judicial del Estado de Colima, la Dirección de Planeación y Vinculación Institucional, hizo entrega de la primera etapa para el Censo de Impartición de Justicia estatal edición 2019 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores (CONATRIB), con la finalidad de tener la primera “radiografía” y dar cuenta la situación actual del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.
En este contexto, la directora de Planeación y Vinculación Institucional, Cinthya Georgina Hernández Alcaraz, manifestó a nombre del Magistrado Presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana que existe plena disposición de continuar colaborando para que se lleve a cabo el objetivo principal del censo.
“Agradecemos todas las atenciones brindadas por el Ing. Jaime Vallejo y el Lic. Sergio Heredia Rodríguez, enlaces de gobierno de INEGI para contestar oportunamente lo solicitado y que sepan que estamos en la mejor disipación para seguir trabajando de manera eficiente”, puntualizó Hernández Alcaraz.
Quien además agradeció y reconoció la participación de los órganos jurisdiccionales y personal administrativo del Estado de Colima, a fin de dar cumplimiento al compromiso de otorgar la información solicitada por parte de INEGI.
De igual manera, Jaime Vallejo, quien es enlace de gobierno de INEGI, agradeció la disposición con la que se ha contado por parte del Poder judicial para atender el Censo de Impartición de Justicia 2019.
Por lo que, a nombre del coordinador estatal de INEGI, Octavio Grageda Guzmán agradeció todas las facilidades que otorga el Magistrado Presidente, Bernardo Salazar, y la Directora de Planeación y Vinculación Institucional, para llevar a cabo el censo de impartición de justicia a nivel nacional.
