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Pese a la pandemia, avanza la impartición de justicia en Colima
La contingencia por el SARS-CoV-2 visibilizó la realidad a la que se enfrentan los Poderes Judiciales en términos de Justicia Digital. Hay coincidencia en la necesidad del tránsito del papel a la incorporación de trámites electrónicos en el quehacer jurisdiccional como garantía de justicia más pronta y expedita.
Así lo señaló el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Bernardo Alfredo Salazar Santana, al rendir su Cuarto Informe de actividades realizadas durante el Año Judicial 2019-2020.
En el auditorio Carlos de la Madrid Béjar, y ante la presencia de magistrados integrantes del H. Pleno del STJE y del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, Bernardo Salazar, afirmó que se ha desarrollado el Plan de Modernización del Poder Judicial del Estado, a efecto de incorporar las tecnologías en los procesos jurisdiccionales y administrativos.
Destacó que para llevar a cabo el expediente electrónico y los juicios en línea, se requiere de recursos financieros adicionales y reformas legales.
Dijo que en los próximos dos años se comenzará a transitar hacia una plena Justicia Digital.
Mencionó que para hacer frente a la contingencia, desde un principio se establecieron medidas para dar trámite a aquellas situaciones prioritarias y urgentes en las materias familiar y penal, tanto de primera como de segunda instancia.
El presidente del STJE destacó que en el período que se informa, la Segunda Instancia resolvió el siguiente número de tocas: la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil 664 asuntos, la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 135 y la Segunda Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes 185.
Por su parte, los órganos jurisdiccionales de primera instancia registraron un total de 12 mil 602 expedientes iniciados y concluyeron 9 mil 076 asuntos.
En materia civil se iniciaron 1 mil 418 y se concluyeron 843; de 5 mil 127 que se iniciaron en materia familiar, se concluyeron 3 mil 127.
En materia mercantil, 5 mil 157 se iniciaron y se concluyeron 3 mil 544; del Sistema Penal Tradicional se han concluido 1 mil 101 causas y en el Sistema Penal Acusatorio, se judicializaron 828 causas de las que 461 se concluyeron.
Subrayó que el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección dictó 1 mil 189 órdenes de protección. Los Juzgados Mixtos de Paz iniciaron 3 mil 896 asuntos en las mismas materias.
Por lo que corresponde al Centro Estatal de Justicia Alternativa, inició 1 mil 264 procedimientos de mediación y conciliación, de los cuales concluyeron con un convenio 252 asuntos.
Informó que durante los meses de marzo a septiembre del presente año, Magistradas y Magistrados integrantes de las Salas Primera y Segunda Penal elaboraron en conjunto 209 proyectos.
De ellos, 82 fueron relativos a solicitudes de la Fiscalía General del Estado y 127 relacionados con causas susceptibles de prescripción.
El presidente del STJE explicó que del 18 de marzo al 29 de junio del presente año, período durante el cual se trabajó a puerta cerrada, con guardias, o desde sus casas, y dentro del cual estuvieron suspendidas las actividades judiciales, así como los plazos y términos, los órganos jurisdiccionales de los tres partidos judiciales, en sus distintas materias siguieron trabajando.
Realizaron 9 mil 765 acciones con carácter urgente, 12 mil 806 no urgentes y 16 mil 777 acciones que van desde la reprogramación de audiencias hasta la elaboración de acuerdos y proyección de sentencias. Dentro de las jornadas de notificación se llevaron a cabo 7 mil 111 notificaciones en primera y segunda instancia; y las Oficialías de Partes recibieron 1 mil 014 demandas y 4 mil 792 promociones.
Salazar Santana indicó que al reanudarse las actividades con los protocolos de salud establecidos para evitar contagios, al cierre del Año Judicial que se informa, se invirtieron 390 mil 011 pesos con 65 centavos, para la modificación de ciertos espacios del Poder Judicial del Estado en los distintos Partidos Judiciales.
