Comunicación Social STJ Colima

+ Lamentablemente se han registrado dos defunciones

El H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia ha tomado determinación de suspender la atención directa ordinaria al público, así como las audiencias y diligencias no urgentes, debido a incremento que se ha tenido en las diferentes sedes del Poder Judicial, pues hasta el momento se han registrado en el año 77 trabajadores contagiados por COVID-19, así lo informó la oficial mayor de dicha dependencia, Carina Corona Bejarano.

Agregó que mediante una circular se informó a todo el personal y al público en general que, las notificaciones personales por cédula podrán llevarse a cabo, siempre y cuando no se comprometa la seguridad sanitaria del personal que las efectúe, bajo la responsabilidad directa de las titularidades de las dependencias encargadas de ello.

Además, se decretó la suspensión general de plazos y términos procesales, excepto en lo que ve al despacho de casos urgentes en materia Familiar y Penal. Sin embargo, se declara que, para efectos del presente acuerdo, los días siguen siendo hábiles, con las excepciones de ley, por lo que los Órganos Jurisdiccionales deberán continuar con su actividad en el trámite y resolución de los asuntos.

“La actividad del Poder Judicial no se ha detenido, ni se detendrá, se cerró la atención al público, pero se trabaja a puerta cerrada y con todas las medidas de higiene, de acuerdo a lo que establece el protocolo de salud, uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente o aplicación de gel antibacterial y mantener la distancia de por lo menos 2 metros”, puntualizó la contadora Carina Corona.

Expresó que lamentablemente el año pasado fallecieron dos trabajadores activos del Poder Judicial, por lo que tomando en cuenta la seguridad tanto del personal como de la gente que acude a las instalaciones de esta institución, en los diferentes municipios de nuestra entidad, de manera responsable los integrantes del H. Pleno del STJE han determinado extremar las medidas de prevención para evitar que se propague más el virus.

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• Los recursos que se utilizan están etiquetados por el Gobierno Federal

El Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana realizó un recorrido para supervisar los avances de la remodelación donde estarán ubicados los juzgados laborales que se pondrán en marcha a partir del primero de octubre de este año, donde se esta aplicando una inversión de 7 millones 582 mil 615 pesos.

Explicó que, dicho recurso se obtuvo mediante un subsidio federal, que autorizó la Secretaría de Hacienda y se otorgó a través de la Secretaría del Trabajo Federal, dentro del programa que implementó la Comisión Nacional para la Reforma Laboral. Enfatizó que es un recurso federal etiquetado, específicamente para tres rubros: adecuación de espacios, tecnologías de la información y mobiliario y equipo.

“La inversión más fuerte fue la adaptación de los juzgados laborales, donde se destinarán 3 millones 527 mil 389 pesos y el resto de la inversión total será para mobiliario, equipo y tecnologías de la información (todo el sistema de comunicación e informática que servirá para el desarrollo y videograbación de las audiencias)”, puntualizó el magistrado presidente.

Salazar Santana señaló que ni el Poder Judicial ni gobierno del estado están poniendo recurso alguno para realizar estas obras, ya que se trata de un subsidio federal que se autorizó en el presupuesto de la federación y que se entregó a todos los estados a nivel de los poderes ejecutivo y judicial para que pudieran poner en operación los centros de conciliación laboral y los juzgados laborales respectivamente.

“El gobierno federal para apoyar la implementación de la reforma en los estados autorizó, vía Congreso de la Unión, en el presupuesto de este año, el apoyo de subsidios federales para edificar las sedes de los juzgados laborales”, agregó.

Expresó que dichos juzgados laborales estarán ubicados a un costado del auditorio Carlos de la Madrid Béjar y deben estar concluíos para el 20 de septiembre y comenzar a operar a partir del primero de octubre.
Además, informó que en lo que respecta a la selección de personal, está por concluir el concurso de oposición para la selección desde jueces hasta actuarios.

Además, informó que en lo que respecta a la selección de personal, está por concluir el concurso de oposición para la selección desde jueces hasta actuarios.

