El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, asistió a la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se hizo la presentación del proyecto del Atlas de Peligros y Riesgos para el Estado de Colima. El cual contempla riesgos en arroyos, tsunamis, terremotos, el volcán, huracanes, y todos los riesgos que se corren en los 10 municipios del estado. En el evento también estuvieron presentes el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, el rector dela Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, así como autoridades municipales de Protección civil en la entidad. El Atlas de Peligros y Riesgos del Estado de Colima, fue elaborado por la Universidad de Colima, documento que tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento fueron aportados por el Gobierno federal a través del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (FOPRODEN) y el 25 por ciento por el Gobierno estatal.
El Atlas surgió a raíz de la marcada disposición de peligros de tipo hidrológico, hidrometeorológicos y antropogénicos que caracterizan al estado de Colima, los cuales son generadores de riesgos en muchos sectores de la población y en su infraestructura. En dicho documento colaboraron 50 especialistas y contiene 15 capítulos, es un sistema integral de información sobre los riesgos en la entidad y permite tener un amplio panorama de la geografía y de las zonas vulnerables.
Con la finalidad de continuar capacitando al personal del Poder Judicial, se realizó el taller “Análisis y resolución de casos en que se involucren derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad”, el cual fue impartido por el Mtro. Carlos Luis Escoffié Duarte.
En el taller se enfatizó las acciones que deben realizar los jueces y las juezas a partir de que se realizó la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio del 2011.
Dentro los temas que se analizaron fueron: los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el contenido del principio del interés superior, sus mitos y alcances, así como, casos emblemáticos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se analizó el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad.
Cabe mencionar que el Mtro. Carlos Escoffié es abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán con una maestría en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Carlos III de Madrid. Es consultor y litigante independiente en temas de derechos humanos y derecho constitucional, así como investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán.
+ Se censaron a todos los Tribunales de Justicia de cada entidad federativa, así como a los Consejos de la Judicatura
El Coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Octavio Grageda Guzmán, informó que, al elaborarse el Censo Nacional de Justicia, Colima se encuentra en el primer lugar a nivel nacional al entregar de manera oportuna y puntual la información requerida.
Agregó que se realizó un trabajo coordinado con el personal de Poder Judicial para lograr el objetivo principal, que es informar a la sociedad sobre el tema de justicia, en temas tan importantes como: impartición de justicia, justicia para adolescentes, justicia alternativa, entre otros.
Grageda Guzmán expresó que este Censo de Justicia se realiza desde el 2011, donde el objetivo principal es generar información estadística y geográfica de todos los tribunales de justicia, así como de los consejos de la judicatura que se encuentran en cada entidad federativa, a fin de vincular dicha información en el quehacer gubernamental para el diseño y evaluación de políticas públicas de alcance nacional referidos a estos temas de interés.
Manifestó que aunado a este censo, INEGI está realizando los Censos Económicos a nivel nacional, donde participan establecimientos con actividad económica, así como oficinas de gobierno, señalando que esperan captar alrededor de 40 mil establecimientos a nivel nacional.
El Coordinador estatal de INEGI manifestó que esta información de los Censos Económicos también servirá para elaborar políticas públicas a nivel estatal y municipal.
Finalmente reiteró su agradecimiento y apoyo al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana y a todo el personal, por la facilidades y buen trabajo que se realizó para cumplir los objetivos planteados en el Censo Nacional de Justicia.
El Magistrado Presidente, asistió a la colocación de la primera piedra del cuartel general de la 20/a. Zona Militar, un batallón de infantería y su unidad habitacional. También estuvieron presentes, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez colocaron la primera piedra de lo que serán las nuevas instalaciones de la 20ª Zona Militar, que tendrá una inversión aproximada a los 370 millones de pesos y se entregará el próximo 31 de octubre. Acompañados por autoridades civiles y militares, el Mandatario detalló que la superficie del predio, ubicado en la autopista sentido Manzanillo-Colima, a la altura de Loma de Fátima, consta de 62.7 hectáreas. Indicó que se construirá un Cuartel General, un Batallón de Infantería y una Unidad Habitacional, con 90 viviendas, en beneficio de 550 militares. En entrevista al término del acto, Salvador Cienfuegos calificó como histórico el evento, cuya reubicación de la Zona Militar cambiará la realidad en el estado. Además, indicó, ello permitirá seguir buscando las formas en coordinación con los gobiernos, de mejorar las condiciones de vida de los soldados y sus familias.
El Poder Judicial presentó el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, impartido por la Mtra. Laura García Velasco.
Durante su intervención expuso algunos casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que aplicó la perspectiva de género. Cabe señalar que este evento se realizó en colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro”.
Además, se realizó el curso-taller “Herramientas de actuación para quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes”.