Esas medidas adoptadas han permitido que desde la reanudación de las actividades, se hayan podido celebrar 1 mil 412 audiencias confesionales, testimoniales, juntas de peritos, escucha y entrevista de infantes, entre otras.
Se redujo al mínimo las posibilidades de contagio al permitir que la actuación judicial se desahogue guardando la sana distancia, con cubrebocas y caretas puestos, así como, esterilizando los espacios tanto al inicio como a la conclusión de la audiencias.
Asimismo, se invirtieron 664 mil 937 pesos con 69 centavos en adquisición de diversos tipos de materiales e insumos necesarios para la protección del personal y de usuarios de los servicios.
Lo mismo en barreras de acrílico, arcos detectores de metal y temperatura, además de equipo y herramientas tecnológicas para el desahogo de audiencias.
Bernardo Alfredo Salazar destacó la importancia de la Justicia Alternativa que fomenta una convivencia social armónica y la cultura de paz, en la medida en que se promueve el diálogo entre las partes para que sean ellas quienes construyan la solución a su conflicto.
Por ello, aseguró que “seguiremos fortaleciendo al Centro de Justicia Alternativa como un ente restaurador de las relaciones, a través de medios de solución de conflictos entre la sociedad colimense, tal como lo dispone la Ley de Justicia Alternativa del Estado”.
Afirmó que el Poder Judicial del Estado sigue trabajando en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, muestra de ello es el más reciente ranking nacional de México Evalúa, en el cual Colima ascendió del lugar 16 al 15, pasando de 363 puntos en el 2018 a 434 puntos en el 2019.
Mencionó el Modelo de Indicadores que se aplican desde el mes de enero del presente año, lo que ha permitido identificar cómo estamos trabajando y no sólo en lo que se está trabajando, y de esta manera evaluar el Sistema Penal Acusatorio y el desempeño del funcionariado judicial adscrito.
Abundó que en lo que va del presente calendario se han hecho 3 evaluaciones arrojando los siguientes resultados.
Respecto a los indicadores generales del Sistema Penal Acusatorio que miden el fortalecimiento del mismo, el procedimiento abreviado, el cumplimiento del acuerdo reparatorio y el de la suspensión condicional son las formas de terminación más frecuente.
Los delitos mayormente judicializado son contra la salud, robo calificado y equiparado, violencia intrafamiliar, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y lesiones dolosas.
Las medidas cautelares impuestas con mayor frecuencia son la prisión preventiva tanto justificada como oficiosa, así como la presentación periódica ante el Juez.
En cuanto a la duración promedio de las audiencias, la inicial en promedio dura 68 minutos, la intermedia 33 minutos, ante el Juez de Control 35 minutos y ante el Juez del Debate, 57 minutos.
Ponderó que hay una efectividad del 89.49% respecto de las promociones recibidas y las acordadas, el tiempo promedio para acordar es de 11 días.
Por otra parte, resaltó que sigue comprometiéndose con el tema de Gobierno Abierto, por ello, es de destacarse la obtención del primer lugar a nivel nacional, por segundo año consecutivo, en la remisión oportuna de los datos cuantitativos sobre impartición de justicia estatal al INEGI.
Asimismo, la obtención de las constancias por parte del INFOCOL correspondientes a los trimestres julio a septiembre 2019, octubre a diciembre 2019, enero a marzo 2020 y abril a junio 2020; por el cumplimiento del 100% de la carga de información que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, y que debe estar publicada en el Portal Web del Poder Judicial y de la plataforma nacional del SIPOT.
Salazar Santana puntualizó que en materia de género y derechos humanos, se han realizado diversas capacitaciones en temas relacionados con los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres.
Asimismo, sobre el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia en Contra de las Mujeres en el Estado, dirigido a los enlaces de cada Juzgado encargados de alimentar la correspondiente base de datos.
