El director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Luis Armando Velázquez Cervantes, manifestó que el en 2019 se atendieron 2 mil 324 asuntos de los cuales el 95 por ciento fueron resueltos y el resto determinaron llevarlo a juzgados o lo resolvieron las partes directamente. Agregó que estos resultados manifiestan que existe un gran avance y aceptación en la sociedad, quienes determinan resolver su conflicto por el proceso alternativo en donde las dos partes quedan conformes con los acuerdos que se llegan. “La mayoría que viene al Centro de Justicia Alternativa y que se resuelve su conflicto se va muy contenta a lo contrario de lo que sucede en un juzgado donde una parte gana y la otra pierde, aquí las dos partes ganan porque son ellas las que resuelven su conflicto y al final de cuentas son ellas las que se comprometen”, puntualizó. Expresó que, este proceso es gratuito, no se gastan en abogados, las partes llevan el control de la negociación y además se quita carga de trabajo para el Poder Judicial, ya que se resuelve sin llevar un juicio prolongado, logrando así una justicia pronta y expedita como lo marca la constitución federal y local. Armando Velázquez informó que el Centro Estatal de Justicia Alternativa, no se resuelven los delitos de carácter grave como: el homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, entre otros que no ameritan una resolución alternativa. Agregó que Centro Estatal de Justicia Alternativa nace en marzo del 2004, “hemos trabajado día a día para que la sociedad conozca este proceso y resuelva de mejor manera sus conflictos y creo que se va cumpliendo el objetivo”. El titular del Centro de Justicia Alternativa destacó que, se ha tenido un gran avance porque hace 5 años se atendían entre 300 o 400 asuntos y actualmente estamos cerrando arriba de 2 mil 500 asuntos, lo que habla de un crecimiento de aceptación de más del 10 por ciento de las personas que deciden resolver sus asuntos por esta vía. Finalmente expresó que existe una capacitación constante a todos los mediadores en el Poder Judicial, pues es fundamental que se cuente con el personal capaz de atender las necesidades de la sociedad en el tema de justicia alternativa.
El director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Luis Armando Velázquez Cervantes, manifestó que el en 2019 se atendieron 2 mil 324 asuntos de los cuales el 95 por ciento fueron resueltos y el resto determinaron llevarlo a juzgados o lo resolvieron las partes directamente.
Agregó que estos resultados manifiestan que existe un gran avance y aceptación en la sociedad, quienes determinan resolver su conflicto por el proceso alternativo en donde las dos partes quedan conformes con los acuerdos que se llegan.
“La mayoría que viene al Centro de Justicia Alternativa y que se resuelve su conflicto se va muy contenta a lo contrario de lo que sucede en un juzgado donde una parte gana y la otra pierde, aquí las dos partes ganan porque son ellas las que resuelven su conflicto y al final de cuentas son ellas las que se comprometen”, puntualizó.
Expresó que, este proceso es gratuito, no se gastan en abogados, las partes llevan el control de la negociación y además se quita carga de trabajo para el Poder Judicial, ya que se resuelve sin llevar un juicio prolongado, logrando así una justicia pronta y expedita como lo marca la constitución federal y local.
Armando Velázquez informó que el Centro Estatal de Justicia Alternativa, no se resuelven los delitos de carácter grave como: el homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, entre otros que no ameritan una resolución alternativa.
Agregó que Centro Estatal de Justicia Alternativa nace en marzo del 2004, “hemos trabajado día a día para que la sociedad conozca este proceso y resuelva de mejor manera sus conflictos y creo que se va cumpliendo el objetivo”.
El titular del Centro de Justicia Alternativa destacó que, se ha tenido un gran avance porque hace 5 años se atendían entre 300 o 400 asuntos y actualmente estamos cerrando arriba de 2 mil 500 asuntos, lo que habla de un crecimiento de aceptación de más del 10 por ciento de las personas que deciden resolver sus asuntos por esta vía.
Finalmente expresó que existe una capacitación constante a todos los mediadores en el Poder Judicial, pues es fundamental que se cuente con el personal capaz de atender las necesidades de la sociedad en el tema de justicia alternativa.
+ Hombres y mujeres por igual solicitan este tipo de trámite
Con relación al trámite de divorcio incausado, la jueza del juzgado segundo familiar del primer partido judicial, del Poder Judicial del Estado de Colima, Benita Maricela Ramírez Fernández, manifestó que entre el 2016 y 2019 han aumentado este tipo de divorcios en Colima. Explicó que, a mediados del 2015, sale la jurisprudencia y en el 2016 el Congreso del Estado de Colima hace la reforma al código de procedimientos civiles, manifestando que, en el año 2016, había 682 solicitudes de divorcios incausados, pero para el 2017, se incrementó a 2 mil 241 asuntos, en el 2018 se emiten 2 mil 437 solicitudes y en el 2019, 2 mil 577. Benita Ramírez agregó que, el divorcio incausado, es un trámite que el estado ha puesto al alcance de la sociedad para garantiza los derechos humanos, ya que cada individuo tiene derecho a un plan de vida que está misma elija, por lo que, el estado debe garantizar ese derecho cuando la persona determine, ya sea por motivos de violencia física, económica o emocional; terminar con esa convivencia matrimonial y es entonces cuando puede solicitar este procedimiento.De acuerdo a los resultados del INEGI, durante el 2019, la jueza del juzgado segundo familiar, informó que, tanto tan hombres como mujeres son los que promueven este tipo de divorcio. Agregó que este proceso se resuelve en máximo en 4 meses, sin costo alguno, ya que el estado tiene la obligación de impartir justicia gratuita, completa, expedita y pronta. Finalmente dijo que, este procedimiento se lleva a cabo cuando uno de los conyugues decide dar por terminada unilateralmente su matrimonio, sólo tiene que acudir con un abogado, el cual hace la solicitud correspondiente, la ingresa y en caso de no haber bienes o hijos, se emplaza a la contraparte para que este manifieste lo que a derecho convenga y se emite la sentencia. Pero en caso de que sí existan bienes o hijos, deberán anexar a su solicitud una propuesta de convenio, señalando que dicho convenio no es determínate para llevar a cabo el divorcio incausado, ya que en esta solicitud de divorcio sólo basta con que una de las partes lo promueva.
