Autor: desarrollo_tecnologico

Colima por encima de la media nacional en la consolidación del Sistema de Justicia Penal: Magistrado Presidente del STJE

Rinde su tercer informe de labores

La autonomía es vital para la consolidación de nuestro sistema republicano de gobierno y para el fortalecimiento de este poder: Gobernador

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Comparezco ante este honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para dar cuenta de las actividades realizadas durante el Año Judicial 2018-2019, en cumplimiento con los artículos 27, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y el 28 del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia.

La visión del Poder Judicial del Estado es consolidarse como una institución encargada de impartir justicia, cumpliendo cabalmente con los principios establecidos en nuestro orden constitucional. Estos principios, en suma, están dirigidos a la eficiencia y eficacia del servicio jurisdiccional para garantizar el respeto a los derechos individuales y sociales.

Este gran propósito institucional se inserta en un contexto de austeridad republicana. Muestra de ello, es el informe que hoy se rinde en este recinto judicial y que resume las actividades realizadas por el Pleno, esta Presidencia, los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia, las áreas administrativas y el Voluntariado, así como del ejercicio eficiente del gasto público.

Informar, es un deber de toda autoridad. El dar cuenta de las actividades dentro del servicio público, así como del ejercicio de los recursos, se inscribe dentro de la ética republicana y dentro de la labor de toda autoridad, de cualquier orden y nivel de gobierno, en el sentido de garantizar el derecho humano de la sociedad a la información, con objetividad y transparencia.

El acto de informar, no tiene por qué ser un evento para el lucimiento personal, sino para iniciar un ejercicio de evaluación y avance en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Resultaría imposible sintetizar en una simple lectura todo el esfuerzo realizado a lo largo del periodo por quienes integramos el Poder Judicial del Estado. Por ello, este mensaje sólo atiende algunos comentarios que considero pertinentes.

En el periodo que se informa, la Segunda Instancia resolvió el siguiente número de tocas: la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil 831 asuntos, la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 345 y la Segunda Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 275. Por su parte, los órganos jurisdiccionales de primera instancia registraron un total 19 mil 729 expedientes iniciados y concluyeron 10 mil 770 asuntos en las materias civil, familiar, mercantil y penal; en tanto, los Juzgados Mixtos de Paz iniciaron 3 mil 902 asuntos en las mismas materias. Por lo que corresponde al Centro Estatal de Justicia Alternativa, inició 2 mil 349 procedimientos de mediación y conciliación.

Hago una pausa en el rubro del Sistema Penal Acusatorio, un tema medular que incide en la procuración y administración de justicia, que además está considerado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030.

El más reciente ranking nacional de avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal del Programa México Evalúa, indica que Colima pasó del lugar 24 que tenía en el 2017, con 223 puntos, al lugar 16 con 363 en el 2018, posicionando al Poder Judicial del Estado por encima de la media nacional.

Por sí solo, este dato refleja una paulatina consolidación del sistema, y un avance gradual y sostenido en su funcionamiento correcto.

Para atender una cuestión de suma importancia, que ha incidido en la imagen de la labor que realizan jueces y juezas del Sistema Penal Acusatorio, resulta conveniente precisar lo siguiente:

De octubre de 2018 a septiembre de 2019, 1 mil 057 carpetas han sido judicializadas, y, dentro de esas causas, se han concedido 341 medidas de prisión preventiva justificada y se han impuesto 195 oficiosas; esto es, por cada prisión preventiva oficiosa que se impone, se dictan 1.74 justificadas.

En una interpretación exacta de este dato, tenemos que las juezas y jueces de control, no eludimos la responsabilidad de evitar la impunidad, pero si exigimos, en respeto a los Derechos Humanos, que las solicitudes estén debidamente sustentadas; cuando la instancia previa actúa de manera correcta y conforme a la legalidad, atendemos oportunamente, como en estos casos, los planteamientos que nos formulan.

De las 922 causas terminadas, se dictó sentencia condenatoria en el 93% de los procedimientos abreviados, esto es, 314 asuntos; y, en el 76% de los asuntos que se fueron a audiencia de juicio oral, que representaron 59 sentencias, se concluyó con condena para los enjuiciados.