Informó que para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto aprobado al Poder Judicial del Estado fue de 216 millones de pesos del cual cerca del 72% está destinado a servicios personales.
De ese presupuesto, sólo se han ejercido 174 millones 613 mil 826 pesos con 07 centavos, restando un monto por ejercer de 41 millones 295 mil 345 pesos con 32 centavos.
Recalcó que a la fecha en que se rinde el informe, se han destinado 1 millón 849 mil 083 pesos más al rubro de pensiones y jubilaciones, de modo que el gasto ejercido fue mayor al aprobado.
Añadió que el presupuesto proyectado para la operatividad del cierre del ejercicio del 2020, asciende a 280 millones 834 mil 442 pesos.
“Esta Presidencia insiste en el reconocimiento de la autonomía financiera del ámbito judicial. Desde el seno de la CONATRIB se ha planteado el tema en diversas reuniones con el Senado de la República, con el propósito de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconozca la autonomía presupuestaria de los Poderes Judiciales y así, hacer frente a los nuevos retos que enfrenta el Poder Judicial”, enfatizó Salazar Santana.
Finalmente, aseguró que todas estas acciones en su conjunto, han trazado el camino para seguir construyendo un Poder Judicial cercano a la gente.
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) Bernardo Alfredo Salazar Santana, anunció que con los protocolos de seguridad sanitaria, tal y como se anunció en la circular número 18 del pasado 12 de junio, se abrirán los juzgados y áreas administrativas de atención al público.
Esto al reunirse con las diferentes asociaciones, barras y colegios de abogados vía videoconferencia para informarles que, en la apertura será tomando en cuenta todo lo señalado por las instituciones de salud para evitar que se propague el COVID-19.
Salazar Santana informó que de acuerdo al protocolo de salud se exige evitar aglomeraciones y por lo tanto estarán monitoreando la entrada y salida de las personas que ingresen a las diferentes áreas jurisdiccionales, ya que se exige que en el edificio la capacidad de personas sea el 30 por ciento.
Además puntualizó que se estarán adecuando salas que para desahogar audiencias, civiles, mercantiles y familiares, donde también el ingreso será de poca gente y se aplicará la sana distancia.
En este contexto, dijo, que se continuarán con las medidas de seguridad de higiene, nadie podrá ingresar a las diferentes áreas jurisdiccionales sin cubrebocas, se aplicará el gel antibacterial, se tomará la temperatura y se aplicará un test de salud.
El Magistrado Presidente reiteró que en todo momento desde que se informó que se limitaría la atención al público, los abogados y personal del Poder Judicial continuó con el trabajo jurisdiccional para concluir lo que se tenía pendiente por acordar y por eso se llevaron a cabo las jornadas de notificación.
Finalmente el Magistrado Presidente expresó que, los protocolos se aplicarán en todas las instalaciones del Poder Judicial, en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo.
Ante dicho anuncio, las abogadas Martha Alicia Macías Contreras, Clarisa Llerenas Rodríguez, Vicky Ríos Contreras y los abogados Oswy Delgado Rodríguez, Francisco Vasconcelos Morán, Lucio Álvarez Iglesias , Ángel Duran Pérez, Eduardo Hassam Michel Sánchez, Mario García Solórzano, Ignacio Ávalos Orozco y Pablo Navarrete Zamora, agradecieron al magistrado presidente y a quienes conforman el H. Pleno del STJ la determinación de abrir la atención al público y los juzgados, manifestando su disposición de coadyuvar en lo que se requiera para mejorar las acciones a favor de la justicia.
En la reunión estuvieron presentes el Lic. Oswy Delgado Rodríguez, Presidente de la federación de colegios, barras y asociaciones de abogados del estado de Colima; Lic. Iván Raymundo Cabrera Vázquez, Presidente del colegio de abogados de Manzanillo A.C.; Lic. Enrique Francisco Vázquez Macías, Vicepresidente del colegio de abogados “Lic. Y Profr. Francisco Rivera Contreras A.C.”; Lic. Felix Manzo Llerentes, Presidente del colegio de abogados de Armería A.C.; Licda. Martha A. Macías Contreras, Presidenta del colegio de barras y abogados de Colima y Licda. Verónica Rivera, integrante del Colegio de Abogados de Colima, A.C.