*Hombres y mujeres por igual solicitan este tipo de trámite
La jueza del juzgado segundo familiar del primer partido judicial del Poder Judicial de Colima, Benita Maricela Ramírez Fernández, expuso que entre el 2016 y 2019 han aumentado los divorcios incausados en la entidad.
Relató que, a mediados del 2015, sale la jurisprudencia y en el 2016 el Congreso del Estado de Colima hace la reforma al código de procedimientos civiles, manifestando que, en el año 2016, había 682 solicitudes de divorcios incausados, pero para el 2017, se incrementó a 2 mil 241 asuntos, en el 2018 se emiten 2 mil 437 solicitudes y en el 2019, 2 mil 577.
Benita Ramírez explicó que el divorcio incausado es un trámite que el estado ha puesto al alcance de la sociedad para garantiza los derechos humanos, ya que cada individuo tiene derecho a un plan de vid, por lo que el estado debe garantizar ese derecho cuando la persona determine, ya sea por motivos de violencia física, económica o emocional; terminar con esa convivencia matrimonial y es entonces cuando puede solicitar este procedimiento.
De acuerdo a los resultados del INEGI, durante el 2019, la jueza del juzgado segundo familiar, informó que, tanto tan hombres como mujeres son los que promueven este tipo de divorcio.
Agregó que este proceso se resuelve en máximo en 4 meses, sin costo alguno, ya que el estado tiene la obligación de impartir justicia gratuita, completa, expedita y pronta.
Finalmente dijo que, este procedimiento se lleva a cabo cuando uno de los conyugues decide dar por terminada unilateralmente su matrimonio, sólo tiene que acudir con un abogado, el cual hace la solicitud correspondiente, la ingresa y en caso de no haber bienes o hijos, se emplaza a la contraparte para que este manifieste lo que a derecho convenga y se emite la sentencia.
Pero en caso de que sí existan bienes o hijos, deberán anexar a su solicitud una propuesta de convenio, señalando que dicho convenio no es determínate para llevar a cabo el divorcio incausado, ya que en esta solicitud de divorcio sólo basta con que una de las partes lo promueva.
Colima por encima de la media nacional en la consolidación del Sistema de Justicia Penal: Magistrado Presidente del STJE
Rinde su tercer informe de labores
La autonomía es vital para la consolidación de nuestro sistema republicano de gobierno y para el fortalecimiento de este poder: Gobernador
https://www.facebook.com/watch/?v=431729774212398
Comparezco ante este honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para dar cuenta de las actividades realizadas durante el Año Judicial 2018-2019, en cumplimiento con los artículos 27, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y el 28 del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia.
La visión del Poder Judicial del Estado es consolidarse como una institución encargada de impartir justicia, cumpliendo cabalmente con los principios establecidos en nuestro orden constitucional. Estos principios, en suma, están dirigidos a la eficiencia y eficacia del servicio jurisdiccional para garantizar el respeto a los derechos individuales y sociales.
Este gran propósito institucional se inserta en un contexto de austeridad republicana. Muestra de ello, es el informe que hoy se rinde en este recinto judicial y que resume las actividades realizadas por el Pleno, esta Presidencia, los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia, las áreas administrativas y el Voluntariado, así como del ejercicio eficiente del gasto público.
Informar, es un deber de toda autoridad. El dar cuenta de las actividades dentro del servicio público, así como del ejercicio de los recursos, se inscribe dentro de la ética republicana y dentro de la labor de toda autoridad, de cualquier orden y nivel de gobierno, en el sentido de garantizar el derecho humano de la sociedad a la información, con objetividad y transparencia.
El acto de informar, no tiene por qué ser un evento para el lucimiento personal, sino para iniciar un ejercicio de evaluación y avance en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.
Resultaría imposible sintetizar en una simple lectura todo el esfuerzo realizado a lo largo del periodo por quienes integramos el Poder Judicial del Estado. Por ello, este mensaje sólo atiende algunos comentarios que considero pertinentes.
En el periodo que se informa, la Segunda Instancia resolvió el siguiente número de tocas: la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil 831 asuntos, la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 345 y la Segunda Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 275. Por su parte, los órganos jurisdiccionales de primera instancia registraron un total 19 mil 729 expedientes iniciados y concluyeron 10 mil 770 asuntos en las materias civil, familiar, mercantil y penal; en tanto, los Juzgados Mixtos de Paz iniciaron 3 mil 902 asuntos en las mismas materias. Por lo que corresponde al Centro Estatal de Justicia Alternativa, inició 2 mil 349 procedimientos de mediación y conciliación.