Sólo el 45% de las causas judicializadas esto, 413 casos, concluyó en una salida alterna como la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. El 37% concluyó en procedimiento abreviado

De las 294 órdenes de cateo que fueron solicitadas, se concedieron 242; esto es, cerca del 83%.

De las 95 órdenes de aprehensión requeridas se otorgaron el 86%, esto es, el equivalente a 82 concedidas y solo 14 negadas.

Una vez más, se advierte que éste Poder Judicial, responde con oportunidad a las instancias investigadoras cuando hacen planteamientos sustentados en Derecho.

Reitero, este poder colaborará con el Ministerio Publico, con instituciones investigadoras y de procuración de justicia, en la medida en que las carpetas de investigación estén debidamente integradas y exista pertinencia en los medios de prueba, actividad que en sentido estricto solo nos corresponde vigilar y controlar, para que estas instituciones, hagan su trabajo en el marco de la ley.

Insisto en este punto, pues en algunos momentos he leído expresiones de autoridades de seguridad pública señalando que ellos aprehenden delincuentes y nuestras juezas y jueces los dejan escapar.

Tal sentencia está fuera de la realidad y elude la responsabilidad de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración de justicia, pues su labor no es sólo la de capturar presuntos delincuentes, sino también la de acreditar que actuaron conforme a la ley y los protocolos, que respetaron derechos humanos y que, efectivamente hubo la realización de un ilícito, mientras que la labor de quienes impartimos justicia es determinar la validez jurídica de tal actuación.

Tal es el principio republicano que nos rige y, cómo se comprueba con estas cifras, jueces y juezas están cumpliendo con su responsabilidad.

Continuando con la actividad jurisdiccional, es importante analizar la situación en materia familiar. El número de asuntos iniciados han aumentado a 10 mil 231, lo que implica un incremento del 8% con respecto al 2017 y de un 3.53% con relación al 2018. El número de órdenes de protección emitidas por el Juzgado Auxiliar en Materia Familiar ascendió a 1 mil 266.

La mayoría de estos asuntos son controversias del orden familiar respecto a divorcios, custodias, convivencias, pensión alimenticia y órdenes de protección.

Este número tan grande nos muestra la realidad que vivimos como sociedad y, como autoridades, esa realidad nos reclama que, sin dejar de poner atención a los asuntos penales, si dirigamos nuestra vista al fortalecimiento del núcleo familiar, porque, de no hacerse, ahí inician los problemas antisociales.

Vale comentar que Los esfuerzos jurisdiccionales se han realizado con una proporción menor, mucho menor incluso, al estándar ideal del número de jueces y juezas en relación con el número de habitantes.

Si tomamos como base el Índice Global de Impunidad México 2018, donde se anotan 16 como el número ideal de jueces para la base estadística poblacional, en el caso de Colima contamos tan sólo con 6 juezas o jueces por cada 100 mil habitantes, lo que da una idea del grado de compromiso y de la eficiencia de los integrantes del Poder Judicial de Colima, aún considerando los incrementos en el número de asuntos que atendemos.

Durante el presente Año Judicial, se tomó protesta a diez jueces y juezas del Sistema Penal Acusatorio, como resultado de un concurso de oposición realizado en el 2017. En el primer semestre de este año se emitió una convocatoria abierta para ocupar la titularidad de tres Juzgados en las materias Civil, Familiar y Mercantil.

Al respecto, los concursos de oposición persiguen un fin constitucionalmente válido que es la mejora en el sistema de impartición de justicia, precisamente a través de un procedimiento legal y transparente ―como lo es el concurso de oposición― que permite la selección de las personas aptas e idóneas para ejercer adecuadamente la loable función de impartir justicia.

En la realización de estos concursos, se ha dado cumplimiento cabal a los criterios establecidos en los Sistemas Universal e Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos.