También estuvieron presentes la Licda. Clarisa Deyanira Llerenas Rodríguez, Presidenta del colegio de abogados y pasantes de derecho de Villa de Álvarez, Colima; Lic. Juan Ignacio Ávalos Orozco, Presidente del colegio de juristas en el estado de Colima; Mtro. German Iglesias Ortiz, Presidente de la barra de abogados “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”; Mtro. Ernesto Díaz Guerrero, Presidente del Colegio de abogados “Benito Juárez García”; Lic. Eduardo Hassan Michel Sánchez, Presidente del colegio de abogados de Manzanillo; Licda. Claudia Gutiérrez Martínez, Presidenta de la asociación Manzanillense de abogados; Dr. Rafael Vanegas Campa, Presidente del colegio de doctores en derecho y maestros en ciencias penales; Lic. Mario García Solórzano, presidente del colegio de abogados penalistas de Colima.
De igual manera estuvieron presentes la Licda. Yeimi Bustos Rodríguez, Presidenta de la organización de abogadas líderes del derecho; Lic. Roberto Carlos Álvarez Macías, Presidente del Colegio de abogados “Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos A.C. “; Licda. María Verduzco Méndez, Presidenta del colegio de abogados de Tecomán, A.C.; Lic. Julio Fco. Rivera Quintero, Presidente del colegio de abogados “Lic. Profesor Francisco Rivera Contreras A.C.; Lic. Lucio Álvarez Iglesias, Presidente de la barra de abogados de Colima A.C.; Lic. Pablo Navarrete Zamora; Licda. Virginia Ríos Contreras y Lic. Carlos Macedo Aguilar, Presidente nacional de la confederación de colegios y asociados de abogados de México A.C
El Coordinador de INEGI, Octavio Grageda Guzmán, entregó la constancia de cumplimiento oportuno al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Bernardo Alfredo Salazar Santana por ser a nivel Nacional, el primer Estado que cumple con entregar en tiempo y forma la documentación necesaria para llevar a cabo el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020.
Cabe destacar que este es un censo que se lleva a cabo en todo el estado y el Poder Judicial del Estado de Colima, es el primero en entregar todo lo solicitado. “Dejamos constancia de la entrega oportuna, de los cuestionarios completos que corresponde a este proyecto institucional que genera información de interés nacional”, así lo destacó el Coordinador de INEGI.
De igual manera Alfonso Radillo Contreras, Subdirector Estatal de Estadística INEGI, destacó que a nivel nacional cada año el INEGI realiza este tipo de censo con la intención de informar a la sociedad sobre el tema de impartición de justicia y aun con la pandemia, que ha limitado en muchos aspectos, el Poder Judicial de Colima entregó toda la documentación requerida, logrando así, ser el primero de todos los estados del país en otorgarnos todo lo solicitado, “reconozco el trabajo del personal que labora en el Poder Judicial y facilitaron los medios y todo lo que requerimos”.
El Magistrado presidente manifestó que este tipo de Censos, permiten de manera interna conocer cómo andamos y qué es lo que debemos mejorar, además de ser una tarea que se evalúa a nivel nacional en el seno de la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales).
“Es una responsabilidad que tenemos como Institución y nos sirve para llevar a cabo los objetivos de impartición de justicia local y poder diseñar mejores esquemas, políticas, tareas, que nos permitan mejorar, además a nivel Institucional y en dentro de la política nacional, es un compromiso que tenemos con CONATRIB, de participar en esta tarea, porque lo que se pretende en el seno de esta Comisión Nacional, es fortalecer la justicia local”, expresó el Magistrado Presidente.