Señaló además que con la aprobación del Congreso del Estado de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, se concluyó la etapa de la adecuación legislativa y normativa para darle funcionabilidad a los órganos jurisdiccionales, de modo que quede establecido en la ley orgánica que en el Poder Judicial también se integran con juzgados laborales, al igual que queden expresamente señaladas cuáles las competencias de esos órganos y cuáles son la funciones, y obligaciones que van a tener los funcionarios judiciales que habrán de integrar los juzgados.

“Estamos cerrando todo lo círculos que necesitamos para echar a andar los juzgados laborales y, de este modo concluir en Colima la implementación de la reforma judicial en materia laboral, por lo que hace a la competencia de los tribunales locales”, expresó finalmente el titular del Poder Judicial.

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+ Magistrado presidente se reúne con integrantes de asociaciones civiles

El Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana se reunión con integrantes de las Asociaciones Civiles en apoyo a la diversidad sexual, RDFINECOLIMA A.C., Maquinera A.C. y Centro de Estudios de la Inclusión A.C., quienes le solicitaron trabajar de manera coordinada para capacitar y concientizar al personal del Poder Judicial sobre el protocolo de Atención Judicial a las Personas de la Diversidad Sexual en Colima.

Cesar Guerra Ruelas, presidente de RDFINECOLIMA, expresó que la intención es sumarse a las actividades de las instituciones para bajar los índices discriminación, sensibilizar y concientizar al personal para poder llegar a la igualdad de derechos, implementar los protocolos y hacer valer los derechos humanos de la diversidad sexual.

“Lo que buscamos es la visibilidad y el reconocimiento porque históricamente hemos sido un grupo vulnerable y rechazado, buscamos ser tomados en cuenta”, puntualizó Cesar Guerra.
El Magistrado presidente, agradeció tal disposición y reiteró la importancia de hacer efectivos los derechos de la comunidad LGBTTTI, por ello dijo, “se realizará un trabajo conjunto para que el personal del Poder Judicial, en todas las áreas jurisdiccionales y administrativas, se capacite de acuerdo al protocolo de Atención Judicial a las Personas de la Diversidad Sexual en Colima”.

Agregó que, el personal también ha sido capacitado sobre el protocolo que establece la Suprema Corte de Justicia, para resolver asuntos donde intervengan personas de la diversidad sexual y reiteró la importancia de continuar realizando este tipo de acciones a fin de otorgar lo que por derecho les corresponde.

Finalmente, Cesar Guerra agradeció al Magistrado presidente su atención y disposición de trabajar de manera conjunta a favor de las personas de la diversidad sexual, “nos encontramos a un líder de una institución, sensibilizado con el tema, es una persona que asume y trae en su agenda de trabajo todo relacionado con los derechos humanos de la diversidad sexual”.

En la reunión también estuvieron presentes: Ignacio R. Arceo, director de Maquinera Colima A.C.; Víctor Villanueva, director de Investigación de la Inclusión A.C. y Salvador Reyes, Coordinador de Jóvenes, Juventudes Diversas A.C.

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Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se reunieron con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, donde el Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, reiteró su completa disposición de trabajar de manera coordinada para beneficio de la sociedad y buscar lo que por derecho le compete a la gente, una justicia pronta, completa e imparcial.

“Es voluntad de esta presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que este primer acercamiento institucional entre Poder Judicial del Estado y la próxima depositaria del Poder Ejecutivo Estatal, Indira Vizcaíno, sirva como un preámbulo para en el futuro inmediato, tener un trabajo coordinado que habrá de darse cuando entre usted en funciones como gobernadora del estado, sabedores que tal coordinación será en beneficio real de la ciudadanía colimense”, puntualizó Salazar Santana.

En dicha reunión el Magistrado Presidente expuso la situación financiera por la que atraviesa la institución, la necesidad de incremento al presupuesto para hacer frente a los compromisos, dotar al Poder Judicial de lo necesario para eficientar su labor cotidiana, superar la deficiencias institucionales en beneficio de la sociedad en general que legítimamente exige justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita.