De esa forma, se garantizó la igualdad de oportunidades para ingresar al Poder Judicial con la publicación de convocatorias abiertas y fueron seleccionas personas íntegras e idóneas, así como dotadas de la formación jurídica pertinente, a través de mecanismos objetivos y razonables, dadas las exigencias propias de la función que desempeñarán.

Aún cuando en este concurso no se pudo obtener un resultado que permitiera la selección de tres impartidores de justicia, esta presidencia mantendrá la exigencia en los criterios para seleccionar, mediante concurso de oposición, a juezas y jueces que reúnan no solo las cualidades profesionales, técnicas y de conocimiento del perito en derecho; sino además de personas que tengan las virtudes éticas y capacidades intelectuales necesarias para saber distinguir y dar a cada quien lo que le corresponde.

Un principio esencial del quehacer jurisdiccional es la independencia, la cual se actualiza en la medida en que jueces y juezas dictan sus resoluciones con apego a la Constitución, los tratados internacionales y la ley, siempre con respeto a su margen de apreciación.

Un aspecto fundamental es que, quien juzga, debe evitar situaciones que no resulten compatibles con su función o que puedan comprometerle e influir en sus decisiones.

Por ello, el juzgador o la juzgadora debe ser un profesional íntegro, cuyo comportamiento aliente la confianza en la Institución, para que frente a la sociedad se identifique al Poder Judicial con un desempeño confiable y honorable.

El Poder Judicial del Estado está comprometido con la cultura de la paz social y la estabilidad institucional.

Al respecto, es importante mencionar que el Centro Estatal de Justicia Alternativa inició 2 mil 349 procedimientos de mediación y conciliación. De igual forma, certificó a 59 especialistas en procedimientos de justicia alternativa, con el propósito de que coadyuven a que la ciudadanía resuelva sus conflictos a través del diálogo.

Permítanme mencionar, como una actividad importante para el Poder Judicial, la labor que a través del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Patios del Ferrocarril de esta ciudad de Colima, realiza el voluntariado bajo la Dirección de mi esposa Alma Lorena Orozco de Salazar.

En este centro, se atiende a 60 mujeres quienes acuden a desarrollar alguna actividad o a participar en talleres de manualidades que les son útiles, como apoyo al ingreso familiar, por lo cual tienen a su disposición máquinas de coser, horno y demás insumos de cocina y herramientas para diversos oficios.

A través del voluntariado, se ha participado en eventos de apoyo a la comunidad encabezada por el DIF Estatal, asi como en la colecta Anual de la Cruz Roja, en el programa Abriga a Personas Adultas mayores, del IAAP, Festivales navideños y de reyes, así como el programa Cenando y Acompañando, de la Casa de Asistencia Social Gabilondo Soler.

Agradezco el tiempo y disposición de mi señora esposa, para que el poder judicial de colima muestre un rostro humano y solidario con las personas que pos sus condiciones personales, son altamente vulnerables.

Al mismo tiempo, le reitero a la señora margarita moreno de noriega, la voluntad de mi esposa y la disposición de esta presidencia de seguir coadyuvando con en sus tareas en favor de los mas necesitados.

El Poder Judicial del Estado de Colima es consciente del papel más activo que tiene la sociedad en los asuntos públicos, característica particular del denominado gobierno abierto.

Por ello, durante el presente Año Judicial esta Institución, como garante de los derechos humanos, confirmó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales.

Con el propósito de materializar el compromiso con el mecanismo de legitimación que tienen los Poderes Judiciales, en sesión de Pleno se aprobaron los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de las Sentencias.

Estos lineamientos establecen los criterios para que los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia publiquen la versión pública de todas las sentencias que han causado estado, con la supresión de los datos personales.

Con lo anterior, se garantiza el acceso a la información a través de la consulta de la versión pública de las sentencias, al tiempo que los datos personales son protegidos.

En el mismo rubro, el de transparencia, destaca la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo al que le fue remitida información relativa a la labor jurisdiccional, y dada su entrega oportuna, el Poder Judicial del Estado fue ubicado en el primer lugar en todo el país en el Censo Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal 2019.