Donde la psicóloga, Patricia Hernández y la trabajadora social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, Nizeth Díaz, así como, Nancy Lau, coordinadora general del CEPAVI abordaron los temas de sensibilización, raport y técnica de entrevista. Además, el Director de Vinculación Institucional, Francisco Castellanos y el Subdirector de Factibilidad, respectivamente, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Joaquín Torres; explicaron la Política de la Infancia en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la protección especial.
El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, asistió a la Sesión Solemne del H. Congreso del Estado de Colima donde se entregaron reconocimientos a mujeres destacadas del estado de Colima.
El Congreso del Estado entregó a Adriana León Arana la presea “Rafaela Suárez”, por su trayectoria en las artes; la presea “Susana Ortiz Silva” la recibió Arcadia Cruz Ramos, por su labor en el Trabajo social, obras asistenciales y filantrópicas, y la presea “Juana Urzúa” fue para Sara Lidia Pérez Rubalcaba, por su trayectoria en el campo de las Ciencias.
La Presea “Celsa Virgen Pérez” se le entregó a la Karla K. Kral, por su trayectoria destacada en el campo de la Pedagogía; la Presea “Marta Dueñas González” la recibió Mayrén Polanco Gaytán, por su labor dentro del servicio público; la presea “Concepción Barbosa de Anguiano” la recibió María del Socorro Rivera Carrillo, por su trayectoria en el ámbito político del Estado.
Por su desempeño en las letras y la literatura, la presea “Griselda Álvarez Ponce de León” fue para Verónica Zamora Barrios; la Presea “Amalia Gaytán de Aguilar” le recibió Irene del Carmen Fernández Bernal, por su labor en el ámbito empresarial, y la “Sara Martínez Pizano” le fue entregada a Mirna Macías González, por su destacada labor en el desarrollo rural.
El Poder Judicial a favor de que el imperio de la ley prevalezca: STJE
El Magistrado Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, tomó protesta como parte del comité coordinador del sistema de anticorrupción del estado de Colima, junto con la titular del OSAFIG, Indira García Pérez, la contralora del estado, Agueda Catalina Solano Pérez y Rocío Campos Anguiano, presidenta del INFOCOL.
El Magistrado Presidente expresó que la corrupción no es un problema que solamente se da a nivel nacional, sino también, por lo que el Poder Judicial se suma a las acciones para combatirla. Expresó que con este comité “Se atiende a una demanda de la sociedad, una demanda básica de todos los actores sociales, para luchar contra un problema, que afecta no solo a la sociedad mexicana, sino a toda la sociedad en general”.
Agregó que la corrupción trasgrede las instituciones de los estados, porque de una forma u otra se vincula con la delincuencia transnacional principalmente, por lo que se convierte en un problema internacional y es necesario unir esfuerzos para poder combatir este flagelo.Finalmente manifestó que lucrar con la justicia es algo inaceptable, por eso para el Poder Judicial es grato participar en este comité, con el ánimo de que el imperio de la ley prevalezca y de hacer que las resoluciones judiciales, que las sentencias que rigen los órganos jurisdiccionales, den verdaderas cátedras de derecho y de impartición de justicia.
Con la finalidad de garantizar la transparencia en el Poder Judicial del Estado de Colima, la Dirección de Planeación y Vinculación Institucional, hizo entrega de la primera etapa para el Censo de Impartición de Justicia estatal edición 2019 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores (CONATRIB), con la finalidad de tener la primera “radiografía” y dar cuenta la situación actual del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.
En este contexto, la directora de Planeación y Vinculación Institucional, Cinthya Georgina Hernández Alcaraz, manifestó a nombre del Magistrado Presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana que existe plena disposición de continuar colaborando para que se lleve a cabo el objetivo principal del censo.
“Agradecemos todas las atenciones brindadas por el Ing. Jaime Vallejo y el Lic. Sergio Heredia Rodríguez, enlaces de gobierno de INEGI para contestar oportunamente lo solicitado y que sepan que estamos en la mejor disipación para seguir trabajando de manera eficiente”, puntualizó Hernández Alcaraz.
Quien además agradeció y reconoció la participación de los órganos jurisdiccionales y personal administrativo del Estado de Colima, a fin de dar cumplimiento al compromiso de otorgar la información solicitada por parte de INEGI.
De igual manera, Jaime Vallejo, quien es enlace de gobierno de INEGI, agradeció la disposición con la que se ha contado por parte del Poder judicial para atender el Censo de Impartición de Justicia 2019.
Por lo que, a nombre del coordinador estatal de INEGI, Octavio Grageda Guzmán agradeció todas las facilidades que otorga el Magistrado Presidente, Bernardo Salazar, y la Directora de Planeación y Vinculación Institucional, para llevar a cabo el censo de impartición de justicia a nivel nacional.