A través de la Unidad de Género y Derechos Humanos, el Poder Judicial llevó a cabo a cabo una capacitación vía electrónica, dirigida a las abogadas y abogados del Centro de Justicia para las Mujeres, Instituto Colimense de las Mujeres y Defensoría Pública sobre el “Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las Órdenes de Protección para Mujeres en situación de Violencia en el Estado de Colima”, publicado en el periódico Oficial del Estado de Colima el 16 de mayo del presente año, por parte de Cindy Lizeth Mendoza Torres, Jueza del Juzgado Auxiliar Familiar, del Primer Partido Judicial con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Quien precisó que, el “acceso a la justicia” es esencial para erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando que sea en condiciones de igualdad y no discriminación por razones de género. Y que, las órdenes de protección han sido catalogadas por las Naciones Unidas, como uno de los recursos jurídicos más efectivos puesto a disposición de las mujeres víctimas de violencia.
Agregó que, las órdenes de protección son acciones afirmativas personalísimas e intransferibles, de carácter autónomo y de urgente aplicación para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Se deberán solicitarse “bajo protesta de decir la verdad”, y no dictan ni causan estado sobre los bienes o derechos de los generadores de violencia.
Además, señaló que los particulares u organizaciones de la sociedad civil que asesoren jurídicamente a una víctima que solicite una orden de protección, tiene obligación de darle seguimiento, vigilar que las autoridades involucradas en su ejecución cumplan con sus obligaciones y deberán estar pendientes de su cumplimiento y de manera personal brindar el seguimiento correspondiente.
“En caso de incumplimiento de la orden de protección, deberán informar de inmediato a la autoridad que la emitió. La falta de observancia tendrá como consecuencia la responsabilidad administrativa y penal que al efecto establecen las leyes aplicables, ya se trate de particulares o personas servidoras públicas en el ejercicio de su función”, precisó.
Mendoza Torres explicó que dicho Protocolo surgió del compromiso del Estado Mexicano al suscribir La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) en 1995, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1980, en relación con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que, Gobierno del Estado de Colima consideró necesario contar con un documento integral, que contemplara los mecanismos de actuación que se derivan del marco jurídico internacional, Nacional y Estatal, para que, de forma ágil, sencilla, y coordinada se logre una plena y efectiva protección a las víctimas.
Finalmente, se precisó que es importante que la atención a las receptoras de violencia sea sensible, con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos, resaltando la importancia en que, las abogadas y abogados públicos o privados conozcan el protocolo y les sirva como un mecanismo de actuación para la tramitación de las órdenes de protección, desde la solicitud, el procedimiento, la ejecución y el seguimiento de las mismas.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), entregó constancia al Poder Judicial del Estado de Colima por cumplir al 100 por ciento de carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal de Web, durante el periodo del tercer y cuarto semestre del 2019.
En este contexto el Comisionado presidente del INFOCOL, Christian Velasco Milanés, resaltó que con estos resultados ponen el ejemplo a los demás entes obligados que no cumplen con esta obligación.
“Más que un cumplimiento de ley es un tema de convicciones de ser transparentes en el ejercicio de sus funciones y el Poder Judicial lo hace”, destacó el Comisionado presidente.
Christian Velasco reconoció el trabajo que ha realizado tanto el tanto del Magistrado Presidente como del personal que labora en las diferentes áreas operativas del Poder Judicial, que se encargan de alimentar y subir la información.
El Comisionado reconoció que la información que pública el Poder Judicial de manera constante para mantener informada a la sociedad, porque debe de estar enterada de cuántos partidos judiciales hay, cuántos jueces, quiénes son, las resoluciones se hacen al año, etc., a fin de dar a conocer el quehacer público.