En esta visión de gobierno abierto, quienes nos encargamos de esta loable labor que es la de administrar justicia, no omitimos la realidad social, cultural y económica en la que vivimos.

Integramos un cuerpo de funcionarios públicos consciente de que las aportaciones ciudadanas apoyan el mejoramiento de la administración de justicia. Con ello, brindamos un servicio público inclusivo.

En el marco de la firma del convenio con el Instituto Colimense para la Discapacidad, fue establecido un módulo de atención al público bajo el esquema del protocolo de actuación incluyente.

El propósito fue garantizar la accesibilidad física de las personas con discapacidad en el edificio principal.

Se trata de un reto considerable, pues dicho edificio fue construido en la época de Doña Griselda Alvarez, hace casi 40 años, esto es, antes de las consideraciones actuales en torno a la accesibilidad; por ello carece de la infraestructura idónea para considerarse verdaderamente como un espacio incluyente incluyente.

A pesar de nuestros esfuerzos, sin embargo, no se ha incorporado un ascensor o una rampa al interior del edificio que permita una movilidad a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas; ello, en virtud de que se carece de presupuesto para realizarlo.

De hecho, desde hace varios años no se ha invertido en la edificación o mejora integral del edificio principal del Poder Judicial del Estado ni mucho menos, se ha encontrado eco, ya no digamos compromiso institucional con la administración de justicia, para construir una ciudad judicial en donde pueda brindarse el servicio de administración de justicia con calidez. La última inversión importante de obra pública en infraestructura física para el Poder judicial, corresponde a la construcción del auditorio externo y el Centro de Estudios Judiciales, por un monto, por parte del Poder Ejecutivo, de 2 millones 541 mil 196 pesos y por parte de esta Institución de 1 millón 266 mil 953 pesos; lo cual se hizo en el gobierno del Lic. Fernando Moreno Peña.

Las demás construcciones y adecuaciones realizadas corresponden, por ejemplo, a las sedes del Sistema Penal Acusatorio y de otros espacios externos al edificio principal; inversiones que, necesariamente, debían hacerse en razón de la entrada en vigor del Sistema Penal Adversarial.

Durante el Año Judicial que se informa, se subraya como inversión la sustitución del cableado eléctrico del edificio principal para eficientizar las actividades jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos, sistemas que han comenzado a implementarse en la Institución y que se inscriben en la política de austeridad vigente en el país.

Entre los retos venideros para este Poder Judicial, destaca el relativo a la justica laboral, la cual se inserta en la Reforma Constitucional del 24 de febrero del 2017, que incorpora a los tribunales laborales a la estructura de los poderes judiciales locales. En tanto, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019 establece en sus transitorios un plazo de tres años para la debida transición de la materia laboral a la estructura judicial.

Al respecto, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral consideró a Colima, junto con 9 estados más, dentro del primer grupo, a efecto de que el funcionamiento de los tribunales laborales inicie para el tercer trimestre del 2020.

Por supuesto, asumimos con la debida diligencia el compromiso de incorporar a los tribunales laborales al Poder Judicial del Estado de Colima.

Sin embargo, el reto no es fácil en virtud de que no se asigna aún el presupuesto necesario para tal desafío.

Por ello, se tome o no, por parte del gobierno del Estado, la decisión de implementar la reforma el siguiente año, como poder judicial seguimos trabajando en el desarrollo de un Sistema de Justicia Laboral eficiente, en aras de dar cumplimiento al plazo establecido.

Para ello, atendimos el requerimiento formulado por la SEGOB a través de la Unidad para el fortalecimiento de los Poderes Judiciales locales, mismo que se formuló en el seno de la CONATRIB, para presentar el monto al que asciende la implementación de la reforma en el ámbito del Poder Judicial de Colima. La propia SEGOB nos ha comunicado que la necesidad financiera planteada por este Poder, y, por los demás poderes judiciales de las otras entidades federativas, se incorporó en el Proyecto de Presupuesto elevado por el Gobierno Federal a la Cámara de Diputados.