Hago una pausa en el rubro del Sistema Penal Acusatorio, un tema medular que incide en la procuración y administración de justicia, que además está considerado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030.
El más reciente ranking nacional de avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal del Programa México Evalúa, indica que Colima pasó del lugar 24 que tenía en el 2017, con 223 puntos, al lugar 16 con 363 en el 2018, posicionando al Poder Judicial del Estado por encima de la media nacional.
Por sí solo, este dato refleja una paulatina consolidación del sistema, y un avance gradual y sostenido en su funcionamiento correcto.
Para atender una cuestión de suma importancia, que ha incidido en la imagen de la labor que realizan jueces y juezas del Sistema Penal Acusatorio, resulta conveniente precisar lo siguiente:
De octubre de 2018 a septiembre de 2019, 1 mil 057 carpetas han sido judicializadas, y, dentro de esas causas, se han concedido 341 medidas de prisión preventiva justificada y se han impuesto 195 oficiosas; esto es, por cada prisión preventiva oficiosa que se impone, se dictan 1.74 justificadas.
En una interpretación exacta de este dato, tenemos que las juezas y jueces de control, no eludimos la responsabilidad de evitar la impunidad, pero si exigimos, en respeto a los Derechos Humanos, que las solicitudes estén debidamente sustentadas; cuando la instancia previa actúa de manera correcta y conforme a la legalidad, atendemos oportunamente, como en estos casos, los planteamientos que nos formulan.
De las 922 causas terminadas, se dictó sentencia condenatoria en el 93% de los procedimientos abreviados, esto es, 314 asuntos; y, en el 76% de los asuntos que se fueron a audiencia de juicio oral, que representaron 59 sentencias, se concluyó con condena para los enjuiciados.
Sólo el 45% de las causas judicializadas esto, 413 casos, concluyó en una salida alterna como la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. El 37% concluyó en procedimiento abreviado
De las 294 órdenes de cateo que fueron solicitadas, se concedieron 242; esto es, cerca del 83%.
De las 95 órdenes de aprehensión requeridas se otorgaron el 86%, esto es, el equivalente a 82 concedidas y solo 14 negadas.
Una vez más, se advierte que éste Poder Judicial, responde con oportunidad a las instancias investigadoras cuando hacen planteamientos sustentados en Derecho.
Reitero, este poder colaborará con el Ministerio Publico, con instituciones investigadoras y de procuración de justicia, en la medida en que las carpetas de investigación estén debidamente integradas y exista pertinencia en los medios de prueba, actividad que en sentido estricto solo nos corresponde vigilar y controlar, para que estas instituciones, hagan su trabajo en el marco de la ley.
Insisto en este punto, pues en algunos momentos he leído expresiones de autoridades de seguridad pública señalando que ellos aprehenden delincuentes y nuestras juezas y jueces los dejan escapar.
Tal sentencia está fuera de la realidad y elude la responsabilidad de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración de justicia, pues su labor no es sólo la de capturar presuntos delincuentes, sino también la de acreditar que actuaron conforme a la ley y los protocolos, que respetaron derechos humanos y que, efectivamente hubo la realización de un ilícito, mientras que la labor de quienes impartimos justicia es determinar la validez jurídica de tal actuación.
Tal es el principio republicano que nos rige y, cómo se comprueba con estas cifras, jueces y juezas están cumpliendo con su responsabilidad.
Continuando con la actividad jurisdiccional, es importante analizar la situación en materia familiar. El número de asuntos iniciados han aumentado a 10 mil 231, lo que implica un incremento del 8% con respecto al 2017 y de un 3.53% con relación al 2018. El número de órdenes de protección emitidas por el Juzgado Auxiliar en Materia Familiar ascendió a 1 mil 266.
La mayoría de estos asuntos son controversias del orden familiar respecto a divorcios, custodias, convivencias, pensión alimenticia y órdenes de protección.
Este número tan grande nos muestra la realidad que vivimos como sociedad y, como autoridades, esa realidad nos reclama que, sin dejar de poner atención a los asuntos penales, si dirigamos nuestra vista al fortalecimiento del núcleo familiar, porque, de no hacerse, ahí inician los problemas antisociales.
Vale comentar que Los esfuerzos jurisdiccionales se han realizado con una proporción menor, mucho menor incluso, al estándar ideal del número de jueces y juezas en relación con el número de habitantes.
Si tomamos como base el Índice Global de Impunidad México 2018, donde se anotan 16 como el número ideal de jueces para la base estadística poblacional, en el caso de Colima contamos tan sólo con 6 juezas o jueces por cada 100 mil habitantes, lo que da una idea del grado de compromiso y de la eficiencia de los integrantes del Poder Judicial de Colima, aún considerando los incrementos en el número de asuntos que atendemos.
Durante el presente Año Judicial, se tomó protesta a diez jueces y juezas del Sistema Penal Acusatorio, como resultado de un concurso de oposición realizado en el 2017. En el primer semestre de este año se emitió una convocatoria abierta para ocupar la titularidad de tres Juzgados en las materias Civil, Familiar y Mercantil.
Al respecto, los concursos de oposición persiguen un fin constitucionalmente válido que es la mejora en el sistema de impartición de justicia, precisamente a través de un procedimiento legal y transparente ―como lo es el concurso de oposición― que permite la selección de las personas aptas e idóneas para ejercer adecuadamente la loable función de impartir justicia.