En este contexto, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana, agradeció la entrega de dicha constancia, la cual dijo, “nos alienta mucho pero también hay que reconocer que esto, se hace en cumplimiento de una obligación que tenemos, de una responsabilidad que asumimos para garantizar a la sociedad el derecho que tienen a la información pública y que conozcan qué es lo que hace el Poder Judicial, cómo lleva los servicios, cómo ejerce su presupuesto para cumplir con sus funciones”.
Agregó que la mejor forma de lograr que la gente confíe en la institución, es precisamente informando de manera transparente en las plataformas correspondientes, en la cuales la sociedad pueda consultar lo que necesite saber.
Finalmente, el Magistrado Presidente reiteró su compromiso con la transparencia, de continuar cumpliendo con el derecho que tiene la sociedad de conocer todo lo que se realiza en el Poder Judicial.
Cabe destacar en la reunión también estuvieron presentes la Comisionada Rocío Campos Anguiano y el Comisionado Francisco J. Yáñez Centeno y Arvizu de INFOCOL, así como Mary Carmen López Álvarez, Coordinadora de evaluación y estadística, Cinthya Georgina Hernández, directora de planeación y vinculación institucional y Carina Corona Bejarano, Oficial Mayor del STJE.
“Fue una buena estrategia que se haya abierto la atención al público el Poder Judicial, sabemos que aún no se trabaja al 100 por ciento, pero confiamos en que se normalice poco a poco el funcionamiento de la institución y además se cumplen con las medidas de seguridad de higiene”, así lo manifestó la abogada, Cynthia Mier del despacho de Pablo Navarrete,
De igual manera Oscar Armando Ventura Santana, abogado independiente expresó que, es muy acertada la reapertura del Poder Judicial, ya que habían pasado varios meses y los abogados estábamos un poco preocupado por la tardanza d ellos procesos, me parece el momento ideal para continuar el trabajo jurisdiccional, esperemos que se todo se restablezca poco a poco, además es de recocer el buen control que se lleva para el acceso de los litigantes y público en general.
Por su parte Rogelio Zamora Carrillo, integrante de la barra de abogados Carlos de la Madrid Béjar, reconoció que en la apertura nuevamente a la atención al público del Poder Judicial se están tomando buenas medidas de higiene para evitar la propagación de virus, lo cual ayuda en mucho a los abogados para continuar nuestros trabajos, yo vine a checar expedientes y se me dieron todas las facilidades para realizar trámite y todo está trabajando de manera correcta.
Roberto Ramírez, abogado independiente, manifestó que el tiempo ya demandaba la apertura del Poder Judicial, además lo hacen con todas las medidas de seguridad de higiene para evitar algún contagio y nos ayuda a continuar realizando nuestro trabajo.
Nos beneficia en mucho esta apertura, porque así se mueven los expedientes, la justicia ya llega pronta a os justiciables, a mi me parece excelente que lo hayan abierto, además se toman las medidas de higiene pertinentes, desde que entramos nos toman la temperatura, nos aplicamos gel antibacterial y es una obligación el utilizar el cubrebocas, así lo manifestó la abogada independiente, Silvia Yolanda García Pérez.
Es algo positiva la reapertura del Poder Judicial, sostuvo también, César Alexis de Anda Bejarano, integrante del Colegio de abogados de Colima A.C. muchos de los abogados que litigan de manera particular estábamos esperando esta apertura para poder dar seguimiento a nuestro trabajo, que también implica un sustento importante para cada uno de nosotros, además todo está muy disciplinado, aunque cambia mucho el panorama, es bueno que se estén tomando medidas de seguridad de higiene ante esta pandemia.
Con la finalidad de continuar el trabajo jurisdiccional, el Poder Judicial del estado abre nuevamente jornadas de notificación los días 5 y 12 de junio del presente año, en las cuales los abogados y público en general, recibirán la cédula de notificación de los asuntos ya acordados.