Planteó que en un futuro próximo el Poder judicial asumirá nuevos compromisos como los son, entre otros, la justicia laboral y terapéutica, la oralidad civil y familiar, la implementación de la justicia digita, etc., por lo cual se tendrán que atender necesidades tales como el trabajo en las instalaciones funcionales, modernas e inteligentes, la transformación de los juzgados para atender la dinámica d ellos juicios orales; la creación y funcionamiento de Centros de Convivencia Familiar Supervisada y la creación de Tribunales laborales en Tecomán y Manzanillo.

La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, también reiteró que trabajará de la mano con el Poder Judicial para lograr acciones que favorezcan a la sociedad, señaló que en todo momento se buscará fortalecer los Centros de Convivencia, así como los Centros de Justicia Alternativa y expresó que todas las acciones que se realicen serán con plena transparencia, además, reiteró la importancia de la creación del Consejo de la Judicatura en Colima.

+ Solamente con el régimen de separación de bienes puede llevarse a cabo la pensión compensatoria (Art. 287 Bis, del código civil)

La compensación económica se aplica solamente bajo el régimen de separación de bienes y se implementa para quien se hayan dedicado al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos.

Así lo señaló Benita Maricela Ramírez Fernández, Jueza juzgado segundo familiar del primer partido judicial del Poder Judicial de Colima.

Explicó que la pensión alimenticia es objeto de una obligación destinada a satisfacer las necesidades del acreedor, que se otorga en forma periódica, temporal o vitalicia, y puede comprender los diversos elementos establecidos en el artículo 308 del Código Civil.

Esos son vestido, comida, habitación, atención médica y hospitalaria, y en general aquellas prestaciones necesarias para la satisfacción de las necesidades del acreedor.

Explicó que, para establecer judicialmente el monto de la pensión alimenticia deben probarse los hechos que indiquen los elementos constitutivos del principio de proporcionalidad.

Esto es, la necesidad del acreedor alimentario, la capacidad económica del deudor, la relación de proporcionalidad entre ambos, así como el tipo de vida familiar y social a la que se le hubiere habituado, de forma tal que no se haga un cálculo arbitrario e impráctico que no se ajuste a la realidad de ambas partes.

Benita Maricela Ramírez manifestó que, en el año del 2016 en Colima, se hizo una reforma en el Art. 287 Bis, al código civil, en el que se establece una indemnización o compensación a favor del conyugue que durante el matrimonio se hubiera dedicado preponderantemente a las actividades del hogar y si se tuvieron hijos, al cuidado de ellos.

Agregó que la Suprema Corte ha estudiado esta compensación en dos acepciones, la primera es una compensación económica que establece el Art. 287 Bis del código civil de Colima.

Habla de que, para los matrimonios celebrados en el régimen de separación de bienes, se establece una asignación de un porcentaje de hasta el 50 por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio a favor de uno de los conyugues.

Eso con el propósito de reconocer el trabajo que alguno de los conyugues haya realizado en favor de la familia, (trabajar en el hogar, cuidar a los hijos), que se pudiera considerar esta compensación como una aportación económica, porque no se paga a una persona para que haga los trabajos domésticos o una persona que cuide a los niños.

“Al momento de que una de esas personas se dedique a este tipo de trabajo, sacrifica su vida laboral, su desarrollo laboral para que la otra persona crezca su patrimonio para el bien de la familia”, continuó.

Esta compensación, dijo, no es una sanción para la persona que salió, trabajó y se desarrolló para forjar una masa patrimonial, sino es el derecho que también tiene la otra persona que se quedó en casa, es lograr el equilibrio al momento de terminar el matrimonio.

Manifestó que, es un requisito haberse casado bajo el régimen de separación de bienes para poder obtener la pensión compensatoria, ya que los matrimonios celebrados bajo la sociedad conyugal, al momento de divorciarse se establece que el patrimonio generado por ambos se asume común y ante una liquidación de esa sociedad conyugal, los dos obtienen su parte igualitaria, por lo que no quedarán en estado de indefensión.

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