En la realización de estos concursos, se ha dado cumplimiento cabal a los criterios establecidos en los Sistemas Universal e Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos.
De esa forma, se garantizó la igualdad de oportunidades para ingresar al Poder Judicial con la publicación de convocatorias abiertas y fueron seleccionas personas íntegras e idóneas, así como dotadas de la formación jurídica pertinente, a través de mecanismos objetivos y razonables, dadas las exigencias propias de la función que desempeñarán.
Aún cuando en este concurso no se pudo obtener un resultado que permitiera la selección de tres impartidores de justicia, esta presidencia mantendrá la exigencia en los criterios para seleccionar, mediante concurso de oposición, a juezas y jueces que reúnan no solo las cualidades profesionales, técnicas y de conocimiento del perito en derecho; sino además de personas que tengan las virtudes éticas y capacidades intelectuales necesarias para saber distinguir y dar a cada quien lo que le corresponde.
Un principio esencial del quehacer jurisdiccional es la independencia, la cual se actualiza en la medida en que jueces y juezas dictan sus resoluciones con apego a la Constitución, los tratados internacionales y la ley, siempre con respeto a su margen de apreciación.
Un aspecto fundamental es que, quien juzga, debe evitar situaciones que no resulten compatibles con su función o que puedan comprometerle e influir en sus decisiones.
Por ello, el juzgador o la juzgadora debe ser un profesional íntegro, cuyo comportamiento aliente la confianza en la Institución, para que frente a la sociedad se identifique al Poder Judicial con un desempeño confiable y honorable.
El Poder Judicial del Estado está comprometido con la cultura de la paz social y la estabilidad institucional.
Al respecto, es importante mencionar que el Centro Estatal de Justicia Alternativa inició 2 mil 349 procedimientos de mediación y conciliación. De igual forma, certificó a 59 especialistas en procedimientos de justicia alternativa, con el propósito de que coadyuven a que la ciudadanía resuelva sus conflictos a través del diálogo.
Permítanme mencionar, como una actividad importante para el Poder Judicial, la labor que a través del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Patios del Ferrocarril de esta ciudad de Colima, realiza el voluntariado bajo la Dirección de mi esposa Alma Lorena Orozco de Salazar.
En este centro, se atiende a 60 mujeres quienes acuden a desarrollar alguna actividad o a participar en talleres de manualidades que les son útiles, como apoyo al ingreso familiar, por lo cual tienen a su disposición máquinas de coser, horno y demás insumos de cocina y herramientas para diversos oficios.
A través del voluntariado, se ha participado en eventos de apoyo a la comunidad encabezada por el DIF Estatal, asi como en la colecta Anual de la Cruz Roja, en el programa Abriga a Personas Adultas mayores, del IAAP, Festivales navideños y de reyes, así como el programa Cenando y Acompañando, de la Casa de Asistencia Social Gabilondo Soler.
Agradezco el tiempo y disposición de mi señora esposa, para que el poder judicial de colima muestre un rostro humano y solidario con las personas que pos sus condiciones personales, son altamente vulnerables.
Al mismo tiempo, le reitero a la señora margarita moreno de noriega, la voluntad de mi esposa y la disposición de esta presidencia de seguir coadyuvando con en sus tareas en favor de los mas necesitados.
El Poder Judicial del Estado de Colima es consciente del papel más activo que tiene la sociedad en los asuntos públicos, característica particular del denominado gobierno abierto.
Por ello, durante el presente Año Judicial esta Institución, como garante de los derechos humanos, confirmó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales.
Con el propósito de materializar el compromiso con el mecanismo de legitimación que tienen los Poderes Judiciales, en sesión de Pleno se aprobaron los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de las Sentencias.
Estos lineamientos establecen los criterios para que los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia publiquen la versión pública de todas las sentencias que han causado estado, con la supresión de los datos personales.
Con lo anterior, se garantiza el acceso a la información a través de la consulta de la versión pública de las sentencias, al tiempo que los datos personales son protegidos.
En el mismo rubro, el de transparencia, destaca la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo al que le fue remitida información relativa a la labor jurisdiccional, y dada su entrega oportuna, el Poder Judicial del Estado fue ubicado en el primer lugar en todo el país en el Censo Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal 2019.
En esta visión de gobierno abierto, quienes nos encargamos de esta loable labor que es la de administrar justicia, no omitimos la realidad social, cultural y económica en la que vivimos.
Integramos un cuerpo de funcionarios públicos consciente de que las aportaciones ciudadanas apoyan el mejoramiento de la administración de justicia. Con ello, brindamos un servicio público inclusivo.
En el marco de la firma del convenio con el Instituto Colimense para la Discapacidad, fue establecido un módulo de atención al público bajo el esquema del protocolo de actuación incluyente.
El propósito fue garantizar la accesibilidad física de las personas con discapacidad en el edificio principal.
Se trata de un reto considerable, pues dicho edificio fue construido en la época de Doña Griselda Alvarez, hace casi 40 años, esto es, antes de las consideraciones actuales en torno a la accesibilidad; por ello carece de la infraestructura idónea para considerarse verdaderamente como un espacio incluyente incluyente.
A pesar de nuestros esfuerzos, sin embargo, no se ha incorporado un ascensor o una rampa al interior del edificio que permita una movilidad a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas; ello, en virtud de que se carece de presupuesto para realizarlo.