Dichas jornadas estarán ubicadas en: Colima- Villa de Álvarez, Juzgados familiares, mercantiles y civil, primer partido, en el auditorio Lic. Carlos de la Madrid Béjar; y los asuntos penales, primer partido, en Prolongación Gonzalo de Sandoval S/N, a un costado del CERESO de Colima, y las salas penales y sala mixta del STJE, en el auditorio interno del Palacio de Justicia, Colima.
En Tecomán estará ubicada en las oficinas de los Juzgados mixtos, segundo partido, en la oficina de servicios comunes, Complejo de seguridad, Col. La Floresta, Tecomán.
En Armería, las jornadas se realizarán en el Juzgado mixto civil, familiar y mercantil de Armería, ubicado en, Chihuahua No. 34, Centro, Armería.
Y en Manzanillo, estarán a un costado de los Juzgados mixtos, tercer partido, Nave de las fiestas de mayo, Manzanillo, y los asuntos penales, Carretera Santiago-Chandiablo km 7, a un costado del CERESO, Manzanillo.
Es importante reiterar que se continuarán aplicando de manera estricta las medidas de seguridad de higiene, tal y como lo establece la “Comisión para la prevención de riesgos sanitarios”, para evitar el contagio del COVID-19.
Por ende, se guardará la sana distancia, nadie podrá entrar sin cubrebocas, se tomará la temperatura antes de ingresar, se aplicará gel antibacterial, ingresarán máximo 10 personas, se sanitizarán los lugares cada 5 o 10 minutos, se aplicará un test de salud, y todo el personal estará equipado con careta, guantes, cubrebocas y gel antibacterial.
La jueza Cindy Lizeth Mendoza Torres, titular del Juzgado Auxiliar en materia Familiar del Primer Partido Judicial, especializado en violencia de género contra las mujeres, manifestó que, durante el periodo de cuarentena por la contingencia sanitaria COVID-19, en el juzgado se siguen recibiendo órdenes de protección a mujeres que sufren violencia.
“No hemos dejado de trabajar y sobre todo estamos comprometidos con nuestra responsabilidad de proteger a quienes solicitan la orden de protección”, subrayó Mendoza Torres.
Agregó que hasta el momento en el juzgado especializado para la protección a las mujeres que sufren violencia se han emitido 202 órdenes de protección, de las cuales, 86 corresponden al municipio de Colima, 83 a Villa de Álvarez, 12 a Coquimatlán, 11 a Cuauhtémoc, 9 a Cómala y 1 a Minatitlán.
Expresó que el confinamiento en el hogar durante esta contingencia, puede generar más actos de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y verbal contra las mujeres y sus hijos e hijas menores de edad, que afectan su sentimiento de seguridad en el hogar, y a través de las órdenes de protección se salvaguardan sus derechos humanos, como lo es, tener una vida libre de violencia.
Agregó que, la violencia de género contra las mujeres es un tema de urgente atención, por lo que, el Juzgado Auxiliar Familiar durante éste periodo, ha continuado recibiendo todas las solicitudes de órdenes de protección, que se resuelven en los términos de 24 veinticuatro horas cuando existe violencia extrema o más tardar en 72 setenta y dos horas como lo establece la Ley.
Además, dijo que, tratándose de violencia familiar o de género no hay días u horas inhábiles para resolver una solicitud de orden de protección.
“El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dotó al personal jurisdiccional de equipo especial de protección para prevenir posibles contagios de COVID-19, y así continuar realizando puntualmente las labores del Juzgado mediante guardias, acatando las medidas sanitarias y recomendaciones de las autoridades, y a su vez, continuar brindando ininterrumpidamente un servicio público tan esencial y apremiante como lo es, la protección a las mujeres y menores de edad víctimas de violencia”. Enfatizó la jueza.
Finalmente, informó que durante éste periodo también se acordaron todas las promociones pendientes que dan impulso procesal a los asuntos, publicándose en lista un total de 298 acuerdos, de los cuales, se han notificado 187, en la pasada jornada de notificación del Poder Judicial que se llevó a cabo los días 21, 22, 24 y 25 de mayo.