De prosperar este planteamiento de las segob dentro del presupuesto federal, el poder judicial del estado de colima implementaría los tribunales laborales, para hacer frente al compromiso constitucional, aun cuando estos entraran en operación hasta que el ejecutivo haga lo propio con el centro de conciliación que estará bajo su competencia.

Esta Presidencia insiste en el reconocimiento de la autonomía financiera para el Poder Judicial del Estado, como un eje rector que ha comenzado a gestarse en el Poder Judicial de la Federación, y que resulta indispensable para la materialización de las premisas de un Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho.

Esta autonomía financiera es vital para la consolidación de una división efectiva de poderes, dotada de un sistema de frenos y contrapesos que, en su conjunto, consolide el reconocimiento de los derechos de la sociedad y fortalezca la legitimación social de este Poder Judicial.

Sabemos de las dificultades financieras de la administración estatal.

Sabemos también del esfuerzo que está realizando el Gobernador del Estado y el propio congreso estatal para lograr el necesario equilibrio financiero y para contar con los recursos disponibles para atender temas urgentes y de gran demanda social.

Nuestro reconocimiento por ese esfuerzo para los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero al mismo tiempo consideramos impostergable dotar al Poder Judicial del Estado de una auténtica independencia financiera.

Sabemos que no es sencillo, que se arrastran dificultades acumuladas, pero también sabemos que una reforma de este tipo seria histórica y colocaría a nuestra entidad a la avanzada en materia republicana en el país.

Por ello, en su momento, expresamos nuestro beneplácito al interés de un legislador local, en buscar mediante una iniciativa de reforma constitucional las bases fundamentales que garanticen esa independencia financiera del Poder Judicial. Confiamos en que dicha iniciativa del Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, encuentre eco en las señoras legisladoras y en los señores legisladores de la LIX Legislatura del Congreso del Estado.

Señor Gobernador:

En mi calidad de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, reconozco su interés porque este Poder Judicial responda a la necesidad de la sociedad por hacer del servicio de administración de justicia una auténtica garantía para que sea efectivo el derecho humano de acceso a la justicia.

Este Pleno reconoce su vocación republicana y en consecuencia su irrestricto respeto a la soberanía de este órgano y a la división de poderes.

En estos años, con usted hemos entablado un diálogo institucional y de colaboración que ha posibilitado, dentro de todas las limitaciones presupuestarias, la atención de las necesidades del Poder Judicial.

Aspiramos a seguir construyendo dentro de esta relación, mejores formas que posibiliten la atención de las necesidades de justicia de las personas que acuden a los órganos del Poder Judicial para encontrar una solución a sus problemas.

Usted es un hombre con visión de estadista y, por lo tanto, sabe que los jueces y LAS juezas del Poder Judicial, al emitir sus sentencias, ejercen la soberanía del Estado; y como tales, como hombres y mujeres de Estado, no podemos actuar con base en ocurrencias o ideas preconcebidas, sino con la visión de hacer prevalecer las instituciones públicas y el Estado de Derecho.

Pero insistimos, si la justicia a cargo de los Poderes Judiciales falla, de nada sirve tener escuelas equipadas con los avances de la ciencia, centros de salud de alto nivel de especialización ni centros de inteligencia policial de vanguardia.

Señor Gobernador, los magistrados y magistradas que integramos este Pleno, le garantizamos a la sociedad colimense el trabajo de hombres y mujeres, en todas las categorías, con un alto sentido de responsabilidad y vocación de servicio, con un nivel de profesionalismo óptimo y dispuestos a poner toda su capacidad para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia; y aun cuando no tengamos las mejores condiciones materiales para desarrollar nuestro trabajo, sí tenemos la voluntad, la preparación y la disposición para hacerlo.

Somos el último bastión al que acude la ciudadanía cuando no puede resolver sus problemas.

Somos, además, una institución inscrita en la cultura de paz, del orden social y de la vigencia del Estado de Derecho.

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para con la sociedad, cumpliendo con un ideal que nace desde la constitución misma de nuestra nación y que por el talento de José María Morelos y Pavón se expresó de la siguiente forma:

“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.

Muchas gracias por su amable atención.