De hecho, desde hace varios años no se ha invertido en la edificación o mejora integral del edificio principal del Poder Judicial del Estado ni mucho menos, se ha encontrado eco, ya no digamos compromiso institucional con la administración de justicia, para construir una ciudad judicial en donde pueda brindarse el servicio de administración de justicia con calidez. La última inversión importante de obra pública en infraestructura física para el Poder judicial, corresponde a la construcción del auditorio externo y el Centro de Estudios Judiciales, por un monto, por parte del Poder Ejecutivo, de 2 millones 541 mil 196 pesos y por parte de esta Institución de 1 millón 266 mil 953 pesos; lo cual se hizo en el gobierno del Lic. Fernando Moreno Peña.
Las demás construcciones y adecuaciones realizadas corresponden, por ejemplo, a las sedes del Sistema Penal Acusatorio y de otros espacios externos al edificio principal; inversiones que, necesariamente, debían hacerse en razón de la entrada en vigor del Sistema Penal Adversarial.
Durante el Año Judicial que se informa, se subraya como inversión la sustitución del cableado eléctrico del edificio principal para eficientizar las actividades jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos, sistemas que han comenzado a implementarse en la Institución y que se inscriben en la política de austeridad vigente en el país.
Entre los retos venideros para este Poder Judicial, destaca el relativo a la justica laboral, la cual se inserta en la Reforma Constitucional del 24 de febrero del 2017, que incorpora a los tribunales laborales a la estructura de los poderes judiciales locales. En tanto, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019 establece en sus transitorios un plazo de tres años para la debida transición de la materia laboral a la estructura judicial.
Al respecto, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral consideró a Colima, junto con 9 estados más, dentro del primer grupo, a efecto de que el funcionamiento de los tribunales laborales inicie para el tercer trimestre del 2020.
Por supuesto, asumimos con la debida diligencia el compromiso de incorporar a los tribunales laborales al Poder Judicial del Estado de Colima.
Sin embargo, el reto no es fácil en virtud de que no se asigna aún el presupuesto necesario para tal desafío.
Por ello, se tome o no, por parte del gobierno del Estado, la decisión de implementar la reforma el siguiente año, como poder judicial seguimos trabajando en el desarrollo de un Sistema de Justicia Laboral eficiente, en aras de dar cumplimiento al plazo establecido.
Para ello, atendimos el requerimiento formulado por la SEGOB a través de la Unidad para el fortalecimiento de los Poderes Judiciales locales, mismo que se formuló en el seno de la CONATRIB, para presentar el monto al que asciende la implementación de la reforma en el ámbito del Poder Judicial de Colima. La propia SEGOB nos ha comunicado que la necesidad financiera planteada por este Poder, y, por los demás poderes judiciales de las otras entidades federativas, se incorporó en el Proyecto de Presupuesto elevado por el Gobierno Federal a la Cámara de Diputados.
De prosperar este planteamiento de las segob dentro del presupuesto federal, el poder judicial del estado de colima implementaría los tribunales laborales, para hacer frente al compromiso constitucional, aun cuando estos entraran en operación hasta que el ejecutivo haga lo propio con el centro de conciliación que estará bajo su competencia.
Esta Presidencia insiste en el reconocimiento de la autonomía financiera para el Poder Judicial del Estado, como un eje rector que ha comenzado a gestarse en el Poder Judicial de la Federación, y que resulta indispensable para la materialización de las premisas de un Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho.
Esta autonomía financiera es vital para la consolidación de una división efectiva de poderes, dotada de un sistema de frenos y contrapesos que, en su conjunto, consolide el reconocimiento de los derechos de la sociedad y fortalezca la legitimación social de este Poder Judicial.
Sabemos de las dificultades financieras de la administración estatal.
Sabemos también del esfuerzo que está realizando el Gobernador del Estado y el propio congreso estatal para lograr el necesario equilibrio financiero y para contar con los recursos disponibles para atender temas urgentes y de gran demanda social.
Nuestro reconocimiento por ese esfuerzo para los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero al mismo tiempo consideramos impostergable dotar al Poder Judicial del Estado de una auténtica independencia financiera.
Sabemos que no es sencillo, que se arrastran dificultades acumuladas, pero también sabemos que una reforma de este tipo seria histórica y colocaría a nuestra entidad a la avanzada en materia republicana en el país.
Por ello, en su momento, expresamos nuestro beneplácito al interés de un legislador local, en buscar mediante una iniciativa de reforma constitucional las bases fundamentales que garanticen esa independencia financiera del Poder Judicial. Confiamos en que dicha iniciativa del Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, encuentre eco en las señoras legisladoras y en los señores legisladores de la LIX Legislatura del Congreso del Estado.
Señor Gobernador:
En mi calidad de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, reconozco su interés porque este Poder Judicial responda a la necesidad de la sociedad por hacer del servicio de administración de justicia una auténtica garantía para que sea efectivo el derecho humano de acceso a la justicia.
Este Pleno reconoce su vocación republicana y en consecuencia su irrestricto respeto a la soberanía de este órgano y a la división de poderes.
En estos años, con usted hemos entablado un diálogo institucional y de colaboración que ha posibilitado, dentro de todas las limitaciones presupuestarias, la atención de las necesidades del Poder Judicial.