El STJ reconoce la labor quienes imparten justicia: Magistrado Presidente
El día de hoy, hacemos un reconocimiento a la valiosa labor que realizan quienes imparten justicia. Celebramos con beneplácito esta fecha tan significativa, pues el 07 de marzo de 1815, en Ario de Rosales, Michoacán se instauró el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana; legado que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia retomó en noviembre del 2008, para que cada 07 de marzo se reconociera la figura de los jueces y las juezas, y se refrendará así, su compromiso ético y social en el ejercicio de la función jurisdiccional. Quienes impartimos justicia, sabemos la importancia que reviste la figura de los y las juzgadoras en la sociedad; ya que, a través de cada una de sus sentencias ratifican la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones del Estado, pues por mandato constitucional, le corresponde al Poder Judicial la preservación del derecho y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Somos, las y los juzgadores, quienes en todo momento debemos demostrar nuestro compromiso para con el Estado de Derecho, en la búsqueda de la materialización de la Justicia, porque éste al ser el valor rector de la función que desempeñamos, nos exige reforzar el respeto al orden jurídico y a los valores socialmente establecidos.
La Justicia, no se afianza en las normas jurídicas, sino en las aptitudes éticas, técnico-jurídicas y profesionales de cada uno de nosotros. Por ello, para ejercer la función jurisdiccional no basta con el cumplimiento de los requisitos o el procedimiento de selección, ambos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Esto es así, porque los jueces y las juezas no ejecutan mecánicamente las normas, sino que en su calidad de servidores y servidoras públicas asumen la loable labor de responder a las necesidades sociales, a través de la administración de justicia, al tiempo que, conservan la sensibilidad para brindar un servicio de calidad a quienes ejercen su derecho de acceso a la justicia. Quienes integramos el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reconocemos en cada uno de ustedes los valores, las aptitudes y los principios indispensables para desempeñarse de manera pertinente ante la sociedad, en el ambiente interno institucional y, propiamente, en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Las y los juzgadores no pueden quedar inertes frente al dinamismo que presenta el Derecho. La realidad social es versátil y los constantes cambios en el orden jurídico son muestra de ello. En este tenor, resulta un imperativo la actualización y la capacitación, para cumplir con un deber institucional y una exigencia social; toda vez que, se reitera, la confianza que la ciudadanía tiene en el Poder Judicial depende en gran medida del desempeño de quienes ejercemos la función jurisdiccional.
Se reconoce la labor que ustedes realizan, pues al momento de juzgar tienen presente la diversidad de formas de vida y los valores sociales, siempre en un marco de respeto a los derechos humanos. Esto coadyuva en la construcción de un Poder Judicial cercano a la gente, en que se observen, entre otros, los principios de independencia e imparcialidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que es imprescindible la vigencia de la independencia, para que jueces y juezas contribuyan de una manera efectiva al acceso a la justicia. Por ello, no podemos soslayar el papel que desempeñan en un país democrático como el nuestro. La independencia se materializa al evitar que los intereses que no son compatibles con la actividad jurisdiccional, influyan en sus decisiones; se les respeta su margen de apreciación a la luz de las disposiciones que les rigen, sin que ello implique eximir del cumplimiento de la Constitución, la Ley y los tratados internacionales.
Esto es así, porque como lo refiere el Estatuto del Juez Iberoamericano, la independencia no debe ser visibilizada como un privilegio para quienes ejercen la función jurisdiccional, sino que se estatuye “como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible”. Por otra parte, la imparcialidad es una condición indispensable en el ejercicio de la función jurisdiccional y evidente para la ciudadanía, pues implica resolver con base en los hechos y el derecho, sin considerar estereotipos o prejuicios, y con una visión transformadora de la sociedad en la que vivimos. Por lo anterior, es fundamental no obviar los efectos de las sentencias; pues por un lado, el efecto directo repercute en las partes involucradas en el proceso, así como, en su círculo más cercano; y un efecto indirecto, redunda en los referentes sociales, adelantándose el Derecho a la moral social de la época. Esto es así, porque el Derecho es una herramienta transformadora, y a través de la actividad jurisdiccional se coadyuva al mejoramiento de la sociedad.
Anhelamos, pues, que el Derecho utilice su potencial transformador en garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, o en términos de lo que Alda Facio señala, repensar el derecho y su función social, desplazando los modelos económicos, sociales y políticos hacia una convivencia humana basada en la aceptación de la otra persona como una legítima otra y en la colaboración, como resultante de dicho respeto a la diversidad.
Dejo a la reflexión el ideal de Don José María Morelos y Pavón, “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario”.
inscribe en esa tradición y por ello su trabajo será analizado y revisado desde una perspectiva histórica.
El Magistrado Presidente, Bernardo Salazar Santana, asiste al informe de rendición de cuentas 2017 del director del Instituto Tecnológico de Colima (ITeC), Saturnino Castro Reyes, donde destaca que la institución ofrece un servicio educativo de calidad a la sociedad Colimense y a México.
“La calidad educativa sigue siendo una de nuestras prioridades, por lo que en el año 2018 se buscará que todos los programas susceptibles de acreditar obtengan el certificado correspondiente”, reiteró el director del Instituto Tecnológico de Colima.