Aspiramos a seguir construyendo dentro de esta relación, mejores formas que posibiliten la atención de las necesidades de justicia de las personas que acuden a los órganos del Poder Judicial para encontrar una solución a sus problemas.
Usted es un hombre con visión de estadista y, por lo tanto, sabe que los jueces y LAS juezas del Poder Judicial, al emitir sus sentencias, ejercen la soberanía del Estado; y como tales, como hombres y mujeres de Estado, no podemos actuar con base en ocurrencias o ideas preconcebidas, sino con la visión de hacer prevalecer las instituciones públicas y el Estado de Derecho.
Pero insistimos, si la justicia a cargo de los Poderes Judiciales falla, de nada sirve tener escuelas equipadas con los avances de la ciencia, centros de salud de alto nivel de especialización ni centros de inteligencia policial de vanguardia.
Señor Gobernador, los magistrados y magistradas que integramos este Pleno, le garantizamos a la sociedad colimense el trabajo de hombres y mujeres, en todas las categorías, con un alto sentido de responsabilidad y vocación de servicio, con un nivel de profesionalismo óptimo y dispuestos a poner toda su capacidad para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia; y aun cuando no tengamos las mejores condiciones materiales para desarrollar nuestro trabajo, sí tenemos la voluntad, la preparación y la disposición para hacerlo.
Somos el último bastión al que acude la ciudadanía cuando no puede resolver sus problemas.
Somos, además, una institución inscrita en la cultura de paz, del orden social y de la vigencia del Estado de Derecho.
Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para con la sociedad, cumpliendo con un ideal que nace desde la constitución misma de nuestra nación y que por el talento de José María Morelos y Pavón se expresó de la siguiente forma:
“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
Titulares del Poder Judicial del Estado y el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) firmaron convenio de colaboración a favor de las personas con discapacidad, por lo que se realizarán talleres y acciones para sensibilizar al personal, además se colocó un módulo de atención en las instalaciones del STJE, el cual recibirá y atenderá a las personas con discapacidad a fin de agilizar sus trámites en la institución.
El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, puntualizó que “Todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin exclusión alguna, por lo que, bajo este esquema, el Poder Judicial del Estado entiende que se debe asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, teniendo como labor principal la impartición de justicia a todas y todos, a través de sus resoluciones, garantizando en todo momento la protección de los derechos humanos”.
Agregó que Colima es una de las entidades federativas con mayor proporción de personas con discapacidad. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de INEGI, la tasa actual de discapacidad a nivel estatal implica que, el 59.3% tiene dificultades para caminar o moverse, 25.3% para ver, 12.9% para escuchar, 8.4% para atender su cuidado personal, 10.2% para hablar y 6.7% para poner atención. Además, 7.9% sufre de discapacidad mental.
Bajo este fundamento, señaló, como quehacer cotidiano tenemos el reto de brindar una atención de calidad y calidez en cuanto al trato hacia las personas que acuden a esta casa de justicia requiriendo ciertos servicios, ya sea buscando acudir a las áreas administrativas o jurisdiccionales; sin distinción alguna por su condición humana, social, cultural o con algún tipo de discapacidad.
Por su parte el director del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), Jesús Dueñas García, ponderó que este convenio será un parteaguas para que las demás instituciones se sumen a acciones que favorezcan a las personas con discapacidad, pero además para que su personal se sensibilice y se pueda atender de mejor manera y como lo merece esté sector, logrando así ser incluyentes.
Jesús Dueñas manifestó que seguirán trabajando de manera conjunta con el Poder Judicial y que el objetivo de esta firma de convenio es que las instituciones conozcan que hay una población que se debe atender y se debe trabajar en equipo, porque en la suma de voluntades se van a atender las necesidades que las personas con discapacidad tienen.
En el evento también estuvieron presentes la directora del Instituto para la Atención a los Adultos Mayores (IAAP), Blanca Estela Acevedo Gómez y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, Edder Pérez Reynaga, quienes fungieron como testigos del convenio y Enrique Barrios Navarro en representación del Rector de la Universidad de Colima.
De igual manera estuvieron presentes las magistradas, Leticia Chávez Ponce y María Luisa Ruíz Corona, así como los magistrados, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Mario de la Madrid Andrade, Miguel García de la Mora y Juan Carlos Montes y Montes.
Aún nos parece difícil aceptar la ausencia del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo.
Siempre guardo la esperanza de encontrarlo en algún momento: frente a sus alumnos, disfrutando un café o expresando alguna opinión, esas opiniones que lo distinguían, siempre respetuosas, pero no por ello exentas de un inteligente tono crítico. Algo que extrañaremos, que ya extrañamos sus discípulos, sus compañeros y su familia, es su profunda y variada cultura. Esa cultura que lo hacía tener siempre en la mente la opinión docta, y en los labios, la palabra sabia. No sólo era un experto en derecho, con opiniones profundas y bien documentadas, sino además un hombre de sabiduría. Una sabiduría que comprendía variados temas y formas de pensar, que combinaba de forma admirable. Esa clase de magisterio es invaluable, pues a nuestro juicio un maestro no sólo debe instruir en una materia, sino brindar aproximaciones variadas a diversos temas, suscitando inquietud intelectual y ansia de aprendizaje.
Una materia, a final de cuentas, no es un simple compendio informativo, sino un pretexto para adentrarse al mundo del saber. Aprender, en ese sentido, no es sólo atesorar datos, sino alcanzar la transformación de la propia personalidad. Por ejemplo, pocas veces he encontrado a maestros de derecho que puedan aprovechar citas reflexivas provenientes de la literatura, la historia y la sociología en general. Aún recuerdo, en del maestro Guillermo Ruelas, sus referencias a Shakespeare, que por cierto leía en inglés, a Víctor Hugo, a Doistoyevsky o a Cervantes relacionando sus obras maestras con la ciencia jurídica. O sus sabrosas digresiones dedicadas a Rousseau, Voltaire, D’Alambert, Diderot, Montesquiou, o a cierto enciclopedista; o incluso a variados tópicos de la filosofía alemana desde el recionalismo de sus autores favoritos Kant y Hegel, pasando el realismo de Feverbach, el pesimismo de Shoponhaver, la crítica a la cultura occidental de Nietzche, y hasta los neokantismos del siglo XX como Heideger o Jasper; o los padres del realismo sociológico y político como Weber y Habermas Fue un estudioso, en efecto, que no sólo leyó simples compilaciones o libros de texto, sino que abrevó en las fuentes directas del conocimiento.
Pero esas referencias no eran vanidosas, sino precisas y oportunas, sobre todo cuando encontraba un momento específico en la argumentación de un tema jurídico o en una animada charla. Aquellas eran citas proporcionadas como al descuido, cuidando no ofender al interlocutor, pero aprovechando al máximo la natural inquietud de una mente en formación. No podríamos olvidar aquí su insistencia en la correcta utilización del idioma. Para él todo abogado, como todo un humanista, debería ser también un experto en la utilización adecuada de uno de sus instrumentos fundamentales: la letra impresa. En su peculiar concepción, los errores ortográficos o de sintaxis estaban prohibidos en un profesional de la ley. Nosotros podríamos añadir que deberían estar prohibidos en cualquier profesión. De la afición a la historia del maestro nos habla su incorporación al gremio de historiadores y cronistas locales, donde comenzó a compartir algunas investigaciones propias relacionadas con temas que le habían llamado la atención. Le apasionaba la historia local. Urgaba en los documentos del Colima antiguo, como en búsqueda de una identidad regional que permitiera sacudirnos el aislamiento en que, por más de un siglo, la geografía y los intereses políticos de la federación y los estados vecinos, mantuvieron a Colima; pero que, a la vez, posibilitaron la creación de una sociedad única y diferente, propia de una población que comparte, a la vez, la inmensidad del mar y la grandeza de la montaña.
Creo que perdimos a un cronista extraordinario que habría dado mucho, en años venideros, pero por desgracia su esfuerzo quedó interrumpido. Aun así, seguimos en búsqueda de aquel borrador de las viñetas que tanto nos prometió y que, a su decir, llevaba un avance considerable. No podríamos dejar de mencionar su amplia cultura musical. En sus años juveniles fue un pianista de grandes dotes, que en algún momento dudó en seguir una carrera como concertista, donde sin duda habría alcanzado algún importante reconocimiento. Llegó incluso a ofrecer muestras de su talento en los primeros años de esta facultad. Tengo por allí un programa de graduación de alguna de las primeras generaciones, donde el número artístico obligado era una interpretación en piano, de un tema musical clásico, ejecutado por el maestro Guillermo Ruelas. Abandonó ese sueño, precisamente, por elegir dedicarse a la profesión jurídica. Quizá se nos negó disfrutar de un excelente concertista. Pero se nos regaló la vida del más grande jurista que ha tenido la facultad de Derecho. Esa cultura general, que se combinaba con una inteligencia sólida pero refinada por el instinto pedagógico, resultaba invaluable en el salón de clase. Pero no sólo allí: también en la vida cotidiana, pues hay maestros que trascienden de los cubículos y se prolongan en el acontecer de todos los días.
Maestros de vida, podríamos llamarles, no sólo de aula. En esa visión de integralidad como docente, debe señalarse también su paso por las instituciones de la entidad, como lo fue la judicatura, la procuraduría de justicia y la titularidad de los Tribunales Electoral y Contencioso Administrativo del estado. Eso le dotaba de una especial visión donde se enriquecía la reflexión teórica con los retos del desempeño público. Era además un maestro que abordó exitosamente, durante muchos años, el ejercicio libre de la profesión, lo cual le permitía identificar con claridad los retos entre la premisa doctrinal y la praxis jurídica. Recuerdo, por ejemplo, su repetido comentario de que a veces los litigantes exploran muchos recursos y consultas legales, ignorando que la solución a su dilema se encuentra en la misma Constitución, que es lo primero que debieron consultar, estudiar y comprender. Ello devenía, invariablemente, en una de sus materias de estudio: la deontología profesional, es decir, el estricto código ético que debería acompañar al litigante y al estudioso del derecho en general. Tal código de conducta, brinda una muralla para la defensa de la profesión jurídica frente a la corrupción y deformación que a veces domina al mundo laboral circundante. Para él se trataba de una materia esencial, que no sólo era un asunto de ética, sino de calidad de vida. Tal combinación, insisto, de cualidades intelectuales y personales serán difícilmente recuperadas en otros ejercicios magisteriales, pero imponen un ejemplo a seguir que ojalá sea retomado por las maestras y maestros de nuestro tiempo y nuestra circunstancia.
La Facultad de Derecho lo merece. Por ello, creo que este reconocimiento póstumo es muy merecido. El maestro no era adicto al aplauso salamero, a la elocuencia fácil, ni mucho menos al reconocimiento oportunista. No lo embrujaba el canto de las sirenas, ni el elogio convenenciero lo seducía. Se enorgullecía más de del reconocimiento de maestro que el Foro Jurídico colimense le dispensaba. Agradecía más que cualquier diploma, el que sus alumnos le entregaran con cariño sincero, su corazón. No obstante seguro estoy que a él le hubiera gustado recibir esta medalla en vida, para la cual, en una ocasión fue propuesto, como justo reconocimiento a 53 años de ejercicio docente en la enseñanza de la ciencia jurídica. Porque fue esta, sin lugar a dudas, su auténtica vocación. Después de largos años de éxito su labor como litigante, cerró su bufete. Cumpliendo su ciclo en el servicio público, se retiró a gozar de su merecida pensión. Pero jamás, desde que inicio como tal en 1967 y hasta el día de su lamentable deceso abandonó su labor como docente. La vida del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo, por supuesto, está ligada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Fue uno de sus primeros egresados, como también uno de sus profesores emblemáticos. Por ello, una de las grandes alegrías del maestro era percibir que sus alumnos lograban destacar por méritos propios en el ejercicio de su profesión.
Al no tener hijos propios, sus alumnos fuimos una extensión de su espíritu y se enorgullecía de formar ciudadanos de bien que cumplieran sus propios anhelos como litigantes o funcionarios. En las universidades públicas, se reconoce a aquellos funcionarios que contribuyen al crecimiento de la institución cuando crean infraestructura física, fundan centros de difusión cultura, de investigación científica, de promoción deportiva y de enseñanza académica. Se reconoce también, a aquellos estudiantes que alcanzan las máximas notas en el aprendizaje y en la formación profesional en las aulas. Hoy, nuestra Máxima Casa de Estudios rinde merecido reconocimiento a un universitario que cumplió con éxito la misión de toda institución de educación superior: Formar espíritus aventureros, conciencias libres; hombres y mujeres de pensamiento crítico y de actuar positivo.
Maestro, José Guillermo Ruelas Ocampo, quienes lo conocimos jamás lo olvidaremos.
Se reunió el Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana con la Cónsul de Estados Unidos de América, Robin Matthewman, para analizar estrategias y acciones en procuración de justicia, reafirmando su completa disposición de trabajar de manera coordinada para coadyuvar en lo que se requiera para las mejoras en el tema de justicia. Cabe destacar que también estuvieron presentes los Magistrados Sergio Marcelino Bravo Sandoval y Miguel García de la Mora.
#CGMatthewman: Un gusto saludar al Presidente Magistrado Bernardo Alfredo Salazar del @STJColima. Es grato escuchar las acciones de procuración de justicia en el estado y su aportación a un entorno de seguridad en Colima. pic.twitter.com/NcaVoaTmO2
— Consulado General de los EEUU en Guadalajara (@USCGGuadalajara) August 23, 2019
La Universidad de Colima y Colegio de Abogados de Colima A.C, entregaron a la Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, María Luisa Ruiz Corona, la medalla “Lic. Ramón Saucedo Morales”, la cual se entrega a los funcionarios públicos que se distinguen por su eficiencia y honestidad.
En este contexto, el Rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, ponderó que, la magistrada María Luisa Ruiz Corona, cuenta con una sólida carrera judicial, donde ha puesto de manifiesto su capacidad jurídica y vocación de servicio, conduciéndose además con honestidad al resolver los asuntos inherentes a su alta función jurisdiccional, poniendo de manifiesto el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal de la República Mexicana.
“Es un orgullo para la Universidad que su formación sea universitaria, reconocerla y felicitarla como egresada de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Colima, es un aliciente y un impulso”, reiteró.
El Rector universitario agregó que la magistrada Ruiz Corona forma parte del selecto grupo de funcionarios público que han recibido la Medalla “Lic. Ramón Saucedo Morales”, así como el Lic. Vicente Reyna Pérez en 2018, Lic. Bernardo Alfredo Salazar Santana en 2017, el Lic. Juan Carlos Montes y Montes 2015.
“Como Universidad, tenemos la vocación y el compromiso de aportar a la vida democrática del país y hacer una seria reflexión sobre la importancia y estrategias para una impartición de justicia eficaz, pronta y expedita”, subrayó Hernández Nava.
En su intervención la magistrada María Luisa Ruiz Corona expresó que, abogado, es “el llamado para auxiliar”; ejercer la abogacía no es algo sencillo: implica resolver incertidumbres jurídicas, indagar, hallar, entender e interpretar la norma aplicable siempre buscando la verdad y la justicia; también lleva implícita la gran responsabilidad de involucrarse en procesos permanentes de estudio, actualización y capacitación para que el desempeño profesional se mantenga siempre, invariablemente, acorde a los retos que, día a día, la evolución jurídica nos está imponiendo.
“Luchemos para enaltecer nuestra profesión, para que ésta no pierda su significado y nobleza. sirva esta fecha también, para externar sincera gratitud a mi Alma Mater, la Universidad de Colima, así como para evocar a todos y cada uno de mis maestros de la facultad de derecho por sus valiosas orientaciones que contribuyeron a mi formación académica y que, igualmente, han constituido las sólidas bases de mi desarrollo profesional, desde abogada litigante, defensora pública federal y, actualmente, como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado de colima”, enfatizó magistrada.
